Salud

31/7/2023

El plan integral de salud mental de la izquierda

Documento del equipo de salud mental del Partido Obrero.

Vanina Biasi junto a profesionales, docentes y estudiantes.

Reproducimos a continuación un documento que plantea lineamientos generales hacia un plan integral de salud mental, elaborado por militantes y simpatizantes del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. El texto, aprobado en un encuentro el sábado 29 de julio, coloca el foco en las medidas necesarias para garantizar el acceso a este derecho, en especial en torno a las problemáticas que requieren resoluciones urgentes –como los consumos problemáticos (adicciones)- desde una perspectiva de los trabajadores.

Para ello, incluye una lectura de la crisis actual y la denuncia a sus responsables políticos. No es casual, entonces, que el texto sea una elaboración de profesionales y especialistas del área, que luchan día a día en defensa de la salud pública.

Entre los miembros del equipo que redactó el planteo figuran Ángel Barraco, coautor de la ley de salud mental de CABA (candidato a legislador), e Ileana Celotto, psicóloga y secretaria general de AGD-UBA (candidata al Parlasur). Además, participaron integrantes de las agrupaciones Apel salud mental, Naranja de docentes universitarios, EPA! y concurrentes y residentes en Tribuna Municipal.

La presentación del planteo hacia un plan integral se constituye, así, como aporte a la campaña electoral del Frente de Izquierda y a su lista Unidad de Luchadores y la Izquierda encabezada en la Ciudad de Buenos Aires por Vanina Biasi y a nivel nacional por Gabriel Solano.

Estado de situación de la salud mental

Acompañando el grave deterioro económico-social que sufren millones de personas en nuestro país, es particularmente destacable y muy necesario remarcar, la afectación que padecen respecto de su salud-salud mental y la atención de la misma. La profundización de los niveles de pobreza, precarización laboral, desigualdad y exclusión, producto de las constantes políticas capitalistas de ajuste económico y saqueo de riquezas, ejecutadas por quienes han gobernado en las últimas décadas y sumado los efectos de la pandemia reciente, da cuenta en el presente de un estado de situación visible e indisimulable respecto del padecimiento subjetivo y sus diferentes expresiones de síntomas, sufrimientos y enfermedades que, como contrapartida, no tienen la atención y contención integral y suficiente, por parte de los sistemas públicos, privados y de la seguridad social.

La demanda de amplias franjas sociales, en particular de los sectores sumidos en profundos niveles de pobreza y que se ven imposibilitados de poder acceder a una atención de Salud Mental se asocia al rol jugado por los políticos capitalistas gobernantes, quienes desde hace décadas ejecutan el remate y achicamiento de los servicios públicos estatales, produciendo al mismo tiempo, una gran transferencia de recursos públicos en beneficio de las empresas privadas, en un claro proceso de mercantilización, concentración y medicalización de la atención.

En este marco y respecto de la salud mental, desde los ámbitos nacional, provincial y municipal se continúa sosteniendo un modelo de atención asilar, manicomial y hospitalocéntrico totalmente perimido, que afecta muy gravemente los derechos de las personas, regimenta a los trabajadores y profesionales del área y refuerza los mecanismos de control social. Esta política, en lo público, destina un servicio de atención de mínimo y limitado alcance, obviamente para la gran población excluida del consumo y las prestaciones privadas. La fórmula resultante es: “desatención en lo público-exclusión en lo privado”, generando así, gravísimas consecuencias para grandes sectores de la población.

Vale hacer referencia que el país cuenta desde el año 2010, con una Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657), basada en experiencias reconocidas y que establece claros lineamientos respecto a un más que necesario cambio de paradigma de atención de los padecimientos mentales, que implica pasar de un modelo manicomial a otro de plenos derechos, inclusivo y comunitario. Esta ley nacional, al igual que la Ley 448 de Salud Mental de CABA (sancionada en el año 2000), pese a los años transcurridos, no han sido cabalmente implementadas, producto de una asociación entre los gobiernos que las incumplen y las corporaciones (médico-psiquiátricas-laboratorios) que las desconocen e impiden sus aplicaciones, para seguir conservando sus intereses hegemónicos profesionales y mercantilizantes. La burocracia sindical, que opera como un lastre para la autonomía política de los trabajadores de la salud, se plegó a la línea manicomial –en algunos casos hasta impulsándola o jugando un rol empresarial. Por añadidura, esta situación como un todo afecta también a las disciplinas y profesiones “no médicas”, descalificándolas como parte de un criterio de atención interdisciplinaria y lesionando sus derechos. Vale como ejemplo, en CABA, la absurda exclusión de enfermería y otras disciplinas de la carrera profesional, ejecutada por el gobierno larretista y avalada por la corporación Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad. Este hegemonismo es el sostén del modelo “biomédico” imperante en todo el país, cuyo criterio reduccionista impacta por su abordaje acotado, en la atención de las poblaciones.

