En las ultimas semanas, los datos acumulados venían anunciando que la situación sanitaria de Bahía Blanca iba camino al colapso. Gustavo Carestía, director del Hospital Municipal de la ciudad, hizo pública la decisión de que, al menos durante los próximos siete días, no se admitirán más internaciones de pacientes en dicho nosocomio. Por el momento, las emergencias continuarían tratándose con normalidad.

La decisión se debe a que el hospital cuenta con el 100% de las camas ocupadas, con alguna leve diferencia dependiendo el sector, al tiempo que tiene 20 trabajadores de la salud contagiados de Covid y otros 70 en aislamiento preventivo. En el mismo sentido, hospitales como el Italiano vienen advirtiendo que su capacidad se encuentra al límite: “El fin de semana estuvimos a punto de tener que poner camas en la capilla del hospital para contener la demanda. ¿Lo tuvimos que hacer? No, pero estuvimos a dos pacientes más de hacerlo” (La Nueva, 6/9).

Desde el brote inicial hasta junio inclusive los contagios ocurrieron en brotes relativamente focalizados (parque eólico, personal de salud, algunos geriátricos, etc.), con alrededor de siete a ocho casos nuevos por semana. Al mismo tiempo, y desde mediados de abril, fueron habilitándose cada vez más actividades comerciales. Finalmente, hacia mediados de junio y bajo la presión de empresarios de diversos rubros, se habilitaron prácticamente todas las ramas de actividad, excepto bares y restaurantes, shoppings y gimnasios.

Tráfico y contagios en BBca: el aumento de la movilidad se manifiesta en mas casos después de 3 a 5 semanas pic.twitter.com/9rWDcofrjN

— Valentina Viego (@vviego) September 2, 2020

El aumento sostenido de los niveles de tráfico vehicular puso de manifiesto la consecuencia prácticamente inmediata de las reaperturas; para fines de junio los niveles de tráfico en algunas arterias se ubicaban en niveles similares a los de la prepandemia. Por ello, a partir de julio Bahía Blanca ingresó en una dinámica de “mesetas y escalones” similar a la situación que experimentan CABA y parte del Conurbano desde mayo, ligada al mismo fenómeno de reaperturas.

Así, de un promedio de 1 a 2 casos diarios, se trepo a 13-14 positivos diarios. A fines de julio, el municipio habilitó bares y restaurantes bajo la promesa de cumplir protocolos y aforos, pero sin ninguna inspección sobre los lugares de trabajo. Una semana después se admitió la reapertura del shopping y a mediados de agosto se permitió la reanudación de la actividad deportiva en gimnasios y clubes. La reacción de los contagios a estas medidas no demoró en aparecer: durante la última quincena de agosto los casos diarios subieron a 30 y en la primera semana de septiembre ya se ubican en torno a 40.

Durante esta coyuntura de aceleración de la propagación, el director del Hospital Penna (de gestión pública provincial) anunció que dosificarían los tests debido a un retraso en la recepción de reactivos, demorados en la Aduana (La Brújula, 5/9). A 20 km de la ciudad, un laboratorio privado fabrica el test Corona-AR, que supuestamente aliviaría la dependencia de insumos para diagnóstico y que recibió subsidios estatales para su desarrollo y escalamiento.

Por otra parte, la situación de colapso que recorre la ciudad se inscribe, a su vez, en una realidad nacional que se dirige al mismo destino en todos los puntos de su geografía. Los gobiernos nacional y provincial viraron hacia una política de “dejar hacer”, apelando a la “responsabilidad social” y reemplazando el aislamiento por el distanciamiento –al tiempo que ponen el foco de la crítica sobre las conductas individuales-, mientras desde un comienzo el aislamiento obligatorio fue de dudoso cumplimiento en numerosas ramas de la economía que habían sido declaradas como “esenciales”. Con la progresiva ampliación de actividades (esenciales o no esenciales), la circulación del virus no paró de crecer entre el personal de salud, los geriátricos, comercios y grandes empresas como Coto, Aluar y Ledesma, entre otras. El denominador común fueron las presiones patronales sobre los trabajadores para que no abandonaran sus puestos de trabajo, llegando en algunos casos a la utilización de patotas para amedrentar a los delegados que denunciaban las irregularidades.

En este cuadro, y en una ciudad que ya cuenta con 1.336 casos confirmados (502 activos y 36 fallecidos), el gobierno municipal de Héctor Gay hace propias las presiones de los dueños de locales gastronómicos, al punto de haber habilitado hace una semana el patio de comidas del shopping de la ciudad, en pleno ascenso de la curva de contagios. Las habilitaciones, además, ocurrieron con la avenencia de la “comisión para la reactivación económica”, espacio del Concejo Deliberante, donde participan concejales de los bloques mayoritarios, autoridades de salud, autoridades de universidades y también representantes de cámaras empresariales.

Están a la vista las consecuencias de una salud pública históricamente vaciada, basada en la sobreexplotación de su personal, con agotadoras jornadas y salarios de miseria. Con ese trasfondo, aparecen los intereses del capital prevaleciendo sobre los de la población trabajadora y logrando imponer una cuarentena “a la carta” plagada de excepciones acordes a sus ganancias.

Al colapso sanitario en puerta sólo cabe oponerle la centralización del sistema de salud pública y privada, la efectiva aplicación de protocolos sanitarios obreros bajo control de los trabajadores en aquellas áreas esenciales de la economía y testeos masivos.

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