27/12/2021

Crecen los casos pero el gobierno desalienta los testeos

Los casos estrechos pasarán a ser considerados positivos.

La tercera ola de coronavirus en Argentina ya es responsable de un aumento del 217% de casos en dos semanas. Al menos esos son los contagios que se conocen, puesto que un importante porcentaje es asintomático y otros tantos no llegan a testearse, quedando por fuera del radar de los positivos confirmados. Justamente, las enormes filas vistas estos días muestran el colapso de los centros de testeo, que deja el control de la pandemia a la deriva.

La alta demanda lleva más de una semana y se espera que continúe a medida que se pronuncie la curva de contagios. Las filas, que pueden durar hasta 6 horas, muchas veces cargan con enfermos bajo el calor en pleno verano, y quienes llegan tarde tienen que ir en busca de otros centros cuando se terminan los turnos. En la Ciudad de Buenos Aires, donde las filas llegaron a ser de varias cuadras, el gobierno de Larreta cerró los grandes centros de testeo y eliminó las unidades de testeo móviles, dejando solo a UFUs y dispositivos DetectAR habilitados, lo que causó durante la semana pasada el colapso de los mismos y hasta situaciones de violencia donde un paciente golpeó a un médico del Hospital Santojanni encargado de los hisopados debido a que ya no había turnos para atenderse.

Por su parte, la predominancia de la variante Ómicron en Córdoba causó que la provincia sea la de mayor contagios en 24 horas, superando incluso a CABA y PBA. Aunque según el gobierno de Schiaretti la intención es la de “ampliar” la capacidad de testeo (La Voz, 27/12), en los hechos a los contactos estrechos sin síntomas los dan por positivos y los mandan de vuelta a su casa para aislarse sin confirmación y sin certificado que les permita ausentarse en sus trabajos.

En la provincia de Buenos Aires el panorama es similar. Kicillof también cerró centros de testeo bajo la excusa de que los casos bajaban, y ahora se cuenta con solo 2.300, muchos de los cuales permanecieron cerrados del 24 al 26 de diciembre, en pleno ascenso de contagios y cuando todo el mundo corría para saber si podía mantener sus juntadas por Navidad. El principal problema en PBA es la falta de información unificada que permita saber los horarios de cada centro, si se encuentra habilitado o cerrado y si acepta testear contactos estrechos sin síntomas.

Como denunciaron los trabajadores del DetectAR en Prensa Obrera, no hay preparación ni estratégica ni sanitaria para afrontar la ola masiva de contagios. La positividad, índice que marca si se está testeando de manera correcta y suficiente, está en casi 20%, 10 puntos por encima de los recomendado por la OMS, lo que deja en evidencia que hay muchos más positivos que los que se registran. Y el colapso lo sufren los propios trabajadores de los centros, que están realizando más de 400 hisopados por día mientras perciben un salario por debajo de la línea de pobreza y extienden su jornada laboral por la cantidad de gente esperando. En el caso de las UFUs, muchas veces los trabajadores deben dejar sus tareas asignadas en los hospitales para hacerse cargo de los testeos y conseguir personal que los realice, tareas que no les corresponde pero que deben hacerse cargo porque no hay personal administrativo, planificación o logística acorde, algo que de hecho los expone a situaciones como la vivida en el Santojanni.

Este panorama, sin embargo, no acarrearía nuevas medidas así como tampoco un mayor control de los protocolos. Estos se han relajado como nunca antes, sobre todo en los lugares de trabajo donde no exigen el aislamiento de quienes fueron contacto estrecho (a veces de sus propios compañeros) sino que los obligan a asistir a menos de que presenten un certificado que indique que son positivos. En sintonía con ello, el gobierno nacional analiza considerar como positivos a los casos estrechos (Clarín, 27/12), al igual que en Córdoba, y Vizzotti estaría barajando cambiar hacia la estrategia de Sudáfrica de no aislar a quienes sean asintomáticos (El Destape, 27/12). En otras palabras, remueve la responsabilidad del Estado de garantizar el test para todo el mundo y legaliza los atropellos patronales que ya estaban sucediendo, además de que no brinda ninguna respuesta al problema del colapso en los centros de testeo y la precariedad laboral de sus trabajadores.

Lo del gobierno es la antimedida sanitaria. En vez de reforzar los testeos, aumentar la cantidad de trabajadores y mejorar sus condiciones laborales para que el conjunto de la población pueda acceder a ellos, mantiene el ajuste a costa de la salud y el cansancio de los profesionales. Contrario a ello, lo que se necesita es un aumento de presupuesto para mejorar las estrategias de prevención como la vacunación, estableciendo más postas y más personal, así como de diagnóstico fortaleciendo los testeos, y tratamiento, reforzando  y centralizando todo el sistema sanitario.

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