La otra cara de esta realidad es la situación de los trabajadores y profesionales del área. En complemento con la política de destrucción de la salud mental pública los servicios están atravesados por falta de personal, ausencia de pase a planta de los mismos, reducción de las residencias y concurrencias, salarios por debajo de la línea de pobreza. Algo similar sucede con prestaciones privadas, particularmente con prepagas y obras sociales, que bajo la figura del “monotributo” precarizan a quienes se desempeñan en la atención de salud mental. En particular este ataque a las condiciones salariales y laborales de lxs trabajadores se ha agudizado en los últimos años, producto de las exigencias del acuerdo con el FMI, que, tanto como antes ejecutaba Macri, ahora lo vienen haciendo el gobierno de Alberto, Cristina y Massa.

Los gobiernos provinciales y nacionales cuentan con el aval y apoyo de las burocracias sindicales: ya sea avalando paritarias a la baja, reformas antiobreras en convenios colectivos o directamente, como bien ha instalado el movimiento de precarizados en salud y educación, el ajuste que las propias direcciones burocráticas establecen en las obras sociales por ellas dirigidas.

No hay que dejar de mencionar la articulación que tienen estas políticas de ajuste en la atención de salud mental pública con las universidades. En particular, la Universidad de Buenos Aires, y su rol en CABA. Atrás de la reducción de concurrencias de salud mental hay un fuerte acuerdo por el negocio del perfeccionamiento posgrado entre el gobierno de Juntos por el Cambio (ayer Macri, hoy Larreta), la burocracia de Médicos Municipales (Carlos Rojo) y quienes dirigen las carreras de las Facultades.

Gracias a este achique y ajuste que sufre la atención pública y de obras sociales, la demanda de atención en salud mental no puede ser respondida, en un momento en el cual se hace imperioso dar respuestas a diversos requerimientos, resultado del deterioro social, económico y laboral que padece la población trabajadora. Como era de esperar, las franjas de población que padecen un mayor nivel de violencia, discriminación y humillación social son también las que tienen menor posibilidad de acceso, o hasta encuentran la negativa a la atención. La violencia de género y hacia el colectivo lgtbiq+ es notoria por sus efectos subjetivos y debe ser atendida en primerísimo orden. Es imperioso desterrar definitivamente las perimidas “terapias de conversión” y los tratamientos que revictimizan el sufrimiento psíquico.

Otros de ellos, que requieren una respuesta urgente, incluyen la violencia escolar y la situación que atraviesan nuestros jóvenes, que en los casos más extremos se expresa en el suicidio adolescente; el consumo problemático de alcohol y distintas sustancias psicoactivas que recorre no solo a la juventud sino también a la población trabajadora, las consecuencias del quiebre subjetivo producto de la vulnerabilidad social. Es necesario adecuar los plazos y recursos para garantizar el acceso a la salud mental, lo cual se contrapone con la lógica mercantil imperante, que estipula tratamientos de costo prohibitivo y largas esperas que nada tienen que ver con el padecimiento de quienes sufren.

Los gobiernos nacionales, provinciales, distritales y municipales, en franca violación de la legislación vigente, son responsables de la lógica manicomial imperante en el país, que mantiene “detenidxs”, es decir, privados de sus derechos, a cerca de 20.000 personas internadas en 162 neuropsiquiátricos públicos y privados (clínicas psiquiátricas), con promedios de 12 años de encierro. En manos de los gobiernos peronistas y macristas, la letra de la ley fue vulnerada, desestimada o directamente interpretada en su contrario, como el recordado intento de Mauricio Macri por convertir el predio hospitalario en Barracas en la nueva jefatura de gobierno, sin ninguna sustitución de los dispositivos estipulados.

