La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) levantó la prohibición que regía desde noviembre para comercializar y utilizar un fármaco compuesto con dosis fijas de glucosamina y meloxicam, el cual se prescribe como tratamiento para la artrosis. Las autoridades del ente regulador estatal priorizaron el reclamo de los pulpos farmacéuticos antes que proteger a la población de los riesgos que el polémico medicamento representan para la salud y cuya eficacia terapéutica es dudosa.

La prohibición fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de noviembre de 2019 con la Disposición 9269/2019, donde entre los considerandos se señala que los estudios “muestran una eficacia cuestionada en pacientes sometidos a esta combinación de fármacos […] produciendo un aumento estadísticamente significativo de la mortalidad, de la internación por hemorragia digestiva, de la internación por insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal”. Con el cambio de autoridades debido al nuevo gobierno, los laboratorios hicieron pesar su lobby para que una nueva Disposición 10107/2019, con fecha del 11 de diciembre, levantara la medida por 120 días mientras convocan a un comité de expertos. Es decir que, ante la duda de su eficacia y sus riesgos potenciales para la salud, sostienen la comercialización del medicamento (Perfil 26/1).

Se trata de un jugoso negociado con grupos capitalistas nacionales como Roemmers y Bagó, aliados del gobierno. De acuerdo con la consultora Iqvia, a octubre de 2019 se vendieron en 12 meses 1.165.092 de unidades en Argentina por un total de casi $1.500 millones. La mayoría a jubilados, por tratarse de una enfermedad que afecta a las personas mayores.

El macrismo redujo dramáticamente las prestaciones y el porcentaje de la cobertura del PAMI para los medicamentos como es el caso del tratamiento de la artrosis. El saqueo del PAMI y las jubilaciones, que se agrava con las recientes medidas del nuevo gobierno aplicando sumas fijas, rechazando la movilidad jubilatoria, para utilizar los fondos del Anses en función del pago de la deuda externa, se contrapone con las ganancias exorbitantes de los pulpos farmacéuticos.

Entre las primeras medidas de su asunción, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció entre bombos y platillos la reducción del 8% y congelamiento de los precios en medicamentos hasta el 31 de enero, los cuales subieron 457% en los últimos cuatro años (Página12 17/12). No hace falta ser un campeón en matemáticas para considerar la medida un paliativo miserable. Los pulpos farmacéuticos fugan divisas sin impuesto ni cepo al dólar y sobrefacturan escandalosamente los costos de producción de los medicamentos.

El 18 de abril de 2017 el gobierno de Macri anunció la disminución del plazo de la ANMAT para aprobar un medicamento a tan sólo 70 días hábiles, menos de la mitad del plazo anterior de 160 días, que es el que rige en Estados Unidos y Europa. El objetivo es convertirnos en una plataforma de investigación, exponiendo a nuestra población para el lucro de las patentes, en donde se concentra una de las máximas expresiones de la transformación de la salud en una mercancía.

La ANMAT, como el SENASA, la CNRT, y todos los Entes Reguladores, son una presa más de los grupos capitalistas de cada sector para desarrollar sus negociados a toda costa. La lucha contra la injerencia de los pulpos farmacéuticos sobre la ANMAT es inseparable de la confiscación de sus ganancias, las cuales se reproducen sobre la base del monopolio de las patentes y la nula producción pública de medicamentos por parte del Estado. Para no ser conejillos de indias de los laboratorios y garantizar el acceso a los tratamientos verificados con adecuada evidencia científica, se requiere una nueva organización social, para que la salud deje de ser una mercancía y sea un derecho realmente universal.