22/04/2021

Córdoba: indicadores al rojo vivo y Schiaretti inmutable en una política sanitaria criminal

Es necesaria la intervención inmediata de los laboratorios privados para garantizar un plan de vacunación para todas y todos.

Todos los indicadores de la pandemia se encuentran al rojo vivo verificando un crecimiento exponencial de los contagios en Córdoba. Un informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia reportó 22.224 nuevos infectados el pasado 20 de abril, y 2.357 el 21 del mismo mes. Se trata de las cifras más alta en un día en lo que va del 2021, y que superan la barrera de los dos mil casos este año.

La ocupación de camas destinadas a pacientes con coronavirus alcanzó el 39,58%, todos los días son más las personas internadas, más del doble que a fines de marzo. En los últimos siete días aumentó la cantidad de pacientes que necesitan atención especializada en un 28%, pasaron de 158 a 204 en una semana. También se reportaron 19 fallecimientos en un día, la cifra más alta de 2021.

Estas cifras encienden las luces de alarma en la provincia y evidencian una constante en la curva ascendente de contagios, como está ocurriendo en el resto del país. Con casos que superan los 25 mil contagios diarios, Argentina se ubica entre los diez países con más casos diarios.

Frente a este panorama, Juan Schiaretti no mutó en absoluto su posición de mantener la actividad económica intacta cediendo a las presiones de las patronales. Las únicas medidas aplicadas al momento tienen que ver con restricciones laxas a la circulación entre las 24hs y las 6hs de la mañana, mientras las grandes concentraciones de personas en los horarios pico, laborales y de estudio, continúan como si nada. A esto se suma el agravante de un sistema de transporte público de pasajero desguazado y sin ninguna condición de bioseguridad que se ha convertido en el escenario de la propagación del virus.

Lo mismo vale decir de los establecimientos escolares, donde a partir de una presencialidad impuesta y sin condiciones, este año se aceleraron los contagios en niños y adolescentes más que en adultos. Según el propio Ministerio de Salud de Córdoba, los datos revelan que, en la semana del 14 al 20 de marzo, los contagios de menores de 19 años fueron 642. Entre el 4 y el 10 de abril, pasaron a ser 1.558; es decir alcanzaron un 142% de incremento.

Pero mientras en la provincia no se afecta un milímetro la actividad económica y lucrativa, el gobierno provincial lanzó una campaña mediática orientada dar tranquilidad a la población basándose en el aumento de las camas críticas dentro del sistema de salud público y privado. Se anuncia como toda política sanitaria frente al avance de la segunda ola de Covid-19, la incorporación de 850 nuevas camas críticas, alcanzando para fines de abril la totalidad de 3,753 para una población de casi cuatro millones de habitantes en toda la provincia.

La verdad sobre las camas críticas

El Gobierno de Córdoba viene ratificando como principal medida sanitaria para atender el impacto de la segunda ola de coronavirus el aumento de la capacidad disponible de camas críticas. Para ello especula que el ascenso de casos alcanzará el doble del pico de contagios alcanzado en la primera ola.

A la luz del crecimiento exponencial que se viene verificando se trata de una actitud, por lo menos temeraria, sino criminal. En virtud de la complejidad epidemiológica que puede llevar el nivel de contagios a índices muy superiores, el gobierno está remplazando cualquier medida preventiva de fondo por una respuesta ultra limita frente a los hechos consumados de una escalada de contagios irrefrenable.

En marzo de 2020 cuando comenzaba la pandemia el sistema sanitario cordobés reunía, entre el sector público y privado, un poco más de 1000 camas críticas discriminando entre las que contaban con respirador mecánico y las que no. Por entonces el gobierno rechazó nuestro planteo de centralizar el sistema sanitario que proponía colocar todos los recursos públicos y privados al servicio de la atención de la población.

Por el contrario, se sostuvo el lucro de las clínicas privadas que impusieron las condiciones y el alcance de la atención, y facturaron al Estado provincial por aquellos pacientes que no alcanzó a albergar el sistema de salud público. Eso explica porqué tras los nuevos anuncios gubernamentales el presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (Aclisa), Juan Grass, y el vicepresidente de la cámara empresarial de la salud privada, Néstor Jaimovich, se frotaron las manos afirmando que ante la nueva ola “el sector privado colaborará con toda su capacidad disponible.”