Ningún gobierno ha sustituido gradualmente el modelo manicomial, mediante la creación de efectores, servicios y dispositivos de salud mental desplegados en la comunidad y asimilados en el marco de la Atención Primaria de la Salud (APS).  El índice oficial sobre las personas internadas no incluye las miles (en su mayoría jóvenes) que se encuentran en las denominadas “comunidades terapéuticas”, dispositivos privados destinados a atender a quienes atraviesan y padecen consumos problemáticos (adicciones). Estas instituciones, que en su gran mayoría no cuentan con las habilitaciones correspondientes ni supervisiones, son el epicentro de graves transgresiones a los derechos humanos y en ellos, continuamente ocurren muertes por siniestros y suicidios. Esto pone en evidencia que los consumos problemáticos han tomado una dimensión e impacto en la sociedad, que el Estado (que por un lado es cómplice con sus estructuras para el despliegue del narcotráfico y por otro, cínicamente reprime al consumidor) no atiende y se desresponsabiliza de dar respuestas terapéuticas en el sistema público. Como contrapartida, destina recursos públicos para financiar y subsidiar la atención en el sistema privado, mediante una red de comunidades y granjas terapéuticas, tuteladas por la Sedronar y que en gran parte dependen de cultos religiosos, en cuyas instituciones se aplican terapéuticas represivas, moralistas y culpabilizantes. Tampoco cuentan con equipos interdisciplinarios, tal como se establece en la Ley Nacional de Salud Mental.

Al constante achicamiento de los sistemas públicos de salud-salud mental, devenido de la política de ajuste económico para el pago de la fraudulenta deuda con FMI y la brutal caída del reparto de la riqueza para las trabajadoras y los trabajadores, producto del accionar entreguista del gobierno nacional en beneficio de los sectores concentrados de la economía, debemos sumar el acelerado proceso de mercantilización de la salud-salud mental. Por el lado del sistema privado, las empresas de medicina pre-paga (que concentran también la atención de obras sociales) brindan una atención selectiva y limitada, sólo al alcance de un sector social con alta capacidad de consumo. Esta mercantilización convive con la lógica manicomial, que sostiene discursos de discriminación, prejuicios y segregación, acentuando el histórico carácter clasista de la ideología asilar: “las personas están internadas más por pobres que por locos” (Enrique Pichón-Riviere).

La atención se reduce sistemáticamente en base a una especulación en costos y ahorros, que el gobierno nacional comparte y promueve. Mes tras mes son autorizados nuevos aumentos, además de jugosos subsidios y derivaciones, que constituyen una transferencia indirecta de los bolsillos del trabajador a las grandes empresas y lobbies que contralan las prepagas. Los aumentos –por encima de la inflación- no devienen en mejoras al servicio, sino que son desviados y fugados por las patronales. Las cámaras empresariales del sector se han negado a cualquier piso mínimo de atención, tanto para afiliados como para la población general, política que se sostuvo durante la emergencia de la pandemia del Covid-19 y en sus fases posteriores de pospandemia, con el consabido arrasamiento subjetivo. Asimismo, el sistema privado es reconocido por la precarización que somete a sus trabajadores, además de trabas para su organización sindical y la defensa de sus derechos.

Gobiernos capitalistas, burocracias sindicales y corporaciones médicas

La persistencia en nuestro país del modelo manicomial, retrógrado y alienante, se oculta en el entrelazamiento y complicidad de los gobiernos de turno con las burocracias sindicales y profesionales de los neuropsiquiátricos y colonias, la corporación médica-psiquiátrica y esta a su vez, apoyada por la poderosa industria farmacéutica. Cabe aclarar que cambiar el “status quo” de la salud mental en nuestro país, apunta a la sustitución (que no debe confundirse con adecuación, transformación o refuncionalización) de las instituciones asilares públicas y privadas, a los efectos de restituir la subjetividad arrasada de miles de personas internadas, aplicando políticas concretas y legales, considerando para ello, el nivel presupuestario necesario y el abordaje interdisciplinario, intersectorial y comunitario. El abordaje debe ser clínico y en gran escala, social, mediante la puesta en funcionamiento de salas de internaciones breves en hospitales generales, centros de salud mental, casas de medio camino, residencias protegidas, viviendas en la comunidad (no dentro de los manicomios), dispositivos de atención domiciliarios, emprendimientos sociales y otros dispositivos.

