El coronavirus se cobró una nueva víctima en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, días atrás.

Se trata de un chofer de la línea 148, de 48 años de edad y padre de tres hijos. Aunque no era insulinodependiente, padecía de diabetes. La patronal jamás consideró su situación ni la del resto de sus compañeros y sostenía el servicio sin ninguna contemplación. La obra social de la gremial UTA no acudió en su socorro cuando fue requerida por su familia, y Ioma brilló por su ausencia también (él era familiar de un asociado directo a la obra social de los estatales bonaerenses).

Ahora, de un modo tardío, con el trabajador fallecido, la empresa ha decidido maquillar su responsabilidad directa en esto que debemos considerar un asesinato de un trabajador en el afán de obtener ganancias. Cabe señalar que los contagios en las líneas de transporte colectivo son frecuentes, por la ausencia de sanitización y de distancia entre los pasajeros. Un informe oficioso del activismo de la UTA da cuenta de la existencia de más de 200 contagios. Y cabe añadir, no sin una gran indignación, que la Secretaría de Transporte subsidia a las empresas de colectivos con 323 millones de pesos diarios.

Corresponde responsabilizar a la burocracia de la UTA, cuyas relaciones carnales con el gobierno y las patronales han dejado en el más completo abandono a los trabajadores del transporte automotor, lo cual también se ha extendido a la obra social manejada por esa burocracia.

Los contagios y muertes que han tenido lugar nos deben permitir algunas conclusiones de las cuales dependen la vida y la salud de los choferes. En primer lugar: la organización por línea de comités de seguridad laboral, elegidos por sus trabajadores, cuya función sea definir protocolos obligatorios que deben imponerse a las patronales. En esa perspectiva, luchar por elecciones de delegados allí donde no existan, y por el desalojo de los delegados patronales y de la burocracia sindical, e ir madurando la realización de un congreso de delegados de base de la UTA con mandato de los trabajadores de cada línea que defina la lucha contra la flexibilidad laboral, un salario igual al costo de la canasta familiar, la consideración del trabajo del colectivero como insalubre y la jornada de seis horas. Y desde luego, y de forma urgente, la imposición de un protocolo obrero de seguridad y la separación de la obra social del manejo de la burocracia sindical, que debe ser electa y controlada en sus finanzas por los trabajadores.

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