Salud

10/10/2013

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El gobierno nacional pone fecha de cierre del Borda: año 2020

Nuevo Plan Nacional de Salud

El 8 de octubre, con bombos y platillos, fue públicamente presentado por los principales funcionarios del Ministerio de Salud, el Plan Nacional de Salud Mental basado en los más importantes lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ley 26.657 (de Salud Mental), que fuera aprobada por unanimidad en 2010 (votada por kirchneristas y opositores), y reglamentada a finales de mayo de este año luego de un sinfín de cabildeos y negociaciones con las corporaciones médicas asociadas a los pulpos farmacéuticos. Si bien el plan destaca los aspectos "positivos" de la ley (derechos humanos y ciudadanos de pacientes, abordajes interdisciplinarios y comunitarios, etc.), traza como "meta principal" el cierre de los hospitales monovalentes de salud mental para el año 2020: "El Estado argentino dispuso que no haya más instituciones monovalentes en funcionamiento a partir de 2020. Y este plan marca un rumbo para que los hospitales generales vayan tomando la posta" (pág. 7). En el punto 11.1.9 (pág. 45), tajantemente ordena como "meta" que "a noviembre de 2020, el 100% de las personas con padecimiento mental que se encuentran institucionalizadas con más de 2 (dos) años en efectores públicos sean externados e incluidos en un hogar de referencia o en dispositivos residenciales comunitarios…".


La orientación del Plan Nacional explícitamente -siguiendo las recetas de la OMS en los últimos 30 años- insta al cierre "gradual" de instituciones monovalentes para la presunta apertura de nuevas prestaciones y "abordajes comunitarios" de los llamados "dispositivos alternativos" y hospitales generales. Sin embargo, el plan, mientras establece un cierre "en cuotas" de los llamados "neuropsiquiátricos", deja al libre albedrío de las administraciones capitalistas provinciales y municipales la readaptación de la red hospitalaria del sector público, dejando abierto un panorama de suculentos negocios en prestaciones al sector privado y "semi-privado" (clínicas de obras sociales, fundaciones, ONG). En este sentido, cualquier kirchnerista que pretenda denunciar a Macri la próxima vez que intente pisar con las botas de la Policía Metropolitana los terrenos del Borda, estará obligado a llamarse a silencio.


La reglamentación de la ley 26.657 (decreto 603/13, 28/05/13), establece que "…deberá entenderse que la expresión hospitales generales incluye tanto a los establecimientos públicos como privados. Las adaptaciones necesarias para brindar una atención adecuada e integrada sea estructurales y/o funcionales de los hospitales generales a efectos de incluir la posibilidad de internación en salud mental es responsabilidad de cada jurisdicción".


En síntesis, se incluye al sector privado -que desde hace tiempo viene reconvirtiendo sus clínicas en dispositivos ambulatorios en amplia ventaja comparándose con la red hospitalaria- en la categoría de "hospital general" que prestará servicios de internación y tratamientos ambulatorios, mientras lo que queda clarísimo es que son los monovalentes del sector público (como, por ejemplo, el hospital Borda) los que deberán cerrar sus puertas a más tardar en el año 2020.


Por otro lado, el financiamiento para nuevos efectores sanitarios en los tres niveles de salud del sector público "es responsabilidad de cada jurisdicción"… de los Macri, Insfrán, Binner y Scioli (que en la actualidad tercerizan sus prestaciones con el sector privado).


Queda claro que en nombre de la "batalla cultural" por la "desintitucionalización" del "estigma de la locura" se potenciará el proceso de reconversión capitalista de la salud, donde las clínicas privadas (hoy "aggiornadas" a fundaciones, ONG y hospitales de día) se erigirán como las principales contratistas de las prestaciones del Estado, mientras la salud pública marcha a una profundización de su derrumbe.


Una nueva receta "progresista" que promoverá la tercerización de la atención pública en salud mental en el sector privado y en la propia población, en nombre de la "autogestión comunitaria" y la formación de "efectores sanitarios". Sin un sistema de salud único, público y de acceso universal y gratuito, toda supuesta "reforma" se convierte en un nuevo negociado capitalista de la salud.