Hace unas semanas, en el programa televisivo La Voz Argentina una participante reclamó que la ovodonación sea gratuita para todos. El domingo 29, una pareja que concursó en otro certamen televisivo (Trato Hecho) dijo que su participación obedecía a la necesidad de contar con dinero para costearse el tratamiento de fertilidad. Ambos fragmentos circularon por las redes y sobre todo por los distintos grupos de WhatsApp y Facebook de personas en tratamiento, porque sin dudas es un tema muy sensible para muchas mujeres que no pueden concebir de manera natural. A partir de estos planteos, un coro de usuarios afines al gobierno nacional salió a responderle que la gratuidad está garantizada por la Ley 26.862.

Esas denuncias difundidas en los medios de comunicación son por demás oportunas, porque constituyen un puntapié para ver qué problemas deben afrontar las mujeres que quieren gestar mediante las técnicas de  reproducción asistida.

La ley de reproducción médicamente asistida

La Ley de Reproducción Asistida fue sancionada en 2013. Establece que cualquier persona mayor de edad puede acceder a los tratamientos de fertilidad con una cobertura gratuita, integral e interdisciplinaria ya sea a través de su obra social, prepaga o en el sistema público de salud.

La norma incluyó en el Programa Médico Obligatorio (PMO) a los tratamientos de fertilización, diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

Sin embargo, la realidad es que quienes deben acceder a este tipo de tratamientos se encuentran que esta ley no se cumple en su totalidad.

El planteo de la participante de La Voz Argentina es justamente porque la ovodonación -una técnica de reproducción asistida que permite que otra persona done sus óvulos a mujeres o personas gestantes que por algún motivo clínico no pueden lograr un embarazo con los propios- no es gratuita para todas las pacientes. Las clínicas de fertilidad han encontrado un enorme negocio para lucrar con el deseo de quienes desean maternar. Muchas de ellas piden altísimas sumas de dinero a las pacientes para conseguir una donante “rápido” y si no lo pagan deben pasar a una lista de espera que puede demorar hasta más de un año para que aparezca una donante para esa mujer o persona gestante.

Frente a ello el Estado hace la vista gorda, a pesar de las denuncias que se hacen en la Superintendencia de Servicios Salud o los cientos de amparos que se deben iniciar para que se garantice la cobertura integral que la ley consagra.

Cabe aclarar que un tratamiento de fertilidad es para muchas mujeres un estigma por la falta de difusión y educación en el tema. Si le sumamos los maltratos y violaciones a sus derechos que atraviesan termina convirtiendo el proceso en un padecimiento físico y mental.

Hecha la ley hecha la trampa: IOMA y la ley 14.611

La provincia de Buenos Aires sentó las bases entre los años 2010 y 2011, al ser la primera en sancionar y reglamentar la Ley Provincial Nº 14.208 que garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida. La Ley Nacional 26.862 amplió los alcances de la norma provincial y en 2015 el decreto reglamentario 376/15 de la Ley 14.611 adecuó la normativa de la provincia de a la nacional. Pero el entonces gobierno de Daniel Scioli no efectuó una asimilación total y habilitó a IOMA a no otorgar la cobertura integral que las pacientes requieren para acceder a los tratamientos.

Quien ingresa al mundo de la reproducción asistida se encuentra con enormes trabas para realizar cualquier estudio de rutina y obtener un diagnóstico. Obtenido el mismo, la obra social puede demorar meses en aprobar los tratamientos (que en materia de fertilidad esos meses son trascendentales). Técnicas como la criopreservación de embriones (que permite congelar embriones no utilizados en el tratamiento en curso y evita así la necesidad de volver a estimular los ovarios, de realizar una nueva punción y de aplicarse medicación inyectable, ya que al estar los embriones congelados el nuevo intento solo requiere de una preparación adecuada del útero y luego su descongelamiento y transferencia) aún cuando están garantizadas en la ley nacional no son cubiertas por IOMA, obligando a las pacientes a pagar $100.000 o más sólo por esa práctica, o recurrir a la justicia para lograr su cobertura, lo que implica contar con recursos que no todas los tienen, además de tiempo y a costa de un desgaste físico y emocional.

A esto se suman algunos estudios previos que IOMA no autoriza, obligando a iniciar trámites de excepción o incluso cartas documento, cuando por ley no correspondería.

Esto funciona como un mecanismo de ajuste, porque implica un ahorro de millones de pesos perteneciente a IOMA (o sea a los afiliados, que son los trabajadores públicos bonaerenses) que el gobierno provincial utiliza para otros fines, en el marco de una política orientada a garantizae el pago de la fraudulenta deuda externa provincial.

En los últimos días afiliadas y afiliados a IOMA han elevado un reclamo exigiendo la inmediata intervención tanto del director de la obra social, Nils Picca, como también del gobernador Axel Kicillof, frente a cobros indebidos de altas sumas de dinero que piden algunas clínicas de fertilidad que tienen convenio con IOMA tanto en relación a la cobertura de materiales descartables y en ovodonación.

Peor es la situación de quienes no tienen obra social ni prepagas, que deben realizarse los tratamientos en un sistema de salud pública sumido en una crisis general como consecuencia del vaciamiento y la falta presupuestaria, en el que los tiempos de espera son mucho mayores y que en muchísimos casos deben trasladarse de ciudad, con los gastos extras que esto significa.

Es urgente que el Estado garantice el acceso rápido, total, gratuito e irrestricto a este tipo de tratamiento para quienes lo requieran.

La (in)fertilidad forma parte de la salud sexual y reproductiva. La ciencia permite a quienes tienen dificultades acceder a los tratamientos. El problema (como todo en salud) es que los avances científicos se ponen al servicio de negocios capitalistas convirtiendo su acceso en una pesadilla económica y emocional.

Negar la cobertura, darle vía libre a las clínicas para que lucren con el deseo de quienes quieren maternar es también una forma de violencia contra las mujeres y personas gestantes y el Estado es el principal responsable de que esto suceda.