Con el nuevo DNU del gobierno, redactado por la pluma de Pfizer, se esperan contratos con laboratorios estadounidenses en las sucesivas semanas. Esto abre un nuevo panorama epidemiológico, pero que aún tiene varias limitantes como la llegada efectiva de las dosis y el acceso de la población a ellas.

Llegada de dosis

Por un lado, la producción y llegada de nuevas dosis ha sido un problema para nuestro país desde que se comenzó a discutir la vacunación. Producto del monopolio de las patentes y tecnología en manos de los pulpos farmacéuticos, incapaces de fabricar las dosis en los tiempos exigidos por la pandemia y cumplir con los contratos firmados con los Estados, los retrasos en la producción a nivel mundial aumentaron y hoy exhiben un escenario desigual para las distintas naciones. Mientras Estados Unidos celebra la eliminación del uso obligatorio de mascarillas para la población vacunada (67% del total), los países de África, con solo el 2,8% de los habitantes inmunizado, exponen las consecuencias del acaparamiento de dosis por parte de las potencias.

Argentina también es ejemplo del manejo irregular de las vacunas. El gobierno de Alberto Fernández accedió a contratos de todo tipo y color con varios laboratorios y, cuando finalmente se retrasaron, no avanzó en la toma de medidas para garantizar el cumplimiento. En el caso de AstraZeneca, se firmaron varios contratos que incluían 22 millones de dosis para arribar en el primer semestre del año, aunque solo vimos 7 millones. Incluso en febrero, cuando habían arribado menos del 5% de las dosis, el Ministerio de Salud resolvió la compra de una tanda extra de 1,1 millón. Con el diario de ayer, queda claro que los contratos con AstraZeneca se hicieron sobre la base de amiguismos, sobre todo teniendo en cuenta que la producción del principio activo que se daba en la Provincia de Buenos Aires estaba a cargo del laboratorio mABxience de Hugo Sigman, empresario sumamente allegado al kirchnerismo, quien fue defendido en varias oportunidades por Carla Vizzotti.

Otro caso interesante de cómo operan los retrasos en la producción es el de la vacuna Sputnik V. En su caso, las entregas comenzaron a finales de 2020 y, si bien ya llegaron más de 11 millones, el componente 2 escasea: 1.8 millones vs 9,3 millones del 1. Las razones detrás de esto serían la dificultad en su fabricación por la inestabilidad de los reactivos y materias primas. La salida que le ofreció el gobierno a Rusia fue la facilitación de un acuerdo para su fabricación en la planta del laboratorio Richmond, un contrato entre privados que no garantiza las dosis para la población local ni la establece como prioritaria. Pero también le ofreció la posibilidad de convertir el contrato a uno por la vacuna Sputnik Light, que consiste solo en el componente 1 y tiene menor efectividad.

El laboratorio chino Sinopharm fue el único que cumplió sin retrasos los distintos contratos, aunque no dudó en detener los envíos en cuanto su población se vio amenazada con un rebrote. De estas arribaron 6,7 millones, y se espera que en julio se complete un envío por 8 millones. En todos los casos, el gobierno ofreció la posibilidad de producir una parte o la totalidad de las vacunas para suplir lo que los laboratorios no podían completar con sus plantas, pero siempre sobre la protección de las patentes. Lo que sobresale en cada caso es la defensa de la confidencialidad de los contratos, algo que no se aplica a la hora de exigir su cumplimiento.

La posibilidad de la llegada de vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson tampoco garantiza que se complete la vacunación de los adultos, porque se desconoce cuántas serán. En este sentido, Pfizer firmó recientemente el acuerdo de compra más grande del mundo con la Comisión Europea por 900 millones de dosis, con la posibilidad de extenderlo a otras 900 millones. Con este contrato, la Unión Europea se garantiza el aprovisionamiento para más del doble de su población, incluso teniendo al 50% ya vacunada. Es claro que los problemas de acaparamiento aún no llegaron a su fin y se expresarán en los futuros contratos que Argentina intente llevar adelante.

