Tal cual lo venimos diciendo en Prensa Obrera, la confidencialidad en los contratos para la provisión de vacunas (y todo el régimen de patentes que se apoya sobre ella) es un verdadero lastre para la humanidad en tiempos de pandemia. Recientemente se conocieron algunos datos que lo confirman aún más.

El dato más impactante es que de cada tres vacunas que arribaron al país, dos lo hicieron vencido el plazo. Ya desde el primer pago emitido en octubre de 2020 Argentina empezó un sendero de retraso sostenido en el arribo de vacunas abonadas de antemano.

AstraZeneca lidera el podio de los estafadores

El primer pago en materia vacunas fue de 3.628.000 dólares, y fue efectuado a fines de garantizar, a través del mecanismo Covax, el desembarco de 907 mil dosis de CoviShield, la versión de AstraZeneca elaborada en India. En noviembre el Estado nacional cerró un segundo acuerdo, directo, y comenzó a transferir fondos directamente a AstraZeneca. Este contrato es el mismo por el cual se le otorgó a Sigman la licitación para elaborar el principio reactivo de las dosis en mAbxience, principios reactivos que luego se enviaron al laboratorio Liomont de México para ser envasados. Una novela conocida, por la cual se enviaron fuera decenas de millones de vacunas que podían ser perfectamente envasadas en el país. Este primer contrato directo preveía la fabricación de 22 millones y medio de dosis con tope de tiempo para el 30 de junio.

Para el 10 de mayo el gobierno le había pagado a AstraZeneca lo correspondiente a casi 16 millones de dosis de este acuerdo “directo”, que se sumaba al pago previo al fondo Covax. Sin embargo, para esta fecha, sumando las dosis de ese primer acuerdo “indirecto” con Covax, y las dosis del segundo acuerdo “directo” con AstraZeneca, el stock de vacunas era de 2.3 millones. A pesar de esta enorme defraudación, el gobierno no erigió reclamo alguno, cuando el incumplimiento al cronograma de entregas es, como se ve, muy fácil de constatar. Tampoco se intervino el laboratorio mAbxience del “empresario amigo” Hugo Sigman, dejando claro que los acuerdos con AstraZeneca fueron sellados desde el primer minuto para garantizarle un negociado al mismo.

Tanto fue así que al momento AstraZeneca entregó 7 millones de dosis, es decir, menos de un tercio de lo que tenía que cumplir. Se trata de una defraudación escandalosa. Tanto es así que la ministra de Salud Carla Vizzotti, que tuvo que declarar por escrito a mediados de mayo ante la Justicia Federal por la cuestión del contrato, admitió por un lado que el cronograma no se cumplió, pero siguió justificando a Sigman y a AstraZeneca: postuló que si las vacunas arribaban al país antes del 30 de junio -momento en que vencía el plazo acordado-, el contrato no estaría siendo incumplido. Claro que legalmente esto era así, pero un retraso tan grande que se sostuvo tan impunemente por casi medio año dejaba muy claro que el cuadro no iba a revertirse en cuestión de semanas. Y como se puede ver, no se revirtió. Sobre todas las cosas, esta declaración hizo alevosa la manera en que el gobierno nacional buscaba darle una prórroga a los estafadores.

Improvisación al servicio de los laboratorios

Algo similar ocurrió con Sputnik. El primer pago se ejecutó por 60.5 millones de dólares, y tenía como finalidad conseguir el cronograma completo de vacunación para poco más de tres millones de personas. Desde principios de enero se realizaron 26 pagos al Fondo Ruso de Inversión Directa (Rdif). Al culminar el último de ellos, se le debían al país casi 45 mil dosis, pero además las vacunas que habían arribado se correspondían en un 80% a primeras dosis. Así, el gobierno tuvo que ampliar el acuerdo y comprar más vacunas.

Pero todo el manejo gubernamental sobre los fondos para adquirir vacunas es cuanto menos caótico. Según el presupuesto 2021, la partida destinada al Ministerio de Salud para tales fines era de $13.700 millones, sin embargo, a mediados de junio el monto ya era de $97.000 millones a través de una reasignación partidaria. Esto, de todos modos, expone una intención del gobierno de comprar la séptima parte de las vacunas que hay al momento, una perspectiva de ajuste que luego fue golpeada por el avance de la segunda ola y las implicancias electorales que podría tener. Según la versión de La Nación (4/7), incluso, el Ministerio de Salud tendría en marcha una negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo para endeudarse a fin de recibir 470 millones de dólares para continuar pagando por la provisión de vacunas.

Terminar con el régimen de patentes

Los efectos devastadores del Covid-19 en el país son claros. Casi 100 mil personas han perdido la vida. Estas cifras se explican no solo desde la letalidad inherente del virus, sino también de la saturación de un sistema sanitario machacado, la falta de reforzamiento del mismo, la ausencia de un control sobre los protocolos de bioseguridad sistemáticamente incumplidos por las patronales en los lugares de trabajo, el recorte del IFE y la ausencia de medidas de asistencia para que la población pueda cumplir medidas de aislamiento y, claro, las demoras alrededor de la producción, distribución y aplicación de vacunas. Estos números vienen a demostrar una vez más las consecuencias del régimen de patentes y la confidencialidad de los contratos, cuando el papel criminal de los pulpos farmacéuticos se hace tan ostensible. Sin embargo, como se puede ver, el gobierno nacional ha permitido que los mismos incumplan una y otra vez los contratos, y se muestre más dispuesto a respetar sus negociados que la vida de la población. Es hora de ponerle punto final. Hace falta liquidar el régimen de patentes, abrir los contratos con los laboratorios al control popular y avanzar a una producción pública de vacunas financiada a través de la ruptura del pacto colonial de la deuda externa con el FMI y el capital financiero. En ese sentido se anotan también los proyectos de vacunas nacionales que ha desarrollado el Conicet, que se encontraron como obstáculo el desfinanciamiento estatal en ciencia y tecnología priorizando los negocios de los pulpos farmacéuticos.