Nuevamente Salta es noticia nacional. Esta vez por el escándalo que provocó que una empresa privada, Hemosalta SRL, quiso cobrar $30.000 a una clínica por el plasma con anticuerpos para el tratamiento de pacientes con coronavirus.

Pero esto no fue todo. La misma empresa intentó facturarle el plasma al IPS, la obra social provincial, en $63.000, cuando según el nomenclador el costo del plasma no supera los $5.000. Aunque claro está, debería ser gratuito para todo paciente que lo necesite.

La empresa Hemosalta es de propiedad de Martín De La Arena, un médico que fue denunciado porque desde su lugar de gerente del Hospital Materno Infantil contrató a su propia empresa para prestar servicios para dicho nosocomio. Este escándalo, más la muerte de un niño por una supuesta mala praxis, que De La Arena quiso tapar, lo sacaron de esa gerencia. Sin embargo, fue nombrado director del Centro Regional de Hemoterapia en dos oportunidades durante el gobierno de Urtubey. Desde ese lugar, le dió mayor desarrollo aún a su negocio privado. De La Arena recién dejó su lugar como parte de la planta permanente del estado el 1 de julio de este año, cuando le aceptaron la renuncia, que se hizo retroactiva a febrero.

Este hecho puso al desnudo una crisis entre las camarillas que forman parte del gobierno de Sáenz. El actual ministro de Salud, Juan José Esteban, acusó públicamente a la ex ministra Josefina Medrano de haberse quedado con celulares y computadoras del ministerio y a través de la actual directora de Hemoterpia, acusan a la ex ministra de tener vínculos con De La Arena.

Todo esto viene como respuesta ante la acusación de Medrano en redes sociales de que se está esperando una resolución del nuevo ministro para empezar a facturar el plasma. Como se ve hay una disputa de camarillas por un negocio, el de la sangre y el plasma, que crece como consecuencia de la pandemia. Aclaremos de paso que la actual directora de Hemoterapia, también esta vinculada a la medicina privada que se dedica a las transfusiones.

Pero lo más importante que está detrás de este escándalo y que importa sacar a la luz, es como el vaciamiento de la salud pública alimentó el desarrollo de los negocios de la medicina privada. Los hospitales se han hecho cargo de la atención de las prestaciones que no tienen una facturación importante, quedando el resto en la medicina privada. Incluso dentro de los hospitales muchos servicios están tercerizados, como sigue siendo así en el Materno las transfusiones de sangre, por ejemplo. Los hospitales son todos de autogestión, por eso tienen gerentes y no directores, y son parte de un estado bobo que factura a las obras sociales menos de lo que lo hacen los privados por la misma prestación. Aún así las obras sociales acumulan millonarias deudas con los hospitales, como los $300 millones que le debe el Pami al San Bernardo.

Durante el gobierno de Urtubey se aprobó una ley de promoción, que beneficia a la inversión de la salud privada particularmente la de alta complejidad, donde el estado devuelve en créditos fiscales hasta el 75% de lo invertido. Apoyados en esta ley, los diputados de Sáenz quisieron hacer aprobar un proyecto para que el estado le de tierras fiscales a un instituto de medicina privada para que se instale en Rosario de La Frontera, como ya lo hizo en otras localidades, lo que desató otro escándalo. En nombre de que no hay atención de alta complejidad en los hospitales, el estado en lugar de invertir en ellos, subsidia a la medicina privada, que tuvo un desarrollo meteórico en los últimos años.

Sáenz ha dado continuidad a esta política a pesar de sus quejas de haber recibido una salud vaciada. Si hubiera tenido una política contraria, no estaría hoy en el medio de una disputa de camarillas por el negocio del plasma, mientras el Covid-19 está arrasando con la vida de los salteños.

El compañero Claudio Del Plá ha presentado un pedido de informes en la Cámara de diputados para que se destapen todos los convenios que se han hecho con la medicina privada en medio de la pandemia.

Presente pedido informes sobre todos los contratos firmados por el gobierno con la medicina privada durante la pandemia. pic.twitter.com/AxFNdd9LTR

— Claudio Del Plá (@ClaudioDelPla) September 29, 2020

Desde el Partido Obrero hemos batallado siempre contra el modelo privatista de la autogestión que impuso Romero y que continúa hasta hoy. El actual ministro de Salud es una pieza clave de este sistema que es el primer pasa en la privatización. Dimos una lucha tenaz contra el gerenciamiento privado del Hospital Materno infantil que en su momento estaba en manos de una fundación oscurantista española. Tenemos una trayectoria en la lucha para defender una salud pública universal y gratuita.

Desde el mes de marzo apenas iniciada la pandemia hemos presentado diversas iniciativas parlamentarias para contribuir en la lucha de los trabajadores de la salud y de la población en general, para atender la pandemia, como el proyecto de testeos masivos para el personal de salud y el fin de la precarización laboral, el proyecto por la centralización del sistema de salud publica y privada bajo un solo comando estatal y bajo control obrero, y el proyecto por el impuesto a las grandes ganancias y fortunas.

El control popular de las medidas sanitarias y los fondos que se aplican a ellas resulta indispensable para proteger la salud y evitar los negociados macabros como la venta del plasma. Todos estos planteos ayudan a dotarnos de un programa para ganar la calle en la lucha por su conquista en el camino hacia una transformación social profunda que termine con el régimen oligárquico que gobierna Salta y que solo puede ofrecer más padecimientos al pueblo de Salta. El régimen de los Romero, Urtubey y Sáenz es un régimen agotado que debemos superar.

https://prensaobrera.com/salud/cuarentena-presion-patronal-y-aumento-de-contagios/