La trágica noticia del fallecimiento de Daniel Marconetto, de 62 años, médico de la guardia de Clínica Médica del Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, impactó fuertemente a los trabajadores de la salud de la Zona Sur del Gran Buenos Aires, como a la comunidad toda. El dolor y la tristeza de sus compañeros de trabajo se manifestó en múltiples mensajes, que lo destacaron como un profesional comprometido con sus pacientes y con la salud pública. El deceso fue confirmado el día 9 de julio, por un paro cardiorrespiratorio, luego de haberse complicado su cuadro clínico por Covid-19 y ser intubado en la terapia intensiva del Sanatorio de la UOM Avellaneda, donde él mismo se desempeñaba como médico terapista.

El caso del doctor Marconetto engrosa la triste cifra del fallecimiento de 24 trabajadores de la salud por coronavirus, con 5.676 afectados totales entre el sistema público y privado (La Nación, 12/7), de los cuales según Cicop 3.698 corresponden a la provincia de Buenos Aires.

Para quienes trabajamos y/o residimos en la zona, la muerte de Daniel Marconetto nos recuerda el reciente fallecimiento de la enfermera María Ester Ledesma, del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, quien había solicitado la licencia laboral por ser parte de los grupos de riesgo pero fue rechazada reiteradas veces.

A pesar de toda la información ampliamente disponible, el Ministerio de Salud de la provincia se dio una política estricta de no licenciamiento del personal sanitario mayor de 60 años que no presente comorbilidades -aunque como se ve en el caso de Maria Ester Ledesma también se rechazan licencias a pesar de contar con factores de riesgo. Estos criterios etarios y de comorbilidades deberían ser evaluados caso por caso, servicio por servicio, como se pondera en la atención sanitaria de cualquier paciente. En datos recabados por la Comisión Europea en un informe del 4 de mayo, se menciona que el 94% de las muertes por complicaciones de coronavirus se concentran en la población mayor a 60 años.

La cruda realidad detrás de esta orientación, es la falta de personal en el sector público por los magros sueldos y ausencia de nombramientos. Esto obliga a los trabajadores a tomar varios empleos para poder subsistir, lo que a su vez plantea un problema epidemiológico porque potencialmente disemina el virus entre distintas instituciones. Los nombramientos anunciados recientemente por el gobierno de la provincia no modifican el real número de trabajadores, porque se trata en muchos casos de efectivizaciones de contratados y reemplazos de guardia. La política del gobierno de Kicillof y el ministro Daniel Gollán es verdaderamente criminal, exponiendo la vida de quienes van “a la trinchera” contra el virus.

Es imprescindible que los trabajadores de la salud luchemos por los licenciamientos necesarios con goce de sueldo, para frenar la cantidad de muertes evitables que se siguen sucediendo en todo el país. Este es uno de los reclamos de la jornada nacional de lucha que desarrollamos el 15 de julio. Necesitamos trabajo por grupos/cohortes y testeos periódicos para el personal de salud -hoy argentina se encuentra entre los países de la región que menos testea. Planteamos la centralización de todo el sistema de salud, para contar con los recursos tecnológicos y humanos para combatir la pandemia. Vamos por comités de seguridad e higiene compuestos por trabajadores electos por sector, que determinen los EPP necesarios, las licencias y todas las reivindicaciones postergadas de los trabajadores de la salud.