El gobierno nacional autorizó recientemente un aumento en las cuotas de las prepagas, en medio del chantaje del sector sobre usuarios y trabajadores. Así, podrán incrementar su tarifa un 8% en mayo, un 10% en junio y un 4% en julio, totalizando una suba del 23,55% en el trimestre.

El anuncio se hizo en el Boletín Oficial. Para habilitar la resolución, se argumenta que atravesamos un “delicado contexto de emergencia sanitaria sin precedentes, cuyos efectos sobre el sistema sanitario aún no han cesado”. Esto es cierto. En la última semana se reportaron más de 11.000 casos de Covid-19, creciendo así un 36% en la última mitad del mes. Cabe preguntarle entonces al gobierno, que autoriza los tarifazos contra los usuarios en la salud privada bajo este argumento, por qué recortó nominalmente el presupuesto en salud en $48.150 millones para el año en curso a través de la Decisión Administrativa 4/2022.

Pero estas palabras fueron para admitir que cedieron al chantaje patronal de las prepagas, que amenazaron a sus trabajadores con no pagar el mísero 45% acordado en las paritarias, claramente por debajo del 60% que tendrá como piso la inflación, si no había “luz verde” al tarifazo que pagarán los usuarios. Con estos métodos ya obtuvieron cuatro aumentos del 9% en las tarifas en 2021 y en enero de este año, amén de ser beneficiadas con la eximición de un 90% de las cargas patronales y cobrar el Repro.

No obstante, el chantaje opera de punta a punta. Así es que se advierte que varios profesionales de la salud están emigrando de las prepagas por los montos miserables que retribuyen. Es por ejemplo el caso de los dentistas pediátricos, que ya empiezan a escasear en las cartillas del sector (Clarín, 2/5). En el artículo citado, una odontopediatra entrevistada relata incluso que la prepaga para la que trabajaba les brindaba a razón de un kit por paciente, y pretendía que los profesionales los conserven para la próxima cita que tuviera cada uno.

Esto se combina con un recorte intencionado en la cartilla y las prestaciones por parte de las propias empresas, aportando a un cuadro cada vez mayor de empeoramiento de la atención a los clientes. La habilitación de este tarifazo “a libro cerrado” es la validación de las maniobras y el vaciamiento de la salud privada a un servicio que ya es totalmente deficitario.

Rechazamos por completo este tarifazo en regla contra la población trabajadora que es usuaria de las prepagas. Hablamos de un sector que reporta ganancias siderales, en buena medida gracias a las eximiciones, los subsidios y los beneficios impositivos de los que goza. Planteamos la necesidad de abrir los libros de cada una de ellas para constatar sus márgenes de costos y ganancias reales, amén de los berrinches extorsionadores que hacen para reclamar tarifas más altas.

El gobierno es a su vez enteramente responsable de mantener este esquema de prebendas y postrarse ante estos chantajes. El acuerdo con el Fondo fogonea cada vez más estas fricciones entre capitalistas, que con el retiro de los subsidios a las tarifas o la reorientación de impuestos salieron a poner un grito en el cielo para que no se trastoque en lo más mínimo el curso de sus ganancias. Pero si esto es lo que se avizora, por las contradicciones mismas del pacto, no tardarán ni medio minuto en trasladar el peso del ajuste sobre la población trabajadora por la vía de los tarifazos, como ocurrió no solo con la salud sino con las privatizadas de la energía o el transporte. Todo, claro, con el aval de quienes nos gobiernan.

Miles de familias trabajadoras “emigran” a la salud privada a su vez por el estado calamitoso de la deteriorada salud pública, que fue flanco ataque de este y de todos los gobiernos. Hay que comenzar por romper con el FMI, abrir los libros de las prepagas al control de sus trabajadores y usuarios y proceder a no menos que triplicar el presupuesto para la salud pública, en el horizonte hacia una centralización y nacionalización del sistema sanitario.