Ginés González García será nombrado ministro de Salud de la Nación. Su designación ha generado gran algarabía en algunos sectores del activismo pro aborto legal y en general entre los adherentes al Frente de Todos. Su carrera política lo tuvo como ministro de salud de la provincia de Buenos Aires con Antonio Cafiero y luego como ministro nacional de Eduardo Duhalde en 2002 y de Néstor Kirchner hasta 2007. Su emprendimiento privado en el ámbito de la educación, la Universidad ISalud creada en 1991, fue el ámbito en el que se formaron algunos de sus discípulos como el actual gobernador de Tucumán, y ex ministro Juan Manzur. Luego del 2007 la estrategia del kirchnerismo fue cerrar la grieta abierta con la Iglesia y el destino de Ginés fue el de embajador en Chile.

Ginés fue el ministro que en el marco de una emergencia sanitaria como la que propone ahora nuevamente, redujo en 2003 el alcance de la Prestación Médica Obligatoria (PMO) argumentando que si no se reducía el PMO "muchos agentes del seguro de salud directamente desaparecerían, dejando desprotegidos a millones de afiliados", cuando es claro que rescatar la salud de la población es contrapuesto a defender el negocio capitalista de la salud. Las “emergencias” que dicta el Estado son negociados para empresas a través del mecanismo de la compra directa.

En 2002 fue el autor de la Ley de Medicamentos genéricos que se dejó caer con el correr del tiempo. Aquella medida en medio de un país en llamas fue resistida por los laboratorios que rápidamente recuperaron su terreno no sólo en la comercialización de medicamentos sino en el acceso a los contratos con el Estado. Hoy Alberto Fernández confirma a Ginés González y se reúne, acto seguido, con Alejandro Roemmers, uno de los más poderosos empresarios de laboratorios, que incrementó los precios muy por encima de la inflación, al que sin embargo no se le recriminó ni exigió nada en medio de esta nueva crisis. Absurdamente de esa reunión sólo trascendió una donación de libros de Jorge Luis Borges.

Ginés es también el que trató al personal médico y no médico del Garrahan como “terroristas sanitarios”, por luchar por mayor presupuesto para el Hospital y por aumento de salarios. Ginés González García,  ya en su puesto de embajador festejó la designación de Manzur. “Es una gran elección de la Presidenta”, dijo, y aunque es clara la diferencia entre uno y otro sobre tema aborto, no alcanzó que el gobernador torturara a una niña para que su “maestro” emitiera una sola crítica sobre él. 

En 2004 Ginés González García había afirmado que sobraban “médicos y psicólogos”. Por entonces, como ahora, el régimen de residencias era de superexplotación, lo que muestra que para reemplazar a un residente que trabaja 70 hs semanales, hace falta hoy como ayer, el doble de médicos y psicólogos en el sistema de salud, estos últimos condenados mayoritariamente al trabajo gratuito en el Estado.

No es casual que ante la enorme lucha de residentes y concurrentes de CABA, no haya hecho mención a sus reclamos y sólo se haya limitado a plantear que la medida no se justificaba en una Ciudad con un presupuesto holgado. "No tiene ningún sentido la ley de residentes. Ni siquiera económico. No puede ser que con el presupuesto de la CABA haya estos problemas". Lo que está en cuestionamiento es el régimen de superexplotación presente, no el futuro, que ya fue derogado gracias al paro de residentes y concurrentes que no claudicó en sus objetivos. Sobre que un médico trabaje entre 70 y 100 hs semanales, duerma sobre camillas, padezca la falta de insumos, el futuro ministro no tuvo nada para  plantear.

Fue Ginés el que enfrentó en 2005 una denuncia de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con HIV-Sida (ICW), integrada por 300 mujeres, en la Justicia, “ante la dudosa calidad de los medicamentos contra el Sida utilizados en Argentina”, a lo que el ex Ministro contestó  “no poseen entidad para el reclamo judicial, por no haber sufrido a la fecha daños concretos ocasionados por la falta de calidad de los medicamentos que el gobierno les suministra”. Queda claro, Ginés sostenía que tenía que morir alguien o quedar dañado, para que valiera la denuncia en cuestión.

Más recientemente, en 2017, el próximo ministro apoyó las medidas de recorte de medicamentos al 100% del macrista Carlos Regazzoni en el Pami afirmando: "es tanta la generosidad del Pami en otorgar medicamentos al 100 por ciento que el problema no es sólo económico sino sanitario. Los medicamentos que se sobreutilizan hacen daño y la cantidad de intoxicaciones y muertes que hay por mal uso de medicamentos en gente grande es tremenda. El Pami tiene un uso muy alto de medicamentos", explicó González García (Télam, 7/1/17).

