El gobierno acaba de desentenderse, por medio de un decreto nacional, de la intermediación de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en el pago de las prestaciones utilizadas por los afiliados de las obras sociales en los hospitales públicos: un sistema que garantizaba, hasta cierto punto, parte del financiamiento público del sector. Por esta vía, Milei profundiza el desfinanciamiento de la salud pública, golpea a las obras sociales y beneficia a la medicina privada.

Hasta la actualidad los hospitales públicos contaban con la posibilidad de requerir a las obras sociales de los afiliados que se atendieran en sus dependencias la cobertura de los insumos y prestaciones utilizados por esto, lo que más allá de las demoras y aranceles desactualizados ofrecía cierta garantía de reintegro en un sistema desfinanciado y saturada por una alta demanda.

Con esta nueva disposición, el Estado se corre de esa intermediación –que ante incumplimientos de las obras sociales contaba con potestades discrecionales para hacer cumplir los reintegros- bajo el pretexto de una “ineficiencia en el sistema”, dejando habilitada la vía para que los hospitales públicos y obras sociales pacten y establezcan convenios de cobertura y sus propios aranceles.

Cabe agregar que bajo la actual normativa persiste la obligatoriedad de la atención de los efectores públicos de salud al conjunto de la población el país, independientemente de su afiliación o cobertura, pero en los hechos muchas dependencias públicas bloquean el acceso a la atención de pacientes con obra social debido a la saturación del sistema y a la baja cobertura de las prestaciones.

Esta nueva situación afecta directamente a los hospitales públicos, los cuales no tendrán ninguna vía concreta para tramitar los reintegros por prestaciones de afiliados con obra social, agravando aún más el desfinanciamiento presupuestario a la que son sometidos por el gobierno nacional, las provincias y los municipios. Según datos de la SSS son 1.063 hospitales en todo el país que se encuentran inscriptos en el sistema.

Para el caso de las obras sociales y sus afiliados se agrava la posibilidad de que las dependencias públicas rechacen la atención de estos sin la existencia de convenios específicos, lo que obligaría a los afiliados a presentaciones judiciales engorrosas y el probable desistimiento de la atención en los hospitales públicos, muchos de los cuales reciben pacientes de las obras sociales debido a su renombre, calidad profesional, especialidad y/o equipamiento específico.

El sistema público, del cual dependen unas 28 millones de personas sin otra cobertura, se encuentra en crisis y en las vísperas de un desborde total debido a la afluencia de pacientes de la medicina prepaga que no pueden costear las nuevas cuotas de cobertura.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la demanda sanitaria del Amba, las entidades médicas denuncian que los servicios de guardia están colapsados y vaciados, y que no logran cubrir las vacantes de profesionales necesarias para una atención mínima.

Señalan falta de profesionales y reducción de días y rango horario de atención. Así como insuficiencia de insumos y medicamentos para la atención urgente de pacientes espontáneos.

Las prepagas, a su vez, se ven beneficiadas por el desfinanciamiento de la salud pública y los límites en la atención de las obras sociales, debido a que se presentan como la única alternativa para acceder a una cobertura médica “decente”. Eso sí, a un precio cada vez más elevado fruto de la desregulación del sistema de salud, y ahora con la posibilidad de acceder directamente a la afiliación de trabajadores registrados.

La política de ajuste y liberalización de precios del gobierno nacional está agudizando la crisis del sistema de salud para facilitar los negocios de un puñado de grandes capitalistas, dueños de las mismas clínicas y prestadoras que cobran cuotas impagables pero se niegan a pagar aumentos salariales que cubran la inflación, razón por la cual los trabajadores y trabajadoras de la sanidad se encuentran de paro este jueves 22.

Debemos enfrentar esta política y derrotar la ofensiva vaciadora de Milei y compañía, garantizando el presupuesto para la salud pública y los fondos solidarios para la cobertura de las prestaciones de alto costo de las obras sociales, junto a la recomposición de los salarios de los trabajadores del sector y el respeto por las condiciones de trabajo, así como la inversión en infraestructura, tecnología y mantenimiento. Y la nacionalización de todo el sistema de salud bajo control de los trabajadores.