El Ministerio de Salud de la Nación anunció la actualización del Vademécum de Oncología y, junto a ella, el recorte de al menos 14 medicamentos con respecto al listado de 2019.

El Vademécum es una herramienta que contiene la lista de principios activos más utilizados en el tratamiento del cáncer, sus presentaciones y su forma de prescripción y administración. En base a ella se definen los medicamentos que serán distribuidos por la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria a aquellos beneficiarios con cobertura pública, además de funcionar como una guía de los medicamentos que deben ser cubiertos por obras sociales y prepagas.

La indignación se hizo sentir en las redes sociales porque dentro de la lista de medicamentos recortados se encuentra la lenalidomina, fármaco sumamente utilizado para el tratamiento de mieloma múltiple y con el que se combinan gran parte de los medicamentos para dicha patología, y el axitinib, para el tratamiento del carcinoma de células renales avanzado.

No es la única dificultad que tienen los pacientes con cáncer para acceder al tratamiento. Según la información difundida por All Can de un estudio sobre 400 pacientes argentinos, la demora promedio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico es de 6 meses, aunque suele ser menor para quienes tienen mejores coberturas de salud. En cambio, aquellos que se atienden en el sistema público suelen tardar meses en conseguir un turno para estudios preventivos y de diagnóstico.

A este recorte se suman otros en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, donde los trabajadores denunciaron que los centros de salud deberán hacerse cargo de la compra de ampollas de surfactante, irremplazables para el tratamiento de la dificultad respiratoria en el recién nacido, debido a que el Ministerio de Salud de la provincia no renovó la licitación por el medicamento. Según lo difundido, cada una tiene un costo de $25.000.

Semanas antes y luego del fracaso del congelamiento de precios de medicamentos, el gobierno difundió los valores de referencia de 85 principios activos para 1.200 presentaciones. Además de ser una lista escasa y limitada, la resolución fue todo un guiño a las empresas de la medicina privada que deberán hacerse cargo solo del 70% del valor de referencia. Así, si un medicamento tiene un precio de $100, la prepaga abonará $70; ahora, si en la farmacia deciden aumentar, la diferencia no tendrá cobertura y correrá por cuenta del usuario.

En realidad, más que intentar un control sobre los precios, la resolución legaliza los aumentos que ya se estaban dando de manera arbitraria y los transforma en un esquema escalonado, demostrado en el hecho de que estarán vigentes solo durante enero. Un aumento más que se suman a los tarifazos ya anunciados para la luz y gas de al menos el 20% y que repercutirán en la calidad de vida y el bolsillo de toda la clase trabajadora.

El telón de fondo es el ajuste sobre todo el sistema sanitario y de coberturas que el gobierno viene llevando adelante en pos de cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Todo indica que la situación se agravará porque el presupuesto para este año contiene un importante recorte en comparación con el anterior, y no están consideradas partidas extras para la pandemia, por lo que todo saldrá del mismo presupuesto de salud.

Nos sumamos al reclamo de profesionales y trabajadores de la salud por un aumento de presupuesto para salud, así como por la centralización de todo el sistema para garantizar una cobertura que esté al alcance de toda la clase trabajadora, que sea única y de calidad. También es necesario reclamar por que se retrotraigan los precios de los medicamentos y se abran los libros de las empresas farmacéuticas para que haya una evaluación real de los costos de la producción de los mismos.

Junto con ello, impulsar el desarrollo nacional de la industria farmacéutica a través de la estatización de la misma bajo gestión de los trabajadores, de manera que la producción esté al servicio de las necesidades sociales y no de la ganancia de las empresas. Para financiar este programa debemos romper con el FMI y cesar los pagos de la deuda usuraria e ilegitima, y destinar los recursos del país en base a las prioridades obreras.

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