La escalada de contagios de Covid-19, por la proliferación con fuerza de la variante Ómicron, está dejando como saldo un colapso de un sistema sanitario que no da abasto. La saturación del sistema sanitario tiene su origen en el desmantelamiento de los “refuerzos” del Estado, así como en la desinversión en materia de salud, en medio del ajuste fondomonetarista aplicado por el gobierno.

A diferencia de las etapas anteriores, con un alto índice de mortalidad y ocupación de Unidades de Terapia Intensiva, ahora el sistema sanitario se encuentra al borde del colapso por la demanda exponencial de testeos y consultas debidos a la tercera ola del coronavirus.

Las situaciones más graves se registran en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y CABA, donde se concentran más del 65% de los casos de contagios, y donde en los últimos días se han visto extensas colas interminables en las puertas de los centros de salud privados, hospitales públicos y lugares de testeo.

Esta situación ha implicado la saturación de los servicios de atención telefónica y las guardias hospitalarias, cuyo personal debe combinar la atención de una demanda excepcional y creciente, junto a la cobertura sanitaria por otras enfermedades, padecimientos y/o situaciones ajenas al Covid-19.

Otro rasgo distintivo de esta situación es que el personal de salud no solo se encuentra superado por dicha demanda sanitaria, sino que es una de las principales víctimas de los contagios por su alto nivel de exposición, los que implica una baja las y los trabajadores disponibles y un mayor agravamiento de la crisis en curso.

Para darse una magnitud de la situación, según lo informado por una fuente consultada por el medio Infobae, “una de cada dos personas que van a hisoparse tiene Covid-19″ (Infobae, 4/1).

Del vaciamiento sanitario a la descentralización privada

Esas circunstancias han originado todo tipo de denuncias. En Córdoba, los sindicatos de los trabajadores de la salud señalan que los encargados de los centros de salud, vacunación y testeo obligan al personal a seguir trabajando, aunque se trate de contactos estrechos, lo cual incluso implica alentar a la creación de focos de contagio.

En Mar del Plata, el personal de salud se vio desbordado por las personas que acudían a hisoparse, lo cual culminó en ataque de “bronca” de los presentes, mal dirigido, con agresiones físicas hacia la primera línea de combate contra el Covid-19. Cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene de desmantelar gran parte de la capacidad sanitaria instalada para combatir la pandemia, y no arbitro medios suficientes para prevenir estas situaciones, con todas las alarmas sanitarias prendidas.

Para “descomprimir” la presión sobre los centros sanitarios el gobierno nacional difundió una incomprensible tabla de “autoaislamiento”, para que cada persona se “organice” en función de un autodiagnóstico de su situación.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, reclama que se apure la habilitación de los “autotest” comerciales para que cada uno pueda “auodiagnosticarse”, aunque esto no le sirva para viajar o certificar una enfermedad laboral. Además, el costo de tales insumos correrían por cuenta de cada particular, sin determinarse aún si las obras sociales y prepagas se harían cargo total o parcialmente de los mismos. De todas formas, un caso positivo requeriría, a su vez, un chequeo con un profesional.

Estamos ante las consecuencias de la “improvisación” oficial y de la política de ajustes y recortes sobre la salud pública y el vaciamiento del sistema sanitario de conjunto. Desaturar la atención sanitaria, para ofrecer una respuesta adecuada a la población, reclama la ampliación inmediata de la planta de trabajadores de la salud y de los centros de atención, partiendo de la reapertura de los centros cerrados previamente y durante la pandemia. Así como el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados y el cumplimiento estricto de las licencias y el aislamiento correspondiente a cada trabajador.

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