El grave escenario que ha generado la pandemia del Covid-19 deja expuesta la crisis sanitaria y el vaciamiento de los hospitales en la provincia. Ligado a esto, también pone en evidencia las falencias del sistema de gestión de la obra social en la provincia (Apross), la especulación que la mueve y el desamparo tanto de sus afiliados como de los profesionales prestadores, muchos de los cuales hoy reclaman deuda por parte de la obra social. El crecimiento de la enfermedad y las consecuencias que ha generado han llevado a los trabajadores a preguntarse acerca de los fondos que mes a mes aportan a la obra social, entre ellos particularmente el aporte específico al “Fondo de Enfermedades Catastróficas”. En salarios aquejados por la pobreza, que en el caso de los docentes se encuentran sin paritaria acordada, el cuestionamiento apunta directamente contra una política de vaciamiento del sistema de salud y de uso discrecional de los fondos de los trabajadores por parte del gobierno provincial.

El Fondo de Enfermedades Catastróficas fue instaurado en 2005 junto con la creación de la Administración Provincial del Seguro de Salud, como parte de los recursos de los que dispondría la entidad, que reemplazó al antiguo IPAM (Ley N° 9277). Este fondo, aportado por los trabajadores y destinado a atender enfermedades o situaciones de gastos mayores, no puede ser menor, según establece la ley, al 3,5% del aporte mínimo a la obra social. Según la ley, el mínimo de aporte a este fondo puede ser readecuado por el directorio de la Apross. En 2016 efectivamente, este aporte mínimo fue aumentado un 2.000%, pasando de 50 centavos a 10 pesos por mes por cada afiliado y beneficiario.

La propia ley de creación de APROSS es una incógnita sobre la seguridad de la atención de la salud de los trabajadores afiliados, puesto que su carácter de obra social se diluye en sus objetivos financieros de administradora. No es casualidad que su presidente sea un contador, más atento a los números que a la salud. Desde su creación la entidad establece al seguro de salud de los trabajadores estatales de la provincia, afiliados obligatorios, como una administración cuyo directorio está íntegramente designado por el poder ejecutivo provincial. Es decir que el gobierno tiene la potestad de disponer la gestión de los fondos que aportan los trabajadores para cubrir y atender su salud. Lo mismo que con la Caja de Jubilaciones de la Provincia, que se encuentra intervenida por el Estado, bloqueando el derecho de los trabajadores a manejar los fondos que ellos mismos aportan de su salario.

En este manejo discrecional de los fondos y los derechos de atención de salud de los trabajadores existe una complicidad directa de la burocracia sindical. Al igual que con la Caja de Jubilaciones, las direcciones sindicales han entregado el control de la obra social al gobierno sin reclamo alguno. Más aún, el Sindicato de Empleados Públicos y la Uepc (docentes), los sindicatos más grandes, han colocado “veedores” no para atender a las demandas de los trabajadores o controlar qué se hace con sus aportes, sino por el contrario para legitimar el uso discrecional de esos fondos por parte del gobierno.

A pesar de estar en plena emergencia sanitaria el Apross sigue siendo una caja que financia los negocios millonarios de un puñado de empresarios de la salud y le pasa la boleta de los gastos de los recursos que hoy destina a atender la pandemia al eslabón más débil: los prestadores que han visto desaparecer directamente la atención en sanatorios y hospitales y a los miles de trabajadores y trabajadoras monotribustistas a los que recién les pagó las prestaciones que hicieron en ¡diciembre!

El gobierno debe dar cuenta del destino de los fondos de la obra social y particularmente del Fondo de Enfermedades Catastróficas, que debe ser inmediatamente puesto a disposición para la lucha contra el coronavirus. Se deben designar inmediatamente recursos extraordinarios para la atención de la salud de la población de la provincia. La obra social debe ofrecer una cobertura al 100% y no cobrar ningún tipo de coseguro, a la vez que debe pagar inmediatamente a los médicos la prestación de sus servicios adeudados y establecer las nuevas designaciones necesarias. La gestión de la obra social debe ser de los trabajadores, mediante un directorio electo por los propios afiliados y beneficiarios. Esta es la única manera de garantizar la atención plena de la salud y proteger la vida de los trabajadores y la población de la provincia.