El pasado 31 de diciembre no solo fue la culminación del año 2021, sino también la fecha de vencimiento del decreto que instituía la presunción del Covid-19 como enfermedad laboral. Esto fue anunciado por las propias aseguradoras a sus asegurados, e implica un ajuste y desentendimiento patronal avalado por el Estado.

La presunción, en cuestión, invertía la carga de la prueba del Covid como enfermedad laboral a favor del trabajador, evitándole el engorroso procedimiento para el reconocimiento de enfermedades laborales no listadas, teniendo que acudir a las Comisiones Medidas –financiadas por las patronales- para acreditar el nexo causal entre la enfermedad y el medio laboral.

Por medio de esta presunción, las aseguradoras prácticamente debían hacerse cargo de los gastos y prestaciones en favor de las y los trabajadores, según lo estipulado por la Ley de Riesgos del Trabajo. Así como también de las indemnizaciones correspondientes por fallecimiento, en caso de producirse como resultado de haber contraído Covid-19.

La normativa continuará vigente para las y los trabajadores de la salud y para el personal de las fuerzas de seguridad. No así para el resto, que deberá comprobar –vaya uno a saber con qué medios- la condición laboral del contagio.

Esto último resulta inviable debido a que la forma de determinar un origen laboral del contagio implica acceder a información que las patronales se niegan a suministrar y que incluso ocultan en detrimento de la salud de los trabajadores. Tal es el caso de contagios masivos en un establecimiento laboral o del conocimiento del ingreso de algún agente propagador del virus.

En medio de la propagación y el crecimiento de los contagios, que el gobierno nacional deje caer esta regulación precaria profundiza la vulnerabilidad de los trabajadores ante la pandemia, agravando el desvinculamiento de la responsabilidad de las aseguradoras y por ende de las propias patronales.

Cabe recordar que en los peores momentos de la pandemia los lugares de trabajo aparecían como uno de los principales puntos de contagio y propagación del virus, debido a que las medidas de “control” y prevención, así como los cuidados sanitarios, se encontraban dictadas por los márgenes de ganancia y el lucro de los capitalistas y no por las necesidades sanitarias del conjunto de la población trabajadora.

Tanto por su nivel de contagiosidad, por su fácil propagación en entornos cerrados y por las dificultades para determinar las fuentes fehacientes de cada contagio –desinversión sanitaria de por medio- el Covid debe ser considerado una enfermedad laboral en salvaguarda de los derechos de los trabajadores y en tiempos donde el gobierno ha desmantelado gran parte de la infraestructura sanitaria y las obras sociales prestan un servicio cada vez más deficitario. Esto debe ir acompañado de protocolos sanitarios confeccionados y controlados por los trabajadores, para aumentar los cuidados y prevenir los contagios.