El próximo viernes 3 de noviembre se realizará en Córdoba la décima marcha por el derecho a la salud mental. Este año, la actividad convocada por el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, se desarrollará bajo la consigna “La salud mental no se negocia”. La movilización partirá de Colón y Cañada a las 17 horas.

En nuestro país la situación de la salud mental es crítica. A pesar de la sanción de la progresiva Ley Nacional 26.657 en 2010 no ha habido avances concretos para el área. Por el contrario, los distintos gobiernos de uno u otro lado de la grieta han llevado adelante políticas de desfinanciamiento y precarización.

Resulta que, lejos de avanzar en un aumento de presupuesto y la puesta en pie de nuevos dispositivos y efectores para transformar el sistema, año tras año se profundiza el vaciamiento, el cierre de áreas sumamente importantes y la precariedad laboral de trabajadorxs y profesionales. Las consecuencias de la pandemia, el incremento de la pobreza, la vulnerabilidad social y la exclusión acrecientan los padecimientos subjetivos.

Si tenemos en cuenta que la ley prevé que se destine un 10% del ya magro presupuesto de salud a la salud mental y que para más en los hechos solo se designa un 2%, que faltan dispositivos alternativos y que hay un déficit de recursos en los servicios de hospitales generales y en los equipos comunitarios, lo expuesto no resulta sorpresivo.

En Córdoba lxs trabajadorxs del sector vienen denunciando hace años la falta de personal e infraestructura que impera en los nosocomios provinciales, lo que vulnera los derechos de lxs usuarixs. El cuadro es tan grave que meses atrás una jóven de 27 años falleció esposada en una cama del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial.

El cierre en 2022 del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad), único establecimiento de la provincia que contaba con herramientas específicas para el tratamiento de las adicciones y drogodependencias, profundizó el colapso.

El posible cierre por falta de recursos económicos para su sostenimiento de la Casa de Convivencia -un dispositivo autogestivo donde conviven usuarixs de salud mental que tiene como finalidad favorecer la desmanicomialización de las personas- es el botón de muestra de que los dispositivos alternativos en la mayoría de los casos se sostienen por la voluntad y el aporte de profesionales y usuarixs, a contramarcha de lo que hacen los gobiernos.

Así las cosas, es necesario el frente único de lucha para avanzar en un sistema de salud único e integral, estatal, público y gratuito, donde se integren todos los niveles de atención sanitaria, lo que necesariamente requiere de un aumento presupuestario para garantizar nuevos efectores, la apertura de centros públicos comunitarios y preventivos y dispositivos alternativos y sustitutivos al “poder manicomial”, tanto en el sector público como en obras sociales.

El próximo 3 de noviembre movilicemos denunciando el ajuste y el vaciamiento que impera en el área. Por aumento de presupuesto, el fin de la precarización y mejores condiciones laborales y de atención.

Vamos por la centralización del sistema de salud bajo gestión pública y de los trabajadores y usuarios, lo que resulta indispensables para avanzar en una verdadera desmanicomialización. Esto como parte de una reorganización integral del sistema de salud.

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