A una semana de que se conocieran los primeros registros positivos de coronavirus en el asentamiento la Carbonilla, en el barrio porteño de La Paternal, las cifras han saltado de cuatro a más de cincuenta. A su turno, en el Playón de Chacarita (que integra junto a Paternal y otros barrios la comuna 15), se confirmaron trece casos positivos (al momento de cierre de esta nota), en los cuatro días desde el primer registro en ese sentido.

En ambos barrios preocupa el aumento de la curva de casos. Se trata de villas con pocos habitantes, comparadas con otras de la ciudad, aunque no en diferente situación de hacinamiento. La expansión del virus está ligada a la falta de agua, que sigue sin alcanzar a todas las manzanas, y a que las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos de la Ciudad y Nación han llegado tarde y son insuficientes.

En el caso de la Carbonilla, el gobierno no instaló ninguna posta sanitaria hasta después de que tuvieron lugar los primeros positivos. Una vez conocidos, y a casi dos meses después de iniciada la cuarentena, se colocó una en la entrada de Trelles, pero tardó casi una semana más en instalarse un puesto sanitario en la otra entrada, sobre la calle Espinoza.

Sobre estos puestos hay que recalcar que solo el de la entrada de Trelles de La Carbonilla cuenta con profesionales de la salud, a cargo del Centro de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) 22. En los otros dos se replica la política de precarización del gobierno, ya que son los propios vecinos los que llevan adelante las tareas de detección de casos sospechosos y prevención de la salud. El mismo modus operandi se repite en los operativos móviles, que no cubren las necesidades del barrio. Esto es doblemente peligroso, porque se expone a los vecinos sin estar lo suficientemente preparados para una pandemia de tal magnitud y estos mismos vecinos son los que están en los comedores y espacios comunitarios del barrio. Esta política es la que llevó a la primera línea de contagio a los referentes de las organizaciones populares en la villa 31 y en la 1-11-14 y que ya está teniendo un contundente rechazo en algunos barrios, como es el caso de la Villa 20.

Apenas entró en funcionamiento, el operativo Detectar repitió en la Carbonilla la irresponsabilidad que había tenido lugar en la villa 21 24 la semana pasada, al subir a un micro escolar a todos los casos sospechosos juntos, propiciando el contagio de aquellos que no lo estuvieran -cuando los traslados de las postas sanitarias a las Unidades Febriles de Emergencia (UFU) tienen que hacerse de forma individual. Por otro lado, el gobierno se niega a realizar los tests correspondientes sobre los contactos cercanos de los casos positivos que no presentan síntomas. En estos casos, el gobierno se limita a indicar un aislamiento preventivo en sus propias casas, sin garantizar la asistencia alimentaria de estas familias.

La respuesta para la Carbonilla de la Unidad de Gestión de Intervención Social (Ugis)  es directamente una burla. En una reunión con referentes barriales esta semana, señalaron que la asistencia alimentaria de las familias aisladas que no presentaran síntomas debía quedar a cargo de los comedores populares del barrio. Además de demostrar una ignorancia olímpica sobre la situación en el barrio -donde los comedores reclaman el aumento de raciones desde antes de la pandemia, y la demanda creció con las circunstancias actuales-, el gobierno terceriza en los comedores una asistencia adicional, sin brindar ninguna partida extra. Tampoco se garantiza a las familias aisladas en el barrio los kits de higiene.

Desde el Partido y el Polo Obrero impulsamos la discusión de un protocolo que atienda todas estas demandas entre los vecinos de ambos barrios. La clave para arrancarle al Estado verdaderas medidas sanitarias, en pos de impedir una escalada en los contagios, está en que los comités de crisis que se formaron en ambos barrios amplíen su participación y discusión con los vecinos, y tomen la tarea de levantar las demandas y controlar al gobierno en el cumplimiento de las medidas sanitarias.