El gobierno nacional de Javier Milei vuelve a la carga contra las obras sociales sindicales, con la reglamentación de la disposición del mega DNU que habilita la afiliación directa a las prepagas de los trabajadores registrados. Con estas medidas y los recortes ya implementados, Milei le asestaría un golpe fatal a más del 90% de las casi 300 obras sociales nacionales, entregándole todo el negocio de forma directa a la medicina privada.

El nuevo DNU desregulador avanza en la liberalización del sistema de salud, habilitando las pretensiones de un puñado de empresas privadas que controlan el sector por encima de las obras sociales que administran la parte correspondiente de los aportes sociales. La medida regirá a partir del mes próximo y podría suscitar diversas  presentaciones legales por parte de la burocracia sindical.

Esto se suma al reciente recorte en los fondos para el financiamiento de medicamentos y tratamientos de alto costo, y el anuncio del desfinanciamiento nacional para la cobertura de prestaciones por discapacidad y otros recortes en el Fondo de Redistribución Solidaria.

La única salvedad de las prepagas beneficiadas es la incorporación de una retención del 20% de  los aportes a las mismas para el Fondo de Redistribución Solidaria, que ahora está en las manos discrecionales del gobierno. Lo que las empresas privadas adelantan tendrá consecuencias en futuros aumentos.

Tampoco será obligatorio para el trabajador permanecer un año cautivo en la obra social de origen, lo que, entre otras cosas, facilitará la movilidad de afiliados entre las obras sociales o entre éstas y las prepagas.

Un sistema semiprivatizado al borde de la privatización

El DNU 70/2023 ya había adelantado algo de la desregulación de las obras sociales, con la incorporación de las empresas prepagas como agentes del Seguro de Salud (ley 23.661) y la incorporación en la ley de Obras Sociales (23.660) por medio del art. 270 de la cuestionada normativa, lo no había prosperado a falta de la reglamentación ahora sancionada.

Hasta la actualidad, las obras sociales sindicales son las únicas habilitadas para retener los aportes sociales destinados a la cobertura médica de los trabajadores bajo relación de dependencia. Se trata del 3% del aporte de los trabajadores y el 5% de las patronales, con los cuales se financian las obras sociales y la cobertura médica de los trabajadores.

La mayoría de las obras sociales, muchas de ellas con baja cantidad de afiliados y/o una distribución territorial amplia y fluctuante de los mismos, terminan siendo prisioneras del negocio de la medicina privada, con convenios con prestadoras controladas por las mismas compañías dueñas de las prepagas –las cuales cuentan con una red nacional de clínicas, farmacias, prestadores y convenios-, derivando la casi totalidad de los aportes recibidos. Mientras que otras, directamente, no pasan de un “sello” para derivar aportes a la medicina prepaga, que se complementan con planes con mayor cobertura a cambio de un arancel diferencial.

La iniciativa de Milei, justamente, radica en eliminar la intermediación de las obras sociales, pudiendo el trabajador derivar aportes directamente a las empresas prepagas, las cuales, a su vez, cuentan con la potestad de fijar cuotas de afiliación con libertad de acción. Solo en los últimos dos meses las cuotas promediaron subas de alrededor del 75%, mientras que se prevén aumentos del 25% para marzo y otro tanto para abril.

Esta medida implicaría el cierre definitivo de la casi totalidad de las obras sociales, sobreviviendo solamente un puñado de estas: las que cuentan con afiliados suficientes y presencia y cobertura nacional propia (Comercio, Construcción, UOM, Camioneros, etc.). Aunque bajo una dinámica totalmente distinta, dominada por la “libre competencia” del mercado. Más que un acceso de las prepagas al régimen de obras sociales, se trata de la privatización definitiva del subsistema de obras sociales.

Esto implicaría, por ejemplo, el final de una cobertura médica sustentada solamente con los aportes sociales, lo que implicaría optar por la medicina prepaga o la salud pública. Esta última opción sería “obligatoria” para los gremios con salarios más bajos que no puedan cubrir una cuota de afiliación “libre”. Lo que en última instancia también desdibujaría el rol del aporte social patronal, habilitando futuras reformas que supriman o disminuyan el mismo. También destruiría el sistema solidario de las obras sociales, por el cual los trabajadores con mayores ingresos contribuyen proporcionalmente a estos, garantizando una cobertura común.

Con estas medidas el gobierno también busca avanzar sobre el Programa Médico Obligatorio, que garantiza las prestaciones mínima para la cobertura médica,  pudiendo las prepagas adaptar la cobertura y los precios a paquetes diseñados para aumentar su rentabilidad, haciendo más costosa la cobertura de  toda prestación que requiera mayores gastos o tratamientos de alta complejidad. Todo lo que deriva en una práctica  aún más discriminatoria que la actual.

El ataque de Milei a las obras sociales para doblegar a una burocracia sindical dispuesta a la “colaboración” amenaza con dejar a millones de trabajadores y sus familias sin cobertura médica alguna, o sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más elementales.

Esa ofensiva debe ser derrotada con el paro nacional de 36 horas y el plan de lucha de la clase obrera para terminar con el paquete antiobrero de Mieli y conquistar un verdadero acceso universal a la salud y al conjunto de las prestaciones, con las obras sociales en manos de los trabajadores y los recursos necesarios para cubrir las necesidades médicas de la población.