El cierre del Hospital Italiano en la ciudad de Córdoba expone la consecuencia lógica de un accionar que ve en la enfermedad una posibilidad de negocios. No es solamente la mera “inconducta” o negligencia de un hospital, sino toda una orientación cuya desidia en la atención de la salud solo es comparable con su afán de lucro. Luego del brote y la explosión de contagios de Covid-19 provenientes del hospital, el cruce de acusaciones entre las autoridades del Pami, las del Hospital y el Ministerio de Salud busca autoexculpar a los responsables y está lejos de atender a las causas o avanzar en las soluciones.

Lo cierto es que el brote en el Hospital Italiano resultó del traslado masivo de los pacientes afectados del geriátrico Santa Lucía de Saldán. En lugar de ser estos pacientes trasladados y aislados correspondientemente a los hospitales públicos destinados específicamente a la atención del Covid-19, fueron enviados al Italiano por ser este prestador cabecera de PAMI. El titular de Pami, Rubén Ovelar, intenta expiar las responsabilidades de la obra social adjudicando esta decisión al Ministerio de Salud, que ordenó que los pacientes no vayan al Polo Sanitario y a los hospitales Covid, sino al sanatorio privado que correspondía a cada uno. Es decir, enviaron decididamente un número importante de pacientes de riesgo a sobrepoblar los pabellones de los prestadores privados para favorecer abiertamente sus facturaciones. A esto hay que sumar que los pacientes no fueron aislados y que no se garantizaron las condiciones para su atención correcta y segura, ni que el conjunto de la población hospitalaria contara con todos los elementos necesarios de protección personal.

Esta decisión, que toma dimensión con la explosión de contagios, no fue un exabrupto, sino que responde de forma evidente a las presiones de las clínicas y sanatorios privados, presiones que crecen al ritmo de la pandemia. Adecra y Cedim, las cámaras patronales que agrupan a prestadores privados de salud de todo el país, acaba de editar un documento en el que manifiestan que “las consultas totales por emergencias en centros médicos cayeron un 74% en abril de 2020 respecto al mismo período del año anterior (2019)”. Tras la fachada de pretender mostrar la importancia de atender las diversas enfermedades, lo que verdaderamente les interesa exponer es una crisis del sector, que en un período breve pasaron a facturar apenas el 30% de lo que facturaban antes. Escudándose en esta situación amenazan además con despidos, (que solo no los han realizado por estar prohibidos) y cierres de clínicas en plena pandemia. En una muestra descarada de falta de escrúpulos y vergüenza, las cámaras patronales dicen defender el derecho de las personas a la enfermedad, sin preocuparse en una sola línea por valorar su salud. Voceros de estas cámaras manifiestan además que las patronales de la salud adaptaron las clínicas, invirtieron para atender una situación extraordinaria, pero todavía están esperando el pico del virus. Su orientación es la manifestación palmaria del negocio de la enfermedad y sus nefastas consecuencias para con la salud de la población.

El objetivo de esta manifestación de Adecra y Cedim apunta a solicitar al gobierno medidas de auxilio para sus inconvenientes empresariales. Así, solicitan sean eximidas del impuesto al cheque o del pago de cargas sociales para el personal de salud, el mismo que amenazan despedir. Requieren además créditos a tasa cero y la aplicación automática para el sector privado de la salud de las medidas de alivio fiscal que disponga el gobierno. Todo un programa patronal que no está destinado a la atención de la salud sino a proteger sus negocios.

El camino para asegurar la protección de la salud es exactamente otro y necesita la rápida centralización de todo el sistema de salud, público y privado y de las obras sociales para ponerlo al servicio de la atención integral de la población. La salud no puede subordinarse a los negocios del capital privado. Es necesario proteger a los trabajadores de la salud, blindándolos no sólo contra la enfermedad sino también contra los despidos que las patronales pretenden en función de sus números. Es el único camino posible para enfrentar la pandemia, evitar la explosión de los contagios y defender de forma consecuente la salud de la población.