Medardo Ávila Vázquez, activista de la lucha ambiental, creador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados fue despedido de la Clínica Caraffa por comprar un medicamento para un niño con leucemia que lo necesitaba de manera urgente. Entre los motivos del despido uno de los dueños manifestó que “no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de caridad”. Hacía 18 años que el compañero se desempeñaba en la mencionada institución privada, como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría, en negro.

Si el despido de un trabajador en momentos de pandemia es despreciable o aberrante, el motivo de este despido lo es más aún. Medardo Ávila Vázquez atendía a un niño con leucemia, oriundo de Villa María (Rio Seco), una de las zonas muy castigadas por las fumigaciones con veneno. En una carta, el médico señaló: “El panorama se empezaba a esclarecer ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de medicina basada en la evidencia”.

El compromiso con su profesión y la falta de insumos llevó a Medardo a tener que comprar, pagando de su bolsillo, el medicamento Deltisona B gotas, que tiene un costo de $470, disponible en cualquier farmacia. En la conmovedora carta mencionada el medico manifestó: “Están supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1.400 operarios, porque Clínica Caraffa no lo va a hacer conmigo, parece ser la realidad”.

Medardo Ávila realizó números aportes, como el uso de la estadística para explicar el incremento de casos y la relación estrecha entre factores ambientales y estado de salud.

Por eso, el despido del médico, también coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), causó la indignación del pueblo trabajador, así como en particular del conjunto del movimiento ambiental de la provincia. Se están realizando múltiples pedidos en repudio al atropello patronal.

Sucede que no se trata de un médico más del plantel de salud: Medardo fue el primer médico de los pueblos fumigados que denunció ante la justicia las fumigaciones con agrotóxicos. Se animó inclusive a ser querellante y ganarle a los sojeros fumigadores en Córdoba y que se estableciera que fumigar venenos en una zona de protección es delito.

Las asambleas, colectivos y organizaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina y de Latinoamérica han sacado un petitorio de repudio al despido con el que exigen la “restitución del Dr. y el espacio de cuidados y atención para las víctimas de los agrotóxicos”. La legisladora del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Soledad Díaz García repudio el despido y desde Tribuna Ambiental nos sumamos al repudio de este atropello de la patronal.

En la citada carta pública Medardo saca a la luz una realidad que busca ser encubierta por el gobierno provincial. “Siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas, seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la Declaración Jurada individual de que no tenemos Covid […] y que si hay contagios es culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico”, contundente.

Repudiamos el atropello contra su persona con claro tinte aleccionador y hacia el conjunto de trabajadores de la salud que día a día luchan por una sociedad más sana y justa. Basta de despidos y precarización, centralización del sistema de salud, justicia para los pueblos fumigados.