En una conferencia de prensa oficial la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria de Legalidad y Técnica, Vilma Ibarra, comunicaron las principales modificaciones en la Ley de Vacunas, que incluyen la eliminación de la palabra “negligencia”, el cambio de “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, de la inmunidad de los bienes de Estado y la creación de un fondo de reparación Covid-19 para cubrir con fondos públicos las posibles cargas que deban afrontar las farmacéuticas.

De esta manera, el gobierno argentino busca destrabar la compra de dosis de Pfizer y de otros laboratorios estadounidenses como Janssen y Moderna. Como todos los acuerdos y contratos alrededor de la adquisición y compra de vacunas, la discusión del DNU fue puertas adentro y manteniendo una estricta confidencialidad entre el Ministerio de Salud y directivos de Pfizer. Es decir que en esencia el decreto fue hecho a medida de las exigencias de las farmacéuticas y expresa un recule del gobierno.

Uno de los agregados más importantes es la creación del fondo de reparación Covid-19, que se hará cargo de las indemnizaciones ante efectos adversos y daños de la salud de la población causados por las vacunas. Así, se establecieron montos frente a distintas situaciones; por ejemplo, en casos de muerte o incapacidad física total, el afectado recibirá 240 veces el haber mínimo jubilatorio, pero todo indica que el pago del resarcimiento estará bajo responsabilidad del Estado argentino y no de los laboratorios que desarrollaron y produjeron las fórmulas.

Si se suma la ley de blindaje jurídico otorgada a finales de 2020, con el nuevo DNU Argentina se convierte en una especie de “piedra libre” para las farmacéuticas, en tanto estas pueden comercializar vacunas sin pagar las secuelas que pueden llegar a existir.

Detrás de la presión por modificar términos y la eliminación de la palabra “negligencia” se esconde una mayor reducción de las responsabilidades de quienes desarrollan, proveen y distribuyen las vacunas. Dependerá del contrato particular que firme Argentina en qué condiciones se considera “conforme” la recepción de dosis, lo que alimenta el secretismo y los tratos diferenciales por países. La inmunidad de los bienes del Estado es parcial, ya que excluye a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del mismo.

Incluso así, aún no hay un acuerdo firmado ni un cronograma de entregas de dosis. Sin embargo, ambas partes adelantaron que las negociaciones se darán en el marco de confidencialidad, que el gobierno defendió durante las tratativas.

Como hemos explicado en Prensa Obrera, los contratos confidenciales y las leyes de blindaje jurídico son dos patas fundamentales del mercado de vacunas que, junto con las patentes, permitieron el establecimiento de grandes monopolios farmacéuticos, los verdaderos ganadores de la pandemia. Este panorama es acentuado por la guerra comercial entre potencias que coaccionan a los países emergentes a aceptar a sus laboratorios para avanzar en el dominio de nuevos mercados. El chantaje de Estados Unidos a Argentina, en el cual no iba a donar dosis a menos de que firme acuerdos con las empresas norteamericanas, fue una muestra de la presión por ganar terreno en una región en que el mercado de vacunas fue acaparado en gran medida por Rusia y China.

Por parte del gobierno argentino, el DNU es un gesto más de los muchos que ha dado el gobierno para congraciarse con el imperialismo yankee, como el ajuste en el gasto público llevado adelante de manera fenomenal para poder cumplir con sus metas de vencimiento de deuda con el FMI. Que la flexibilización de la ley no obedece a la preocupación oficial por la vacunación lo confirma que no se destinan recursos a ampliar las capacidades de inoculación mejorando la logística e incrementando el ritmo, que actualmente tiene un techo de 350 mil inyecciones diarias (menos del 1% de la población).

Se debe terminar con el secretismo y la confidencialidad de los contratos y las negociaciones, y avanzar en la liberación de las patentes, necesaria para garantizar una producción a escala que permita inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible, evitando el surgimiento de nuevas cepas. Ello junto con la producción local de vacunas en las plantas que poseen capacidades y acondicionamiento de las que no lo tienen, y destinando presupuesto a inversión para investigación, desarrollo y producción pública de una vacuna argentina; centralizando los recursos sanitarios, incluidos laboratorios y centros de investigación públicos y privados, bajo control de los trabajadores y especialistas. Mientras tanto, urge el reforzamiento del sistema de salud. Para financiar dicho programa es necesario romper con el FMI y la subordinación al imperialismo.

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