La “marcha federal por el derecho a la salud” que el pasado jueves 4 recorrió las calles de Buenos Aires y concluyó con un acto en Plaza de Mayo insinuó un canal para unificar las luchas en curso; desde el Posadas al 5×1 de CABA, pasando por el desmantelamiento en los municipios y la paritaria no abierta de los profesionales de la salud nucleados en Cicop, que junto con Fesprosa convocaron al paro para ese día. La movilización fue iniciativa de una multisectorial que se extiende desde la CCC y las CTA hasta La Cámpora. Se sumaron asociaciones científicas y colegios profesionales.

El documento leído en Plaza de Mayo, sin embargo, puso como fecha de inicio a la crisis sanitaria el 10 diciembre de 2015, con el recambio de gobierno. Si bien describió con justicia los golpes que recibió la salud pública desde entonces, incluyendo la continuidad de la ilegalidad del aborto, omitió toda mención a los gobiernos K, que fueron precursores en materia de precarización sanitaria; como si los despidos en el Posadas no fueran facilitados por la precariedad de los contratos que viene de la era K, o como si el congelamiento de los salarios y los despidos en los municipios no fueran un camino recorrido en el kirchnerismo.

Actualmente, se está operando un cambio en la salud pública que es orquestado por los organismos internacionales de crédito. Mientras se producen el colapso del Posadas y el cierre de los hospitales porteños, varios hospitales de alta complejidad en el conurbano continúan sin inaugurarse. Estos han sido denominados hospitales Samic, categoría que permite la injerencia del capital privado en la salud pública. A diferencia de lo que quieren mostrar los K, estos hospitales no fueron construidos con “cuentas superavitarias” sino con la adquisición de deuda, lo mismo que los Upas construidos por el sciolismo y varias reformas edilicias en otros centros. Los planes Sumar, Nacer y Remediar, que se usaron para reducir los presupuestos de salud, también fueron concebidos con el pecado original del crédito internacional.

Por ello, lo que se pretende establecer con la CUS y la reforma laboral con su Agencia de Evaluación de Tecnologias para la salud (AgNet) es el terreno para una nueva generación de negocios con la salud pública, no solo un recorte para contar con recursos para pagar la deuda. Aquel terreno que fue preparado largamente en la era K.

La ausencia al llamado a un plan de lucha unificado de los sindicatos involucrados para derrotar el ajuste en la salud muestra la intención de poner distancia de una salida obrera y generar expectativas en un recambio electoral en 2019.

La alternativa a la CUS de Macri es un plan de salud, centralizado a nivel nacional, universal y gratuito, sin ninguna injerencia del capital, bajo control de los trabajadores y financiado con un impuesto progresivo a la industria farmacéutica, a la industria contaminante y a la renta financiera.