Para fines de este mes se espera un incremento de camas critica que alcanzará las 1.957 en el sector privado, más 1.796 en los hospitales públicos. Pero advertimos que, de estas 3.753 camas críticas anunciadas, solo 1.226 están equipadas con asistencia respiratoria mecánica o cuentan conexión para recibir oxígeno.

Por más que se asegure que existen camas suficientes, la realidad es que Córdoba ingresa en la segunda ola con un 80% de ocupación de camas críticas y un 48% de camas comunes por patologías no covid, y que diferencia del año pasado, no se puede seguir posponiendo la atención de patologías prevalentes que configuran otro factor de mortandad. En el mismo orden de cosas hay que prever el impacto del periodo invernal en las internaciones por infecciones respiratorias, que todos los años satura el sistema sanitario provincial, mas aun en el caso de los niños que tendrá como acicate la reapertura de las escuelas.

Trabajadores de la salud, los más precarizados de la provincia

Por otro lado, un factor clave a analizar es la proporción entre trabajadores de la salud y la cantidad de camas. Recordemos que, hasta diciembre de 2019, en la provincia trabajaban 11.506 empleados en Salud. En lo que va de la pandemia el personal hospitalario se incrementó en solo 1.539 nuevos cargos temporarios, es decir de trabajadores precarios contratados a tiempo determinado. Pero a ese escaso incremento que descontarle los trabajadores licenciados por enfermedad, los decesos o las bajas jubilatorias.

Como se ve, el aumento de camas no tiene parangón alguno con el incremento de trabajadores de la salud. Los principales centros de salud para Covid-19, entre ellos el “Nuevo Hospital San Roque” se encuentra atendiendo con la mitad del personal y hay tres pisos desmantelados. Lo mismo ocurre con los hospitales de campaña de “100 camas”, uno al lado del “San Roque” y otro al lado del “Domingo Funes” en Santa María de Punilla; ambos vaciados de médicos y enfermeras porque ofrecen sueldos debajo de la línea de pobreza y por tiempo determinado.

Como si faltara algo para confirmar la política de ajuste generalizado y precarización laboral con la que se está abordando la pandemia, a principios de abril el Ministerio de Salud resolvió cesantear a 80 trabajadores contratados y tuvo como respuesta un plan de lucha y un contundente paro de la salud el 8 de abril.

En medio de la sobrecarga laboral, las jornadas extenuantes, el pluriempleo y los salarios de miseria, la salud confirmó una vez más el histórico fenómeno de ser el sector con mayor precariedad laboral de toda la provincia, incluso superando a la docencia. Por cada 10 trabajadores permanentes que desempeñan sus tareas en los hospitales públicos provinciales, cuatro son contratados.

Vacunación a cuenta gotas

Hasta ahora, en Córdoba suman 465.598 las personas vacunadas en primera dosis, y de ellas solo 72.479 completaron el esquema de dos aplicaciones. La vacunación se lleva a cuenta gotas, y ni siquiera se terminó de completar la inoculación del personal de salud y la docencia. El gobierno pretende sumar 211mil dosis en la provincia con las nuevas partidas ingresadas recientemente al país (AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm) pero lo cierto es que no hay plan certero de vacunación.

En medio de este escenario, comenzaron los desbordes en centros de salud barriales, que no dan abasto para hacer frente no sólo al cuadro de coronavirus, sino también para llevar adelante el cronograma de vacunación antigripal, seguimiento a embarazadas, tratamiento de otras enfermedades prevalentes y la realización de controles pediátricos de niño sano o recién nacidos. Todas estas demandas recaen en dispensarios donde el denominador común es el escaso personal, las malas condiciones edilicias y los recursos limitados.

Un programa de la clase obrera

Frente al cuadro descripto es claro que desde el gobierno están privilegiando la actividad económica y lucrativa sin ningún respaldo en una política sanitaria. Mientras se tiende una cortina de humo con los anuncios de nuevas camas críticas, se impone una política de austeridad y ajuste para la clase obrera. Es imposible una salida airosa de la pandemia sin tocar los intereses del capital como pretenden los gobiernos. Por eso necesario la intervención de la clase obrera. Más que nunca es necesaria la centralización del sistema sanitario para orientar todos los recursos a satisfacer las necesidades sanitarias de la población trabajadora y no a la ganancia del emporio de la salud privada; el aumento de personal y pase a planta de todos los trabajadores de la salud; un seguro al parado de 40mil pesos; la liberación de las patentes de las vacunas, y la intervención inmediata de los laboratorios privados para garantizar un plan de vacunación para todos y todas.

     

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