A casi dos años de la detección de primeros casos de un tipo de neumonía desconocida en Wuhan, China, y de su declaración como pandemia en marzo de 2020, los avances científicos acerca del coronavirus, su diagnóstico, prevención y tratamiento tuvieron un crecimiento exponencial. Nunca en la historia de la humanidad se desarrollaron progresos de estas características con tal velocidad y eficacia. Ahora, la ciencia no solo nos propone vacunas con diversos mecanismos, sino también fármacos para tratar la enfermedad y reducir considerablemente el riesgo de que un paciente sea hospitalizado y muera.

El mes pasado, la compañía estadounidense MSD, también conocida como Merck & Co, junto a Ridgerback Biotherapeutics, una empresa de biotecnología, presentaron al molnupiravir, un fármaco en forma de píldora que reduciría el riesgo de que una persona infectada por el coronavirus deba ser hospitalizada en un 50%. De hecho, según lo difundido en medios, la droga fue tan eficaz para combatir el virus que un comité de ética le pidió a los investigadores que detuvieran en ensayo de la Fase III, una de las últimas antes de su aprobación definitiva, porque consideraron que no era ético darle placebo a la mitad de los participantes cuando ninguna de las personas que recibieron la pastilla murieron ni sufrieron de efectos secundarios de relevancia, que fueron de leves a moderados.

El antiviral, que actúa sobre la polimerasa viral, es decir atacando la maquinaria de replicación del virus, ya fue aprobado por la Unión Europea y se espera que prontamente suceda lo mismo en Estados Unidos con el visto bueno de la FDA. Incluso hay quienes proponen que el tratamiento podría servir para evitar el contagio de quienes estuvieron en contacto estrecho con un infectado, lo que cambiaría drásticamente la dinámica de evolución y contagios de la enfermedad.

Lo sorprendente es que no es el único fármaco desarrollado. La empresa farmacéutica Pfizer, hoy en día el mayor comerciante de vacunas contra el coronavirus del mundo, anunció a inicios de noviembre su propia píldora, el Paxlovid. Este se administra combinado con un conocido medicamento contra el HIV, el ritonavir, que le permite permanecer por más tiempo en la circulación y reduciría el riesgo de hospitalización y muerte en un 89% en adultos con factores de riesgo. Al tener un mecanismo de acción distinto al del molnupiravir -actúa sobre la proteasa viral- podrían administrarse conjuntamente, y todo indica que dicho cóctel de fármacos será uno de los flancos de estudio de la terapia contra el Covid-19 en los próximos años. Este tipo de terapia presenta una ventaja superlativa: al combinarse ambas opciones, hay menos posibilidades de que el virus desarrolle resistencia contra una única línea de ataque, bloqueando el problema de la aparición de nuevas cepas.

Esto es una de las cuestiones que más entusiasma a los investigadores, sobre todo teniendo en cuenta el desenvolvimiento de la pandemia en los últimos meses. Allí donde hay muchos contagios surge una nueva variante y la amenaza de que esta sea más contagiosa y resistente a las vacunas actuales. Es lo que sucedió con la variante Delta, responsable del desastre sanitario europeo, y lo que podría suceder con la nueva variante Ómicron, la cual fue reconocida el viernes pasado por la Organización Mundial de la Salud como una cepa de relevancia debido a las más de treinta mutaciones en su genoma con respecto a la original.

Sin embargo, no está garantizado el acceso a toda la población que requiera el fármaco por los altos precios que se manejan. Merck ya anunció que podría rondar unos 700 dólares en países de bajos ingresos, y Pfizer, al ser su competencia, podría poner precios similares. Médicos Sin Fronteras ya pidió a la empresa en un comunicado que clarifique cuáles serían los precios del tratamiento, lo cual es oportuno teniendo en cuenta la especulación capitalista que se dio alrededor del negocio de la vacuna. Para el caso de las mismas, las empresas se hicieron con grandes ganancias a través del monopolio de su comercialización gracias a las patentes que les permitieron negociar precios y entregas diferenciales según su conveniencia, todo esto bajo el marco de los contratos confidenciales, la garantía de compra por parte de los Estados y, en algunos casos, por el financiamiento estatal.

