Las noticias sobre las idas y vueltas del gobierno con Pfizer, sobre la falta de vacunas disponibles en San Luis y La Pampa y sobre el bajo número de habitantes (879.078) inoculados con ambas dosis en el país forman parte de los titulares del día, y, al mismo tiempo, son datos que configuran un cuadro nacional de vacunación signado por la escasez, producto de que, por un lado, el gobierno compró pocas vacunas en relación a la cantidad de habitantes, y, por otro, de la impotencia de Alberto Fernández ante el incumplimiento de los laboratorios.

El hecho de que algunas provincias hayan interrumpido la campaña de vacunación por haberse quedado sin dosis se debe, en parte, a que las vacunas llegan a cuenta gotas al país. Sin ir más lejos, solamente fueron distribuidas en el territorio nacional 8.709.608 dosis. No obstante, la información de que la provincia de Buenos Aires tiene 506.519 dosis sin aplicar aún, Santa Fe, 97.177, y, Misiones, 79.948, denota un ritmo de vacunación por debajo de las posibilidades como consecuencia de que no se están destinando los recursos necesarios para agilizar el proceso.

Más allá del incumplimiento en la entrega de vacunas, Alberto Fernández, desde un primer momento compró una cantidad de dosis muy por debajo del número de habitantes de Argentina. Es decir, encargó en el mercado 57.591.000 dosis (sin contar las que recibió a través del fondo Covax) para una población de 44.940.000 personas. La relación de dosis pedidas por cantidad de habitantes es de 1,2, cuando se necesitan 2 dosis por persona. Se trata de una proporción inferior a la que existe en otros países de América Latina. En Chile, por ejemplo, fueron encargadas 1,5 dosis por habitante. Como se ve, el ajuste fondomonetarista del gobierno también aparece en el plano de la vacunación.

Por otro lado, la reanudación de las negociaciones entre el Estado nacional y Pfizer alrededor de la provisión de vacunas, luego de que fueran interrumpidas en diciembre pasado, reavivó las hipótesis que atribuyen dicho impasse a la intención del gobierno de preservar los intereses económicos del grupo Sigman. Las mismas sostienen que la gestión oficial habría rechazado 14 millones de dosis que Pfizer le ofrecía al país de manera prioritaria, para que, de este modo, fueran los empresarios amigos del poder los encargados de fabricar la vacuna y abastecer la demanda local. Ahora, ante el incumplimiento del contrato de las dosis de AstraZeneca, producidas en Argentina (en el laboratorio de Hugo Sigman) y envasadas en México, el gobierno de Alberto Fernández se vería obligado a volver sobre sus pasos y retomar el nexo con Pfizer, ya que no está dispuesto intervenir el laboratorio en cuestión.

Quien también se vio beneficiado a partir de los vasos comunicantes que mantiene con el gobierno es Marcelo Figueiras, del laboratorio Richmond, el cual fabricará la Sputnik en Argentina. El fideicomiso interesado en financiar el proyecto de Figueiras está encabezado por el banquero Jorge Brito (hijo) y Filiberti (ligado al massismo). Todos personajes muy vinculados al poder político. Dicho sea de paso, las ganancias que embolsarán son inconmensurables, teniendo en cuenta que el costo de fabricación de la Sputnik local será de un dólar y se venderá a 15 dólares.

Ahora bien, un posible acuerdo entre el gobierno y Pfizer tampoco garantiza transparencia y eficacia en la entrega de vacunas. No olvidemos que se trata de una farmacéutica que puso como condición para venderle dosis a Argentina que se le otorgara una inmunidad jurídica para evitar responsabilidades penales si las vacunas causaban daños físicos. Esto, luego de que el laboratorio multinacional utilizara instalaciones nacionales, como el Hospital Militar, para testear la efectividad de su vacuna. Además, encargar vacunas a esta altura implica mayor demora en su llegada, en un mercado donde hay mucha demanda y poca oferta.

En definitiva, es la producción en manos privadas lo que ha llevado al fracaso en la política de vacunación. Por lo tanto, la solución no está en quitarle el negociado a unos para dárselo a otros, sino en impulsar una producción nacional de vacunas a gran escala, utilizando los recursos que sean necesarios para su puesta en funcionamiento. Sin embargo, el gobierno no es capaz de tocar los intereses de los laboratorios privados. Ni siquiera toma la determinación de confiscar la producción del laboratorio mAbxience, luego de haber abonado el 60% del contrato y no haber recibido a cambio las 20 millones de dosis comprometidas, que no se sabe cuándo llegarán.

Hasta la producción en masa de la vacuna contra el coronavirus enteramente nacional, que se está desarrollando en estos momentos en la Unsam, recaerá en manos privadas. Así lo afirmó la directora del equipo de investigación, Juliana Cassataro, en una entrevista que dio a Página 12. Allí, no solo señaló que ella y su equipo se encargan de conseguir empresas para que financien la investigación, ya que la partida otorgada por el Ministerio de Ciencia es insuficiente, sino que, además, puntualizó en que “si hacemos algo de la vacuna, va a ser el diez por ciento del proceso de una vacuna, lo que uno puede hacer en un laboratorio de investigación es muy chico en comparación del proceso que sigue después, en una empresa”. De nuevo aparece la contradicción entre el carácter social de la producción de la vacuna y su apropiación privada.

Por otra parte, afirmó que la no liberación de patentes retrasó muchísimo el diseño de la vacuna argentina. “A nosotros nos pasó que cuando desarrollábamos la vacuna, que nos teníamos que fijar. Si está patentado, eso no lo podemos usar porque después va a ser muy complicado” precisó.

La única solución inmediata para garantizar que la población pueda acceder a las vacunas es que el Estado ponga a disposición todos los laboratorios y centros del país, tanto públicos como privados, que tengan capacidad de producirlas, envasarlas y fraccionarlas, dando lugar a su fabricación nacional a gran escala. Como primer primer paso, es necesario intervenir y declarar de utilidad pública el laboratorio mAbxience, propiedad de Sigman, que actualmente produce miles de dosis en la localidad de Garín, las cuales se exportan para ser envasadas en México y no regresan a Argentina. Luego, se debe incautar lo fabricado hasta el momento, ampliar la producción y completar el envasado de la vacuna en territorio nacional para que sean distribuidas. Este plan, junto con la liberación de patentes, debe contar con un comité médico-científico que monitoree su cumplimiento. Es preciso financiar todo el proceso a partir de romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria.

De esta forma, los recursos del país estarán a disposición de la vacunación masiva y no al servicio del rescate de la deuda y del lucro de un puñado de laboratorios.

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