Mientras se discute si ya entramos o no en la segunda ola de la Covid-19, el médico infectólogo Eduardo López alertó sobre un aumento exponencial de casos que obligaría a tomar nuevas medidas de emergencia incluido el “toque de queda sanitario”. López y otros sanitaristas como Jorge Rachid próximos a Alberto Fernández dan como un hecho inminente esta restricción horaria en la circulación. Sin embargo, y a pesar de la polvareda que levantaron las declaraciones de los “expertos”, desde el gobierno se apuraron a descartar un retorno a la cuarentena estricta y dicen estar “evaluando” una restricción nocturna entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Los Fernández y Kicillof abandonaron el “relato” de la salud pública como prioridad por el “necesario equilibrio entre salud y economía”, señal de que van a adaptarse una vez más a las presiones aperturistas de la burguesía aún cuando la situación sanitaria siga agravándose como ocurre actualmente en Europa.

¿Segunda ola?

Los números hablan por sí mismos -especialmente en la provincia de Buenos Aires- y dan cuenta de un rebrote en el Conurbano pero también en los municipios del interior. En las últimas semanas de diciembre y al comienzo de la temporada turística de verano crecieron y siguen creciendo los contagios y con estos el peligro de una saturación de los hospitales. Sobre un total de infectados (1. 650.000 casos) son 688.349 los que se registraron en territorio bonaerense. La provincia de Buenos Aires confirmó además 22.341 fallecidos, la mitad de los casi 44.000 decesos a nivel nacional. A esta gravísima situación sanitaria, que el ministro de Salud de la provincia de Buenois Aires, Daniel Gollán, ponderó en un 120% el aumento de contagios, Kicillof sigue llamándola una “gestión exitosa”. De continuar esta tendencia ascendente volverá el peligro de una saturación de camas de terapia intensiva en todo el AMBA (hoy en un 57%) y especialmente en el Conurbano y los distritos más populosos de La Matanza, San Martín, Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús.

¿Toque de queda?

El gobierno dijo que el “toque de queda sanitario” estará “sujeto a nuevas evaluaciones” lo que da cuenta del papel secundario que ocupa el “Comité de Expertos” y asesores sanitarios cuyo accionar se fue desdibujando conforme se imponía la apertura total de la economía que exigieron desde un comienzo los empresarios. Lo que ocultan los “sanitaristas” de Alberto Fernández es que la indefinición tiene que ver en primer lugar con el rechazo que provoca una nueva cuarentena -aún limitada- en los círculos capitalistas. Esto vale para el municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata) gobernado por el macrismo y donde los contagios se dispararon con mayor virulencia; y también para el gobierno nacional y los gobernadores del Frente de Todos o de Cambiemos que endilgan el incremento de contagios a la “falta de responsabilidad individual” de la población. Los capitalistas descargan la crisis sobre los trabajadores y los responsabilizan por la misma.

Aunque no hay todavía fecha para la supuesta restricción en el movimiento de personas, Alberto Fernández sí anticipó la intervención de las fuerzas de “seguridad” para garantizarla. El carro delante del caballo… El gobierno quiere servirse de la pandemia para imponer un nuevo empoderamiento de las fuerzas represivas y la podrida Bonaerense de Berni. El efecto “disuatorio ” (represivo) que Alberto Fernández le atribuye a las fuerzas de “seguridad” está dirigido contra los reclamos de los trabajadores y desnuda el propósito desmovilizador que también persigue la “cuarentena”. En la primera ola de la pandemia, Kicillof utilizó al ejército para cercar, intimidar y acordonar las barriadas obreras en el conurbano. El crimen impune de Facundo Astudillo Castro desmiente toda disuasión y confirma la naturaleza reaccionaria de este aparato de represión contra el pueblo. No es casualidad que Fernández y Kicillof compartiesen el primer acto político del 2021 y en la provincia de Buenos Aires para darle curso al robo de los jubilados que implica la nueva ley de “movilidad” previsional. Rechazamos toda intervención de las fuerzas represivas y le oponemos la libre organización de los trabajadores.

