Algunos días atrás se conocieron al menos cuatro casos de coronavirus entre quienes se encuentran alojados en la Unidad de Contenidos y Aprehendidos (UCA). El hacinamiento carcelario y la falta de condiciones básicas de higiene hacen a este centro un foco de contagios para quienes lo habitan.

Pero la alarmante situación va más allá. Un familiar de las personas que están presas o procesadas con prisión preventiva, señaló “el lunes, cuando fui a dejarle paquetes a mi marido, ya corría el rumor de que había un caso en la UCA. El miércoles fueron confirmados, pero después de los hisopados llevaron a los aprehendidos del pabellón azul al verde y al amarillo” (La Voz). Los detenidos que ya habían dado positivo por Covid y en vez de ser aislados fueron trasladados a otros pabellones donde se pueden producir nuevos contagios.

Esta situación llevó a que se pusiera en pie una huelga de hambre ante la falta de respuesta a su legítimo reclamo de los hisopados correspondientes por haber estado expuestos al virus.

El gobierno está teniendo una política temeraria en momentos en que la curva de contagios sube, empezando por la falta de testeos. Esto agrava las condiciones de quienes están hacinados en la UCA sin medidas de bioseguridad para evitar los contagios. El estado de vulnerabilidad es tal que dentro del establecimiento no cuentan con alcohol en gel y ni los elementos sanitarios que indica el protocolo.

Se debe atender inmediatamente los reclamos de las personas privadas de su libertad. Hay que garantizar medicamentos e insumos sanitarios a todos los establecimientos; que se activen los protocolos sanitarios; desinfección continua de los espacios de uso común; por una atención sanitaria digna y acceso a testeos y pruebas médicas; cuidados especiales para la población de riesgo. Una comisión con organizaciones de derechos humanos y asociaciones de detenides debe velar porque se cumplan todas estas demandas.

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