Para el caso de los medicamentos, Pfizer adelantó que “cederá” la patente para producir el genérico de su droga y abastecer a 95 países de bajos ingresos a través de la iniciativa Unitaid, socia de la Organización Mundial de la Salud, mientras el coronavirus sea considerado de emergencia internacional. Creada en 2006, la iniciativa Unitaid cuenta con decenas de países asociados y varias fundaciones y corporaciones que se encargan de financiar y decidir acerca de las estrategias de tratamiento de enfermedades pandémicas y endémicas alrededor del globo y, sobre todo, establecer acuerdos de comercialización y compra entre laboratorios y gobiernos. Es decir que, fundamentalmente, facilita los contratos. Bajo este escenario, Pfizer espera penetrar en los mercados emergentes como no logró hacerlo con la vacuna -que sí logró colocar en los países centrales- ya sea con sus propios laboratorios o a través de la transferencia de tecnología. Además, le permite tener un negocio redituable para cuando el coronavirus ya no sea una emergencia, manteniendo bajo su monopolio la vacunación anual y el tratamiento de los infectados. De hecho, justamente porque las empresas y los Estados utilizaron la pandemia como un rubro de negocios se impuso una vacunación desigual en los distintos países y regiones, lo que provocó la aparición de nuevas cepas.

En este escenario, la competencia entre laboratorios marcará la próxima etapa de la pandemia. No es menor que el acuerdo con Unitaid se haya producido después de que cerrara una operación similar con Merck & Co, lo que prepara el terreno para la futura competencia y disputa por el mercado farmacéutico que se viene. Pero, al igual que con las vacunas, no hay garantía de acceso a la población, ni siquiera para los futuros países productores. Si de algo servirá el acuerdo es para asegurar el aterrizaje de otros laboratorios y sus ganancias que, de manera semejante al resto de los desarrollos para enfrentar la pandemia, serán abultadas.

Esto también implica un freno para otros tantos desarrollos científicos que se ven expulsados de la contienda en tanto no poseen el apoyo estatal con el que cuentan las grandes farmacéuticas. El caso argentino expone este problema, donde la falta de presupuesto para ciencia y técnica generó que los prometedores proyectos de vacunas encabezados por institutos y universidades nacionales se vean obligados a asociarse con empresas privadas para ser financiados, lo que significa que se podrán comercializar dichos avances y recolectar las ganancias de los mismos. Por su parte, el Estado subvenciona a los privados ya que paga la mayor parte de los salarios de los científicos e investigadores, proviniéndole a las empresas de mano de obra barata.

Los propios límites del mercado capitalista llevan al fracaso las iniciativas de ponerle un fin a la pandemia. Lo que podría ser un desarrollo social de un bien común como la tecnología y la ciencia termina quedando en una feroz competencia capitalista que, finalmente, le pone un freno a cualquier avance científico y a la llegada de los trabajadores a dicho avance, quienes son a fin de cuentas sus propios desarrolladores. Es por eso que el planteo de liberación de patentes, licencias de fármacos, tecnología e insumos está directamente atado al reclamo por mayor presupuesto para salud, ciencia y técnica, de manera que pueda llevarse adelante proyectos de vacunas nacionales y medicamentos en todas las plantas del mundo con capacidad, además de reacondicionar las que sean necesarias.

Junto a eso, la centralización de todo el sistema sanitario público y privado, incluyendo a los laboratorios, hospitales y centros de investigación que garantice igualdad entre quienes lo utilicen y estatización de la industria farmacéutica bajo control de sus trabajadores para impulsar el desarrollo nacional del sector junto a la producción nacional de fármacos. Este programa debe financiarse a través del no pago de la deuda, la ruptura con el FMI y la puesta en marcha de un programa económico que siga las necesidades sociales y sanitarias de los trabajadores.