Acceso a las vacunas

Si la vacuna de Pfizer recibe la aprobación de la Anmat, se firma un contrato y efectivamente comienzan a llegar las dosis, se acerca la posibilidad de inmunizar a los menores de 12 a 18 años. Esto es particularmente importante para los que tienen comorbilidades, que silenciosamente han escalado en términos de casos, hospitalizaciones y muertes, y para la población adulta que podrá reservarse el resto de las dosis.

Sin embargo, distintos países que avanzaron en la aprobación de este tipo de vacunas y otras tantas están observando que la vacunación encuentra un “techo” a partir del cual no se puede avanzar, dejando sin inmunizar incluso a sectores de adultos mayores. En Argentina, por ejemplo, falta inmunizar al 15% de los mayores de 60, incluso aunque la administración para este grupo etario está disponible hace 5 meses y desde hace pocas semanas es libre. De los adultos, menos del 60% fue inmunizado.

La falta de datos es una de las razones para nuestro país. Sin un nuevo censo, los adultos mayores dependen solamente de su autoempadronamiento, algo que está atado a las posibilidades de conexión y de entendimiento de las plataformas virtuales. Muchas veces tienen que recibir asistencia de sus familiares, pero es complicado para aquellos que no cuentan con esas herramientas. El 10% de las familias de Argentina no tiene ningún tipo de conexión internet y el 40% no cuenta con acceso fijo; esto es particularmente agudo en las ciudades o pueblos más alejados de los centros urbanos, o mismos en las villas miserias que recorren lo ancho y largo del país.

Desde el Ministerio de Salud pusieron en pie reducidas recorridas y ni siquiera le destinaron recursos propios, sino que utilizaron a las organizaciones sociales cooptadas por el Estado. De la vereda de enfrente se encuentra el Polo Obrero, que de la mano de la organización independiente y los métodos de lucha de la clase obrera le arrancó al Estado la vacunación para las compañeras y compañeros que se ponen al hombro los comedores y merenderos barriales, algo que aún está a la espera de cumplimiento en algunas provincias.

Además de los problemas de empadronamiento, quienes no cuentan con cobertura por prestadores de salud o prepaga tienen acceso a menor cantidad de vacunatorios, lo que demuestra las profundas desigualdades del sistema sanitario argentino. En la Ciudad de Buenos Aires hay 30, y menos de la mitad se encuentra en el sur.

La nueva etapa

Con la aparición de nuevas cepas, el fin de la pandemia está muy lejos. Lo más probable es que la vacunación se transforme en un fenómeno anual, por lo que la provisión de vacunas será un problema siempre y cuando se mantenga el esquema de producción actual. Por eso el planteo de la liberación de patentes y del fin de los contratos confidenciales está atado al reclamo por una mayor inversión para la ciencia y técnica de nuestro país, de manera que se puede avanzar en la producción masiva de dosis en territorio nacional y en el desarrollo de una vacuna propia.

En sintonía con esto, la vacunación fracasará si las dosis que llegan no se acercan a la población. No solamente son necesarias campañas que incentiven la inmunización, sino también la puesta en marcha de dispositivos efectivos. La logística detrás de esto implica la instalación de más vacunatorios y la contratación de personal capacitado, recursos que el gobierno no está dispuesto a ceder porque rompen con el ajuste en salud que defiende. También de recursos para que la población pueda empadronarse. En lo inmediato, se requiere ir a buscar a los grupos objetivos a sus hogares; a largo plazo se debe garantizar la conectividad de toda la población y la entrega de herramientas, como computadoras y cursos, para que puedan empadronarse por si mismos, algo que permitirá mejorar el acceso a la población de la vacuna.

Para enfrentar esos problemas es necesaria la triplicación del presupuesto sanitario y la centralización del sistema de salud, de manera que se conozcan todos los recursos y se optimice el uso de los mismos. Además, para avanzar en un sistema único y gratuito que garantice la igualdad entre quienes lo utilizan.