Salud
16/9/2026
En el Presupuesto 2027 la motosierra otra vez apunta contra Discapacidad
Reclamamos la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad, el pago de lo adeudado y su cumplimiento efectivo.
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Mientras que se discute en el Congreso el reclamo de prorrogar la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno presentó el Presupuesto 2027 y volvió a dejar en claro que su prioridad es el ajuste. Para las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sector el proyecto significa un nuevo ataque a derechos conquistados y una profundización de la crisis.
La ley de emergencia que el gobierno incumple
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue conquistada después de una enorme movilización de personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores. La ley reconoce la situación de emergencia y establece medidas mínimas y concretas para sostener el sistema. Pero una cosa es sancionar una ley y otra muy distinta es garantizar su cumplimiento...
Uno de los puntos centrales es la compensación de emergencia para los prestadores, destinada a cubrir la diferencia entre la evolución de los aranceles y la inflación durante el período establecido por la propia ley. El artículo 13 obliga al Estado nacional a financiarla con recursos del Tesoro.
El gobierno habilitó el trámite para solicitar esa compensación, pero esto no resuelve la crisis estructural que atraviesa al sistema. Los prestadores no solo continúan denunciando atrasos, insuficiencia de aranceles y dificultades para sostener los servicios, sino que también denuncian nunca haber cobrado dicha compensación dispuesta por la ley.
Mientras tanto, los aumentos oficiales del nomenclador siguen siendo actualizaciones parciales, sin resolver la pérdida acumulada de los trabajadores y prestadores del sector.
Sin ir más lejos el propio gobierno asumió tener una deuda de 70 millones de pesos con prestadores de Incluir Salud.
Otro punto importante de la ley que continúa sin cumplirse es el acceso a las pensiones no contributivas. Hoy se encuentran en trámite más de 80 mil pensiones, esperando de ser dadas de alta, y no hay respuesta por parte del gobierno sobre cuándo serán resueltas.
La emergencia continúa porque las condiciones que llevaron a su sanción también continúan. Las personas con discapacidad siguen enfrentando dificultades para acceder y sostener prestaciones. Los trabajadores y prestadores continúan reclamando actualización de aranceles y pago de deudas. Las familias deben afrontar gastos que deberían estar cubiertos por el sistema. Y las pensiones siguen siendo insuficientes para garantizar una vida digna.
La ley establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que la pelea que tenemos por delante es conseguir su prórroga hasta diciembre de 2027, junto con el cumplimiento efectivo de todas sus disposiciones:
- el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores;
- la recomposición real de los aranceles;
- el sostenimiento del nomenclador nacional;
- el financiamiento integral de las prestaciones;
- la protección de las pensiones;
- el acceso al trabajo con derechos;
- el fortalecimiento del empleo protegido;
- y el cumplimiento efectivo de todos los derechos establecidos por la legislación vigente.
"Aquí vamos a plantear una vez más el apoyo total a las personas y al colectivo de la discapacidad, exigiendo que se prorrogue la emergencia pero que además el presupuesto 2027 no se apruebe" @rominadelpla diputada @FdeIzquierda desde la Comisión de discapacidad pic.twitter.com/c3q9seWEFM
— Prensa Obrera (@prensaobrera) September 16, 2026
El ataque al nomenclador
Uno de los aspectos más preocupantes del Presupuesto 2027 presentado por el gobierno es la modificación del régimen de aranceles.
El sistema de prestaciones básicas cuenta con un nomenclador nacional que establece valores de referencia. El proyecto oficial propone modificar este esquema y quitarle el carácter que tiene actualmente, habilitando un sistema en el que los valores puedan quedar sujetos a las condiciones de cada obra social o prepaga.
Esto abre la puerta a una mayor fragmentación del sistema, coloca nuevamente a los prestadores en una situación de enorme vulnerabilidad y vulnera derechos básicos y elementales de las personas con discapacidad.
Los trabajadores y profesionales de discapacidad no pueden seguir financiando con sus propios salarios la falta de recursos del Estado y de las obras sociales.
Si los aranceles no alcanzan se cierran instituciones. Si cierran instituciones se pierden puestos de trabajo. Y si se pierden prestaciones se vulneran directamente los derechos de las personas con discapacidad.
Una pensión que castiga el acceso al trabajo
El proyecto de ley de presupuesto también modifica el régimen de pensiones: elimina la compatibilidad vigente entre la pensión y determinadas formas de trabajo registrado. De aprobarse, una persona con discapacidad que consiga un empleo formal podría perder la prestación.
Es una contradicción brutal. Se habla de inclusión laboral mientras se coloca una penalización económica sobre quien consigue trabajo.
No queremos pensiones que condenen a la pobreza ni trabajos que obliguen a renunciar a derechos sociales. Queremos trabajo registrado, salario digno y protección social. El acceso al trabajo no puede convertirse en una trampa para justificar el recorte.
Hoy comienza el debate por la prórroga a la ley de emergencia en discapacidad, pero de aprobarse el presupuesto 2027 que envió anoche el gobierno no hay prórroga que valga. Pretenden derogar y modificar artículos clave de la emergencia, atacando particularmente a las personas que…
— Romina Del Plá (@RominaDelPla) September 16, 2026
Rechacemos el Presupuesto del ajuste
El gobierno pretende que aceptemos que no hay recursos para discapacidad, para educación, para salud o para jubilaciones mientras sostiene una política económica que prioriza el ajuste sobre las necesidades de los trabajadores y los sectores populares. Recursos hay, pero se van en el pago de una deuda fraudulenta.
Desde el movimiento de discapacidad, junto a trabajadores, prestadores, familias y organizaciones populares, tenemos que rechazar que seamos nosotros quienes paguemos el costo del ajuste.
No queremos trabajadores precarizados, ni instituciones al borde del cierre, ni pensiones que condenen a la pobreza, ni que conseguir un trabajo implique perder una prestación. No queremos que el Estado abandone sus responsabilidades y descargue la crisis sobre las familias trabajadoras.
Rechazamos el Presupuesto 2027 porque profundiza el ajuste y avanza sobre derechos conquistados. Exigimos la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y su cumplimiento efectivo.
El 19 de septiembre, salgamos a la calle
La respuesta no puede quedar encerrada en el Congreso ni en los despachos oficiales. Los derechos de las personas con discapacidad y de los trabajadores del sector se defienden en la calle.
Por eso, este sábado 19 de septiembre marchamos desde las 15:30 de Congreso a Plaza de Mayo y en todas las provincias del país en el marco de la Marcha de la Bronca.
Desde cada plaza, desde cada lugar de trabajo, desde cada institución y desde cada organización de personas con discapacidad, hagamos escuchar nuestra bronca.
Por la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el cumplimiento efectivo de la Ley 27.793.
Por el pago de las deudas a prestadores.
Por salarios y aranceles que permitan vivir y trabajar dignamente.
Por pensiones sin restricciones y trabajo con derechos.
Contra la precarización y el ajuste del Presupuesto 2027.
La discapacidad no se ajusta. Los derechos no se negocian. La bronca se organiza y se transforma en lucha.