Sus afirmaciones enfáticas en favor del aborto legal en el marco de la ola verde deben ser puestas en su contexto, que incluye la nómina de posiciones y medidas que aquí enumeramos y más. Esas afirmaciones  le han valido respeto de parte de un sector que ha puesto la vara mucho más alta que en el pasado con relación al tema, a fuerza de movilización y lucha. Sin embargo, el Ginés que habla hoy sobre este tema no siempre coincidió en su discurso con la necesidad de legalizar el aborto y menos con la iniciativa de dar estatus de resolución ministerial y publicar en boletín oficial una guía clara respecto de los pasos a seguir en caso de tener que hacer prácticas de aborto legal. Se retiró en 2007 sin dar tal estatus a una guía que estaba bastante por detrás de la que fue derogada por Macri en 24 hs y que Ginés González García promete reponer.

En 2005 recién se formaba la Campaña Nacional por el derecho al Aborto, que a tono con el ministro, no pugnaba por el aborto legal, sino por la despenalización y por la ampliación de causales a través de la modificación del artículo 86 del Código Penal. El ministro fue explícito al respecto. Sin embargo, aún esta posición (despenalización, no legalización) que hoy sería criticada y tomada como tibia, alcanzó para que se produjera un choque con el clero, que el siguiente gobierno resolvió designando a Graciela Ocaña, cuya primera declaración fue que el aborto era un tema del Código Penal y no de su cartera. La ex ministra de salud, en su rol de diputada votó luego a favor del aborto legal. La estrategia del kirchnerismo fue la de bajar el  nivel de enfrentamiento. Primero a través de Ocaña y luego de Manzur. Bajo la gestión de este último también se reelaboró la guía para el aborto no punible que había dejado Ginés González García sin estatus de resolución ministerial y también Manzur se negó a elevarla a tal nivel.

En contraposición al obispo castrense Antonio Baseotto hasta el más tímido se vuelve progresista. El contrapunto que llevó al obispo a desear “tirar al mar” al entonces ministro de salud, por impulsar la distribución de la pastilla del día después y de preservativos, sin embargo, sólo se limitó a una la destitución del obispo, algo que Néstor Kirchner ejecutó no sin antes reafirmar su total oposición al aborto legal. Sin embargo, ningún gobierno presentó la derogación  del  “tratado” con el Vaticano de 1957, firmado por Aramburu y Rojas, que creó el Vicariato castrense, luego elevado al rango de obispado por Carlos Menem, a través del cual queda claro que dicho vicario actúa bajo las órdenes del Estado vaticano y no del Estado argentino. La guía espiritual de las Fuerzas Armadas la ejecuta un Estado confesional extranjero. Cuando en 2017 Jorge Bergoglio, como Papa, designó como nuevo obispo castrense al cura Santiago Olivera, favorable a la impunidad de los genocidas, pocos levantaron la voz y nadie cuestionó la norma.

Pero lo que es peor, para golpear a Antonio Baseotto no se recurrió a la más grave de las acusaciones que pesaban y pesan sobre él, su hermana monja y otros elementos de la curia: la hecha por la Fundación Adoptar, que señala que como jefe de la diócesis de Añatuya en Santiago del Estero, Baseotto se dedicó a sacarle a las mujeres pobres y a las niñas a las que obligaba a parir, miles de niños durante más de 30 años. Nunca se animarían a tanto quienes están dispuestos a gobernar con la anuencia de pederastas y enemigos de los derechos de las mujeres.

La pelea por defender el aborto legal, no puede delegarse en quienes han adaptado sus posiciones a factores de poder que daban la espalda a las necesidades de las mujeres y de las niñas y menos en quienes estén dispuestos a reforzar al clero en otros rubros pretendiendo ignorar la función reaccionaria de la Iglesia. La pretensión de avanzar con el aborto y no debilitar a la Iglesia, como fórmula política es inviable, pretender hacerlo otorgando más poder al clero en otras instancias, como la asistencia a la pobreza que promete Daniel Arroyo, es reforzar el poder de esta institución reaccionaria sobre los sectores más vulnerables. Seguir dando la espalda a la escandalosa sucesión de violaciones de niños y protección es directamente criminal.

Marcando las variaciones de su discurso y prácticas, no tratamos de poner en cuestión el fuero íntimo del próximo ministro, que no tiene ningún problema con el aborto legal, sino de discutir las estrategias políticas de quienes estando a favor del aborto no han querido profundizar el enfrentamiento con la Iglesia.  El caso Rubinstein ilustra la cuestión también, defensor él del aborto legal,  fue parte de una política de incremento de la pobreza que repercutió particularmente sobre las mujeres y del crecimiento de enfermedades derivadas de un abandono sanitarista de la población y de la entrega al clero, como lo es la epidemia de sífilis entre las niñas más pobres y abusadas del país.

No queremos canjear derechos, queremos que las mujeres puedan acceder a todos ellos, a todos los derechos que merecemos tener.