Entre lunes y domingo, Argentina recibió 1,6 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y de AstraZeneca, estas últimas provenientes en su mayoría del mecanismo Covax y una pequeña porción del acuerdo por 22 millones de dosis que nuestro país mantiene con dicho laboratorio. Hoy, se sumaron otras 650 mil. El gobierno apuesta todo a su única y principal estrategia sanitaria: la vacunación.

Hasta ahora, la campaña de inmunizaciones ha sido sumamente ineficiente y, sobre todo, escasa. Es lo que revelan los cada vez más pronunciados reclamos de los trabajadores que continuaron asistiendo a sus puestos durante la pandemia, quienes son considerados “esenciales” pero nunca se los incluyó en el plan de vacunación nacional como prioridad. Algunos incluso fueron obligados a trabajar dentro de los 9 días que el gobierno instaló como aislamiento social, en medio de los picos de 35 mil casos diarios que colapsan el sistema sanitario y promueven el aumento de las muertes. Ni hablar de los trabajadores informales, que prácticamente no tienen posibilidad alguna de resguardarse del virus. O sea que las restricciones a las circulación no solo son por tiempo limitado, sino que encima no se han puesto en marcha medidas acompañantes que permitan a la clase obrera mantener el aislamiento.

En este sentido, el sistema de salud es el que está soportando las consecuencias de no haber tomado medidas más tempranamente. La llegada de más dosis no va a resolver el estrés de los hospitales, los centros de salud y los profesionales, ya que se tarda al menos tres semanas en generar inmunidad, por lo que los resultados se verán recién en un mes. Además, el ritmo de vacunación tendría que acelerarse significativamente, puesto que Argentina vacuna a menos de 130 mil personas por día, lo que significa que al ritmo actual se tardarían más de 15 días en administrar vacunas que acaban de arribar, retrasando la calma que la inmunización le podría traer al sistema sanitario.

El problema central radica en que aumentar la velocidad de las inmunizaciones implica disponer de recursos y designarlos para poner en pie una enorme logística que incluya, por un lado, un aumento de los vacunatorios y de los profesionales capacitados para administrar las dosis y, por el otro, el reforzamiento del sistema de distribución que lleva las vacunas a las provincias, algo que el gobierno no está dispuesto a entregar. Ya lo admitió Alberto Fernández en su discurso de la semana pasada: no habrá reforzamiento del sistema de salud ni partidas extrapresupuestarias para esta etapa de la pandemia a excepción de las ya anunciadas. El gobierno presupuesto un ajuste para salud del 10% en términos reales para 2021 e incluso ha reducido las partidas destinadas a combatir el Covid en un 90%, si se las compara con el dinero destinado el año pasado. No se sale del ajuste ni siquiera en medio del descalabro sanitario, que ya se llevó puesta la vida de más de 75 mil personas.

A esto se suman las denuncias acerca de que varios gobiernos provinciales estarían reteniendo dosis para acelerar el ritmo a medida que se acercan las elecciones, como en Misiones. Allí, a solo dos semanas de las elecciones provinciales, el gobierno de Ahuad comenzó la inoculación de los menores de 40 años sin factores de riesgo, mientras tiene un 25% de vacunas distribuidas sin aplicar equivalentes a 82 mil dosis, lo que significa que se deben haber estado acumulando por varias semanas. Otras provincias también presentan un gran desfasaje entre las vacunas distribuidas y las aplicadas: Jujuy, por ejemplo, tiene retenidas un 23%; Formosa, 20%; Salta, 17%; y Santiago del Estero, 20%. A nivel nacional, aún faltan aplicar 1.333.788 (datos obtenidos del Monitor Público de Vacunación).

En el mientras, hay al menos 10 provincias con el 100% de camas de UTI ocupadas, por lo que se necesita de manera urgente una solución a corto plazo que implique la ampliación de los recursos. El virus se trasladó a las provincias, pero tampoco abandonó la Capital Federal, que hoy llegó nuevamente al 80% de ocupación de camas. Los médicos advierten que prontamente comenzarán a faltar las camas y que muchos pacientes deben ser internados en los pasillos o terminan compartiendo los respiradores por falta de recursos básicos.

A la política de ajuste e improvisación del gobierno hay que contrarrestarla con la defensa de la salud de la población, que requiere el aumento en el presupuesto en salud y la centralización del mismo como primera medida, y la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados.

 

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