Es muy importante aclarar que el objetivo político-sanitario anti-manicomial, no se reduce solamente a la supresión de las instituciones manicomiales, sino que debe proyectarse el funcionamiento de un sistema de salud mental integral, que atienda el amplio espectro de padecimientos mentales que se manifiesta y se profundiza en la población. En el presente y máxime después de la pandemia atravesada, han aumentado los niveles de padecimientos en número y formas diagnósticas. Resulta muy crítico y grave, la desatención de los consumos problemáticos, suicidios, violencia de género, abuso infantil y el maltrato a adultos mayores, entre otros cuadros.

Desde la perspectiva de las trabajadoras y trabajadores del campo de la salud mental, se observa la direccionalidad gubernamental y corporativa obligando a sostener un modelo retrógrado de atención, que resulta indigno no sólo para las personas internadas, sino también hacia quienes trabajan en las instituciones. Las diferentes disciplinas que representan, resultan desvirtuadas por tener que someterse a un modelo custodial propiciado desde el Estado y sus instancias de gobierno. También resulta necesario destacar la inadecuada formación y capacitación que se brinda en universidades, centros profesionales y en las mismas instituciones hospitalarias, contrarias a los requerimientos de un modelo de salud mental comunitaria. Resulta absurdo seguir formando en una institución bajo los arbitrios de un modelo perimido de asistencia. Residentes y concurrentes, no sólo sufren avasallamientos y falta de reconocimientos salariales, sino que también están obligados a formarse en un modelo que transgrede los derechos humanos de las personas asistidas.

Durante la pandemia, los gobiernos profundizaron su pacto con las corporaciones médicas hegemónicas (Apsa, Aap, Amm, etc). Esto conllevó la exclusión de cualquier política interdisciplinar, el resguardo del lucro de los centros privados, la sobrecarga de los trabajadores del área. Solo el Partido Obrero y el Frente de Izquierda denunció la ausencia de expertos en Salud Mental dentro del equipo asesor del presidente. La inclusión tardía de un miembro del área entre los asesores no derivó, sin embargo, en la aplicación de ninguna política específica. En la actualidad, bajo el relato de adecuar a los profesionales a las nuevas emergencias subjetivas –desatendidas desde el gobierno- se está promoviendo un sistema de “especializaciones” compulsivas que plantean, en los hechos, el fin de la habilitación profesional de los títulos de grado del área. Estamos ante un nuevo negocio del poder psiquiátrico, las instituciones educativas y los colegios de psicólogos, revestido con una pátina progresista, que refuerza la mercantilización en educación y salud.

El entrelazamiento gubernamental directo con los grupos empresariales, de poder y corporaciones manicomiales muestra que la integración de numerosos referentes del campo de la desmanicomialización, al Estado, más precisamente a los gobiernos kirchneristas-peronistas, es un callejón sin salida. Los pronunciamientos en favor de una política de derechos en salud mental en boca de funcionarios de secretarías y ministerios no pasa de lo meramente declarativo y nunca se ha operativizado. Lejos de potenciar la conquista de derechos, la idea de “pelear desde dentro” implicó la subordinación de un sector del activismo a la política manicomial del Estado.

El colmo de este absurdo es la campaña del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, proclamando que está en marcha un proceso de desmanicomialización de los neuropsiquiátricos de la jurisdicción, cuando la realidad muestra, de que se trata de un burdo “maquillaje”. Debe quedar claro que la ley nacional de salud mental, establece la sustitución definitiva de los neuropsiquiátricos y colonias, por un conjunto de servicios y dispositivos clínicos y sociales desplegados en la comunidad y no dentro de los manicomios. En estos días la ministra de Salud de Nación, anunció con todas las pompas el inicio de las obras del “primer barrio inclusivo para personas con padecimientos mentales”, en los terrenos de uno de los más grandes manicomios del país, la Colonia Montes de Oca. Aparte de contrariar lo establecido por ley, este supuesto “avance”, implica reforzar la discriminación y segregación social, en tanto se va a identificar dicho barrio como un “gueto” donde residen locas y locos. Esta misma ministra, hace más de un año, inauguró un nuevo neuropsiquiátrico de 90 camas en la provincia de Santiago del Estero, contraviniendo gravemente la ley, que establece la prohibición de crear nuevos manicomios.

