El DNU del gobierno incluye modificaciones a la legislación de la actividad farmacéutica (ley 17.565), las cuales favorecen la concentración del sector y benefician particularmente a Farmacity, que forma parte del Grupo Pegasus, cuyo dueño es Nicolás Caputo, primo del actual ministro de Economía, Luis Caputo.

En primer lugar, el decreto explicita que “las farmacias podrán constituirse mediante cualquier figura jurídica permitida por la legislación vigente”. Lo anterior busca facilitar la proliferación de franquicias de Farmacity por todo el país. Recordemos que, en 2021, un fallo de la Corte Suprema impidió que la cadena de farmacias pudiera desembarcar en la provincia de Buenos Aires, dado que la legislación bonaerense no autoriza a las sociedades anónimas a instalar farmacias.

Por otro lado, el DNU permite que un profesional farmacéutico sea director técnico de más de una farmacia, cuando la ley original lo prohibía expresamente. Esa modificación apunta a la creación de más cadenas farmacéuticas, que, junto a la posibilidad de que las sociedades anónimas instalen farmacias, devendrá en una mayor concentración del sector que perjudicará a las farmacias barriales, y, en consecuencia, a los habitantes de zonas más periféricas.

A su vez, se habilita a los auxiliares de despacho (que no tienen título de farmacéutico) a despachar recetas médicas con la autorización del director técnico, cuando la ley solo los autorizaba a despachar productos de venta libre. Esto también constituye un favor a las cadenas farmacéuticas, que podrán contratar personal menos calificado para que realice las mismas funciones que un profesional con título habilitante, y, de ese modo, pagar menores salarios.

La modificación, además, degrada la atención sanitaria de la gente, dado que, como afirma el comunicado emitido por la Confederación Farmacéutica Argentina, “no habrá un profesional que garantice, bajo su responsabilidad, la calidad, origen y seguridad de los medicamentos que se dispensan”.

En función de dar lugar a la venta indiscriminada de fármacos, Milei autorizó que las droguerías también puedan despachar recetas y, a su vez, derogó la normativa que solo permitía la venta de medicamentaos de venta libre en farmacias habilitadas, con lo que pasarán a venderse en la vía pública, kioscos, estaciones de servicio y comercios como ocurría antes de la regulación, sin garantía alguna de trazabilidad. Así las cosas, los laboratorios privados aumentarán su facturación, a costa de un enorme riesgo sanitario.

Como vemos, el hilo conductor del decretazo es que le abre nuevos negocios a una minoría capitalista, en perjuicio de la población trabajadora. Derrotémoslo en luchando en las calles.

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