En medio de una crisis sanitaria por el brote epidemiológico de Dengue el gobierno refuerza su orientación de ajuste en la salud, con un ministerio totalmente pintado, mientras crecen los casos de infectados y fallecidos, no hay repelentes ni políticas nacionales y las provincias trasladan el ajuste y la inacción en sus jurisdicciones.

A la fecha se cuentan más de 180.000 casos informados de Dengue y unas 130 víctimas fatales de la enfermedad, con especial énfasis en 19 jurisdicciones del país. La región Centro del país es la más afectada con más de 50.000 casos entre Buenos Aires y CABA, 24.472 en Santa Fe 16.304 en Córdoba y 5.835 en Entre Ríos. En segundo lugar se ubica el NEA, con múltiples casos Chaco (16.306), Formosa (8.553), Misiones (7.015) y Corrientes (4.843).

Esta situación centró las miradas sobre la cartera de Salud, a cargo del ministro Mario Russo, quien viene oficiando de “vocero” de las justificaciones del gobierno para no incorporar la vacuna contra el Dengue en el calendario vacunatorio oficial, lo que implicaría asegurar la compra y acceso gratuito a la misma, la cual actualmente cuesta $140.000 para quien quiera acceder a esta por su cuenta. Mientras que las obras sociales tampoco cubren la vacuna Qdenga entre sus prestaciones.

A esto se suma una confianza ciega (respaldo) del gobierno en el “libre mercado” cuyas leyes no responden a las necesidades sanitarias de la población, por lo que asistimos a un agotamiento casi total el stock y la oferta de repelentes certificados para la prevención de picaduras.

La empresa estadounidense S.C. Johnson, dueña de la conocida marca Off y de la segunda marca Fuyi, acapara el 90% del mercado de repelentes y mata mosquitos en Argentina. Según la información recabada por el medio Página 12, la empresa no estaría interesada en relanzar la producción debido al acercamiento de la temporada invernal y los procesos productivos de la misma.

A su vez, el precio de los repelentes aumentó exponencialmente, superando los $8.000 en sus presentaciones más pequeñas, y convirtiéndose en una gasto suntuoso para las familias que apenas llegan a fin de mes.

Russo tuvo que salir a dar explicaciones pobres acerca de la inacción del gobierno ante tamaña crisis. En una entrevista ante el medio Infobae (2/4), el ministro aseguró que “desde mi cartera, visualizamos y diseñamos un ministerio con una función rectora, no con una función de prestador de servicios”, por lo que el gobierno no piensa hacer nada: ni políticas de difusión pública de descacharreo, ni producción o intervención en el mercado de repelentes, ni adquisición o producción de vacunas. Nada.

Además, Russo hizo énfasis en la necesidad de “descentralizar la salud”, pateando la pelota a los gobernadores, quienes a su vez replican a su medida la política de ajuste oficial, con tan solo dos provincias promoviendo acuerdos limitados para la aplicación segmentada y selectiva de vacunas, y con algunas medidas erráticas y limitadas.

En la provincia de Buenos Aires, donde se multiplican los casos, el gobierno de Kicillof afirma producir repelentes desde el Instituto Biológico ubicado en La Plata, cuyos trabajadores llevan años luchando contra el vaciamiento y el intento del propio gobernador de avanzar en su privatización. Por eso mismo, lo producido apenas alcanza para cubrir las entregas a algunas dependencias públicas y entregas gratuitas en pocos barrios. La mayoría de la población carece de acceso a los mismos.

El gobierno nacional y los gobernadores se pasan la pelota entre sí, pero ninguno de ellos cuenta con una política de prevención y vacunación para enfrentar el brote de Dengue. Lo que requiere incorporar la vacuna al calendario obligatorio nacional y garantizar el acceso a repelentes, tanto en cantidad como en precios, junto a políticas de urbanización y descacharreo para evitar la proliferación del vector de Dengue.

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