Un hombre falleció hace dos semanas en  el barrio Zeballos, víctima del coronavirus. Otros dos, vecinos de un barrio próximo a la ruta 36 (obreros de un frigorífico quilmeño) se han infectado de Covid-19. Otro, chofer de la línea 266 está en la misma situación .En Florencio Varela se han reconocido oficialmente dieciocho casos de infectados entre ellos también hay dos trabajadores de la salud y también un preso de la unidad penal situada en el distrito. Está claro, por lo dicho, que los afectados por el contagio, incluso el vecino fallecido, forman parte de sectores desprotegidos de la sociedad, en particular trabajadores cuyas patronales o el Estado no les han brindado los elementos para protegerse de la pandemia. El hombre fallecido fue mal diagnosticado, no se le hizo el testeo correspondiente y murió al cabo de una semana.

La situación sanitaria en el distrito

La irrupción del coronavirus en el distrito encuentra un campo propicio para su crecimiento en las barriadas obreras y humildes del distrito, como resultado del hacinamiento en las viviendas, la ausencia de agua potable y de cloacas y, desde luego, en las condiciones de desocupación y miseria creciente, la dificultad económica de los hogares para proporcionarse artículos básicos de protección como jabón y alcohol en gel.

A esto se agrega que las instituciones sanitarias del distrito adolecen de la cantidad de camas suficientes para la densidad poblacional existente. Gonzalo Hernández, director del Hospital Mi Pueblo (provincial) da cuenta en un reportaje a Infosur que el nosocomio que dirige cuenta con 200 camas, cuya capacidad es excedida por la demanda de las mismas que llega al 120%. Los que sobran son alojados en camillas. En las circunstancias presentes (pandemia) el distrito cuenta con apenas 354 camas para 700.000 habitantes, cuya distribución la encontramos entre los dos hospitales públicos (Mi Pueblo de la provincia y El Cruce, nacional), algunas clínicas privadas y sociedades de fomento que se han agregado en esta etapa. Por otra parte se está levantando un hospital modular con 30 camas comunes y 25 de terapia intensiva, que agregadas a las 102 existentes sumarían 127. El cuadro descripto nos permite vaticinar un cuadro de probable catástrofe sanitaria ante la irrupción de la pandemia porque hay apenas 0,5 camas cada mil habitantes, muy por debajo de lo aconsejado por la OMS en el cuadro presente (ocho camas cada mil habitantes). En esto le cabe una enorme responsabilidad tanto al gobierno de Alberto Fernández, como al de Kicillof, porque los hospitales más importantes del distrito pertenecen a su esfera y administración, y han privilegiado un acuerdo con el FMI y los fondos de inversión, privando en esta emergencia al pueblo de un aumento en regla del presupuesto sanitario acorde con la grave situación que se atraviesa.

Según la Cicop la municipalidad del distrito (el intendente Watson) tiene una cuota de responsabilidad por el abandono de cerca de treinta médicos del sistema de salud municipal debido a las malas condiciones de trabajo en los centros de salud (falta de insumos y medicamentos) y bajos salarios, sumados a la persecución laboral de los que eran objeto, situación agravada en el cuadro actual de la pandemia.

Los trabajadores y los barrios deben intervenir

Surge de la descripción de la situación, que las patronales y el Estado tienen una cuota de responsabilidad sustancial en la propagación actual del Covid-19 por no proveer de los insumos de protección necesarios, por no atender a los afectados y por destinar el dinero al pago de la deuda en lugar de ponerlo en un aumento colosal del presupuesto de salud para atacar la pandemia. Esto está siendo comprendido por una cantidad creciente de trabajadores, entre ellos los compañeros del Sutna, de Metrovías, del frigorífico Penta y de vastos sectores de la docencia que se expresan en los Sutebas multicolor y Ademys, que se están organizando en comités de trabajadores que luchan contra la pandemia bajo sus propias condiciones, protocolos y perspectivas. En Florencio Varela urge tomar estas iniciativas en las barriadas obreras, en las fábricas, en las escuelas para imponer que todos los recursos estén destinados a la defensa de la salud contra el pago a los usureros y el reclamo inmediato de 5.600 camas más con la construcción correspondiente de los hospitales modulares necesarios, colocando todo el esfuerzo humano y económico en esa perspectiva.