Al servicio de las patronales

A pesar de que los números grafican otra oleada del coronavirus después de que el “amesetamiento” de los contagios hubiera colocado a la Argentina en los doce primeros puestos del ranking mundial de infectados, ni Alberto Fernández ni el cristinista Kicillof dieron un solo paso para centralizar (nacionalizar) el sistema de salud bajo la dirección del Estado. La cobardía de los nacionales y populares alienta la prepotencia de las cámaras y patronales de la salud privada que cacarean con una “crisis del sector” si el gobierno decide mantener la suspensión hasta febrero del 7% de aumento que exigen las prepagas. La declaración de los “privados” tiene todo el olor de una extorsión y amenaza de vaciamiento de la atención para sacar ventajas del salto de la pandemia y para concretar la liberación de precios y tarifas que anunció el gobierno como parte de la “nueva normalidad”.

Una vuelta aún parcial a la ASPO o un “toque de queda” restringido expondría el fracaso de esta “nueva normalidad” que no existió más allá del relato . Con aire triunfalista, y cuando ya se sabía que tendremos que atravesar un rebrote de los contagios, el gobernador Kicillof saludó la llegada de las 300.000 dosis de la Sputnik V a la Argentina como el “principio del fin de la pandemia”. Lo mismo hicieron todas las burocracias sindicales, especialmente de la docencia bonaerense, que “acompañarán” el retorno a las escuelas (anunciado por Trotta) a pesar de que la amenaza de una segunda ola condiciona la vuelta a clases presenciales por la deteriorada situación edilicia y de infraestructura pero también porque debe garantizarse previamente la vacunación de todos los trabajadores de la educación, docentes y auxiliares de escuelas. La internación de Roberto Baradel por Covid-19 es un baño de realidad para la conducción provincial del Suteba y de la Ctera y confirma -para la docencia- la necesidad imprescindible de constituir los comités de seguridad e higiene en las escuelas.

La realidad es que las dosis asignadas a la fecha a la provincia de Buenos Aires alcanzan solo para completar la vacunación de una tercera parte de los trabajadores de la salud. La bala de plata para enfrentar el rebrote de la pandemia está puesta en la llegada de una nueva tanda de vacunas en febrero (unas dos millones de dosis) y en que se hagan efectivas las nuevas entregas en los meses subsiguientes tanto de la “vacuna rusa” como de la Pfizer, AstroZeneca y aún de la vacuna China. Está por verse qué hará el gobierno con la vacuna producida en Cuba. En cualquier caso, y siempre y cuando se cumplan las previsiones y la agenda a término, se necesitarían unos seis meses para vacunar a unos seis millones de bonaerenses lo que demandará un largo tiempo de lucha contra el virus y los contagios.

Una política sanitaria de los trabajadores

Una política sanitaria exitosa contra la pandemia es inseparable de la lucha de clases (reorganización social) contra un régimen capitalista donde los controles y protocolos sanitarios entran en contradicción con la libertad de circulación que exigen el capital y la propietarios privados de los medios de producción (despotismo en las fábricas). La experiencia en Argentina y en todo el mundo es concluyente: allí donde se impusieron los protocolos sanitarios fue sobre la base de la intervención obrera contra las patronales y sus burocracias sindicales cómplices, y mediante el control obrero de la salud en los lugares de trabajo. Que esto es así lo confirma por la negativa la “ley de leyes” 2021 pactado entre Kicillof y Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense, que replica los presupuestos de salud de ajuste y tierra arrasada dejados por Vidal.

Bajo este régimen del FMI la política sanitaria no la dictan el “Comité de Sanitaristas” ni mucho menos las necesidades de los trabajadores golpeados por los contagios, la desocupación, los despidos y la miseria social, sino el capital financiero y los explotadores. Esto se volverá a verificar este 4 de enero cuando Kicillof se tope con un nuevo vencimiento de deuda y amenaza de default después de que los bonistas buitre postergasen en diez oportunidades consecutivas un acuerdo de “reestructuración” de la deuda provincial. Una vez más se confrontará en forma dramática adónde van los recursos del Estado y quién paga esta crisis capitalista que es integral, económica, social y sanitaria.

Los trabajadores tenemos que intervenir en esta segunda fase de la crisis sanitaria para defender los protocolos obreros en las fábricas, talleres y lugares de trabajo con derecho a paralizar la producción allí donde las patronales incumplan. Control de los trabajadores para asegurar que la vacunación llegue a todas las franjas de la población. Testeos masivos y seguimiento de los casos estrechos para prevenir y enfrentar el rebrote y la segunda ola. Centralización del sistema sanitario. Prohibición efectiva de despidos y suspensiones. Plata para salud y no para los bonistas y el FMI. Aumento extraordinario del presupuesto para la salud pública. No al pago de la deuda externa.