Es de público conocimiento que los medicamentos para el tratamiento de las formas graves de Covid-19 sufrieron un gran aumento en el último año y medio. Un breve informe del Observatorio de Medicamentos como Bien Social lo deja más que claro: de marzo de 2020 a marzo 2021, los 13 fármacos más utilizados experimentaron una suba promedio de 278%, casi siete veces más que la inflación interanual del mismo periodo (40,5%). Algunos incrementos superan el 1000%, como en el caso del midazolam, que pasó de costar $44,9 a $495 cada ampolla.

Es interesante ver que la reacción del gobierno frente a los aumentos llegó tarde y para convalidarlos. En noviembre del año pasado emitió el Decreto de emergencia sanitaria que permitió al Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social establecer precios máximos para insumos críticos, a partir de la cual legalizó los aumentos y los “congeló” por 150 días. Si tomamos nuevamente el caso del imidazol, el precio pasó a $385,02, es decir un 857% más que en marzo de 2020. Lo mismo se repite para el resto de los medicamentos esenciales: el atracurio (relajante neuromuscular) aumentó un 406,5%, bromurio de pancuronio (relajante neuromuscular) 140%, fentanilo (tratamiento del dolor) 727% y propofol (anestésico) 367%. Más tarde, en abril del corriente año y luego del plazo determinado, el gobierno nacional avaló una nueva suba que se mantendrá hasta octubre de aproximadamente 150% con variación según el medicamento.

Cada uno de los incrementos fue determinado por el Estado nacional y firmado por los ministros Arroyo y Vizzotti, es decir que una vez más se encaró un proceso de regulación para mantener el lucro de la salud y colocar la ganancia y especulación capitalista como prioridad para el “gobierno de los laboratorios”. No es menor que el acuerdo se haya establecido con el apoyo de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (Capgen) y la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (Adem).

Este no fue el único punto de ganancia de las farmacéuticas. El informe también menciona que los acuerdos de provisión con los hospitales de la Provincia de Buenos Aires tenían como condición la compra de medicamentos de menor comercialización y menos necesitados, que al igual que el resto de los fármacos experimentaron un aumento promedio del 60%. Esto derivó en un sobrestock de los hospitales, quienes no se pudieron negar a comprarlos, especialmente en un mercado dominado y monopolizado por tres empresas, beneficiarias de la gran mayoría de las licitaciones nacionales. Así, más allá del “control de precios” del gobierno, lograron mantener su rentabilidad y sus ganancias.

El problema de los precios también afectó la demanda, produciendo escasez de insumos esenciales para tratar a los enfermos. Además, los gastos efectuados de los hospitales salen directamente del presupuesto de salud 2020 (que ya estaba reducido en un 10%) al igual que los salarios de los trabajadores de la salud, lo que significa un nuevo golpe a su bolsillo al traspasar los costes de los medicamentos.

Las tres principales empresas son Richmond, Investi Farma (Roemmers) y laboratorios Fabra, quienes también fueron partícipes de las licitaciones del 2020. Richmond es la empresa de Marcelo Filgueiras, encargado de la fabricación de vacunas Sputnik V en Argentina, negocio multimillonario propiciado por el gobierno nacional. Por su parte, Roemmers se destaca por ser el dueño de la segunda empresa líder en fabricación de medicamentos en Latinoamérica y ocupar el puesto N°5 en la lista Forbes de empresarios y familias más ricas de Argentina, además de ser sumamente allegado a Alberto Fernández.

Teniendo en cuenta así el 20% de los contagiados con Covid-19 requirieron cuidados intensivos y la administración de drogas en el ámbito hospitalario, resulta evidente que no es compatible la defensa de la salud pública y los contratos de estas características con los monopolios farmaceúticos privados. Este hecho plantea la necesidad de establecer, por un lado, la apertura de los libros contables de las empresas y tirar abajo cualquier aumento arbitrario. Por el otro, impulsar el desarrollo de una industria nacional de medicamentos mediante la intervención de las plantas de los laboratorios, estatizarlas bajo control de los trabajadores y liberar las patentes de los insumos, para que la producción de fármacos se de bajo las necesidades sociales prevalentes. A su vez, avanzar en la centralización del sistema sanitario y convertirlo en uno más eficaz, que tenga en cuenta qué insumos son requeridos y que se encuentre bajo control de los trabajadores, para terminar con los negociados que ponen como prioridad las ganancias capitalistas por sobre la salud y la vida de la población.