En el ámbito educativo tampoco se han brindado respuestas a las problemáticas de estudiantes ni de la docencia y sus trabajadores. Fue necesaria una imponente movilización de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, acompañada por los gremios combativos, para conquistar el derecho a tener EOE y una atención psicológica aún insuficiente. El reclamo se extiende al nivel superior, con un aumento de casos de emergencia subjetiva en la UBA y otras universidades, donde no se cuenta con equipos de salud mental ni gabinetes de atención. Tampoco se atiende la problemática de discapacidad en el ámbito educativo, rechazando proveer de la atención y profesionales necesarios para garantizar el acceso de miles de niños a su derecho a la educación. Los prestadores de salud continúan precarizados y fuera de convenios colectivos, peleando por derechos elementales como el pago a mes vencido. No existe ningún programa ni proyecto para dar respuesta al desgaste e impacto psíquico en trabajadores de salud y educación. ¿Quién cuida a quienes cuidan?

La situación actual, tomada como un todo, ha envalentonado a las corporaciones hegemónicas, que están decididas a ir por más. Su aspiración es un nuevo rescate gubernamental del sistema privado -tras una política de desinversión crónica- y la profundización de la lógica manicomial, haciendo énfasis en la regimentación de las direcciones de hospitales y centros de salud. Estas medidas, levantadas abiertamente por Juntos por el Cambio, no despertaron, sin embargo, una oposición de los gobiernos kirchneristas-peronistas, tanto provinciales como nacional. Por el contrario, estamos ante una carrera derechista por quién aplica las medidas más reaccionarias.

La izquierda y la salud mental

El debate sobre salud mental también se refleja en los vaivenes de la izquierda y hasta en los debates dentro del Frente de Izquierda. Mayoritariamente, se practica un abordaje superficial

del problema. En algunos casos, esto implica que se evita señalar la responsabilidad política del kirchnerismo-peronismo en el sostenimiento del modelo médico hegemónico. Es necesario colocar en primer plano que el planteo integral de la izquierda para la salud mental, que parte de un cuestionamiento al accionar transversal de todos los gobiernos y a su raíz capitalista –por lo tanto, de intereses sociales específicos y de lucro con la salud. Si la izquierda se autoconfina a denunciar los límites de las iniciativas puntuales de tal o cual ministerio o secretaría, corre el riesgo de quedar asimilada a la gestión de la miseria, mientras perviven todas las prácticas y grandes entramados económicos y de poder que han conllevado un gran sufrimiento subjetivo a nuestro pueblo. Se trata de un doble problema: focalizar en elementos aislados avala el cuadro general de mercantilización, a la vez que deshabilita a la izquierda para capitalizar la bronca y descontento popular con estas políticas.

Para dar respuesta a las demandas de atención a gran escala de la clase trabajadora, la izquierda debe vincularse deicidamente con los movimientos populares y los sectores más precarizados, como los luchadores del movimiento piquetero, el gigantesco sector de trabajadoras de casas particulares, el sindicalismo combativo que busca más herramientas para plantarse contra la patronal y la alienación del trabajo.

Otra tarea de la izquierda, de las más apremiantes de la desmanicomialización hoy, es la pelea por el tratamiento en caso de consumo problemático, que todos los gobiernos mantienen fuera de la esfera de Salud –ni hablar de tratamientos comunitarios en la cercanía del paciente- alentando la proliferación de manicomios privados en manos de iglesias y ONG. La lucha contra el narco en los barrios, que solo el movimiento piquetero enfrenta en las calles, debe ser acompañada con una política integral de atención en salud mental.

La izquierda que se planta, la lista 136-B Unidad de Luchadores y la Izquierda, con Gabriel Solano como precandidato a presidente y Vanina Biasi a jefa de gobierno de CABA, es la única lista integrada por trabajadores del campo de la salud mental, que hablan de salud mental, denuncian y proponen acciones concretas.

