El aumento de casos sigue firme a lo largo y ancho del país. Si bien el AMBA hoy es el epicentro del coronavirus en Argentina -acumula el 60% de los casos-, en el resto del país se mantiene un ritmo de contagios similar, que amenaza los sistemas de salud provinciales. Los 20 mil casos diarios muestran la agudeza y gravedad de la segunda ola de la pandemia, pero ello es solo una muestra parcial, cuando vemos filas y filas de personas en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país, como la ciudad de Córdoba hace unos días, esperando en centros de salud, hospitales y UFUs para realizarse un hisopado.

Es una manifestación de la desidia con que han encarado los gobiernos este nuevo cuadro de crisis sanitaria. De las 75.392 personas testeadas el martes 6 de abril, el 26% dio positivo para coronavirus. Se mantiene altísimo el índice de positividad, que estuvo las últimas semanas en torno al 30%. Es decir que, en términos generales, una de cada tres personas que va a realizarse el hisopado o el test rápido tiene Covid-19, y la tasa va en aumento. El fin de semana largo de semana santa, sin restricciones ni controles, no ayudó.

Para tener un registro aceptable de la evolución de la pandemia, lo recomendado por la OMS es que el índice de positividad no supere el 10%. Argentina nunca alcanzó ese porcentaje, por la negativa oficial a una política de testeos masivos y detección rápida de casos. Hay infectólogos que dicen que los 20 mil casos del martes en realidad son 80 mil, si se sumaran quienes no llegaron a testearse y los asintomáticos (Clarín, 6/4).

Quienes se niegan a fijar restricciones a las actividades económicas dicen sin tapujos que apuntan a una “política de testeos y de búsqueda de casos estrechos”, pero no destinan ni el presupuesto, ni los lugares de testeos ni los profesionales necesarios para eso. Para colmo, se basan en la precarización laboral de residentes, concurrentes, e incluso estudiantes de las carreras de ciencias médicas, para atender a las miles de personas que piden ser hisopadas.

En el caso de CABA, el panorama se volvió desastroso. El predio de la Rural el único lugar para que se hicieran la prueba aquellos contactos estrecho sin síntomas (es decir, quienes deben aislarse preventivamente) y recién el fin de semana habilitaron además Costa Salguero. Por eso, quienes no tienen la posibilidad de acercarse o no quieren exponer a otras personas en el transporte público acudieron a las UFUs de los centros de salud más cercanos, y junto a quienes concurrieron porque presentaban síntomas formaron filas de varias cuadras, con pacientes al sol, expuestos a deshidratación y al empeoramiento de su cuadro, sin que se resguarde tampoco al resto de la población que transitaba las calles.

Ante esta situación que se vivía en casi todos los hospitales de la Ciudad el gobierno de Larreta, a través del ministro Fernán Quirós, responsabilizó a la gente por “elegir mal los lugares a donde ir”. Es un autoencubrimiento, porque la ausencia de una política de testeos se revela en la  capacidad limitada de los predios habilitados por el propio gobierno: en La Rural solo se pueden hacer 8.000 test por día, y en Costa Salguero 6.000.

Largas filas se vieron también en Córdoba Capital. Allí, la gobernación de Juan Schiaretti también definió que no habrían restricciones prometiendo más testeos. Pero las imágenes del viernes pasado, con colas de hasta cinco cuadras en el Parque de las Naciones, y cuando se confirmaron ayer 1.800 casos, evidencian el fracaso de la gestión sanitaria de la provincia. La situación los obligó a extender los horarios de todos los centros de detección.

Las reacciones de los gobiernos llegan tarde, al igual que el decreto del gobierno nacional que, según medios oficiales, solo afectaría la circulación nocturna y la frecuencia del transporte público (esto último para peor, porque la disminuirían en un contexto donde los trabajadores viajan abarrotados y deberán seguir acudiendo a sus trabajos). La política de negar que los contagios se producen en las escuelas, en las fábricas, en el transporte, confirma que seguirán responsabilizando a la población, y descargando la crisis sanitaria en las espaldas de los trabajadores, mientras continúa el ajuste a la salud y se obliga a trabajar y estudiar en condiciones inseguras.

La saturación de los centros de salud por la demanda de testeos invierte la carga de la responsabilidad. Muestra la preocupación de la población, y la desidia de los gobiernos, que carecen de control alguno sobre la situación epidemiológica. Es el producto del ajuste presupuestario, del empecinamiento oficial por no afectar las ganancias de los empresarios, y la negativa adoptar cualquier medida paliativa sobre los menguados ingresos de los trabajadores. El colapso sanitario es la consecuencia anunciada de esta política ruinosa de Alberto Fernández y los gobernadores.

El combate a la pandemia requiere entonces el control popular de las medidas sanitarias, por parte de los trabajadores, profesionales de la salud y expertos epidemiólogos e infectólogos. Ello porque además de testeos masivos es necesario avanzar en la centralización del sistema sanitario y en la vacunación, para lo cual urge la intervención del laboratorio mAbxcience de Hugo Sigman y la confiscación de las dosis allí producidas para suplir el incumplimiento de AstraZeneca con nuestro país y del resto de América Latina.

Las medidas de aislamiento y restricción a la circulación deben contemplar además un plan de asistencia social ante la crisis económica, con un seguro al parado de 40 mil pesos mensuales, el IFE, entregas a los comedores,  y el aumento del presupuesto para la salud. Es un programa que requiere de la intervención de la clase obrera, contra las prioridades gubernamentales del pago de la deuda y el acuerdo con el FMI.

 

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