Medidas urgentes:

– Efectivizar un Plan de Salud Mental Nacional, con la participación de los trabajadores y profesionales del sistema público y privado de las provincias y sus organizaciones. Su unidad de aplicación coordinar y centralizar los recursos existentes, focalizado y liderado en el sistema público.

– Implementación efectiva e integral de las Leyes de Salud Mental N°448 (CABA) y N°26.657 (Nación).

– Partida presupuestaria del 10% del total de Salud a Salud Mental, acompañada de una política de transformación del sistema público hacia un marco de Atención Primaria de Salud (APS).

– Establecer la creación de nuevos efectores, servicios y dispositivos -además de poner en funcionamiento los existentes- siguiendo los principios de territorialidad y accesibilidad, a fin de superar el modelo hospitalocéntrico y manicomial.

– Creación de CAPS, Centro de Atención Psico-Social , atención de consumos problemáticos (adicciones), con equipo base compuesto por psicólogx–psiquiatra–trabajador/a social, en comunas, barrios, territorios, asentamientos, en el marco del sistema de salud mental comunitaria. Derivación a Hospitales Generales por casos de internación.

– Creación de Unidades Hospitalarias de Desintoxicación (UHD) para consumos problemáticos – En todos los hospitales generales – Trabajo en Red con el conjunto de efectores, servicios y dispositivos de Salud Mental Comunitaria, con una eficaz política de reducción de daño.

– Desarrollar un urgente estudio epidemiológico de salud mental con criterios diagnósticos (no ligados al DSMV). Relevamiento y fiscalización de los efectores y servicios públicos, privados y obras sociales.  Matriculación profesional controlada por el Estado nacional y provincial.

– Proyectar el sistema de atención público y privado hacia la atención integral de las personas afectadas aún por los efectos de la pandemia y la grave situación social, mediante todos los recursos públicos y privados disponibles, en particular creando dispositivos de atención domiciliaria y respuesta rápida (SAME salud mental).

– Concretar un sistema de atención que dé respuestas dignas a las personas internadas en los neuropsiquiátricos públicos y clínicas psiquiátricas privadas, dando respuestas a todo el espectro de padecimientos mentales, evitando la sobre-medicación, institucionalización y medicalización imperante, hasta que se cumplan los objetivos previstos en la ley nacional de salud mental e incumplidos a la fecha. Desinstitucionalización, externaciones asistidas, reinserción social.

– Centrar la política y las acciones de salud mental en las personas y no en las patologías, promoviendo el abordaje integral y evitando los rótulos, que nutren la discriminación y segregación de quienes sufren y padecen, y fragmentan el sistema de atención, incluyendo los consumos problemáticos y adicciones.

– Avanzar y defender, en el marco de los derechos laborales de trabajadoras/es, respecto de salarios y condiciones de trabajo. Ampliar el cupo de residencias y concurrencias, reconociendo a estas últimas su remuneración. Por el pase a planta bajo convenio colectivo y salario en base a la canasta familiar. Acceso a los concursos para conducción de efectores y servicios, por parte de todas las disciplinas profesionales de Salud Mental.

– Aumento del nomenclador de prestaciones de discapacidad según canasta familiar; regulación de los pagos. Basta de precarización por los Centros y Fundaciones, pase a planta bajo convenio. Reconocimiento del acompañamiento terapéutico y todas las disciplinas. No al lucro de obras sociales y prepagas con las partidas de discapacidad. Modificaciones en el PMO (Programa Médico Obligatorio) respecto de las prestaciones en salud mental.

– Restituir el área de consumos problemáticos a la órbita de salud mental, para terminar con el lucro privado y la lógica manicomial que sustentan. Auditoría de la totalidad de los dispositivos (comunidades y granjas terapéuticas). Vinculación con las organizaciones populares de cada territorio para favorecer la integración comunitaria del paciente y contribuir a frenar la violencia del narcotráfico que es un problema de Seguridad, en tanto la atención de las adicciones/consumos problemáticos es un tema de Salud/Salud Mental.

– Facilitar y asegurar la intervención y decisión de la persona con padecimientos mentales y su familia, en el marco de su tratamiento clínico y social.