La Resolución conjunta (4/2021) de los ministerios de Trabajo (Moroni) y de Salud (Vizzotti) que autoriza a las empresas a convocar a trabajar al personal de riesgo que haya recibido la vacuna es una verdadera provocación y un ataque a la salud pública.

El ascenso en flecha de la curva de contagios y de las internaciones, las nuevas variantes de virus circulantes más infecciosas y más letales, el inminente parate en la vacunación y la saturación del sistema de salud conforman un panorama de crisis gravísima, que obliga a extremar las medidas de prevención anti Covid y no a relajarlas. En cambio, las medidas superficiales “de restricción” tomadas por el gobierno, que no hacen mella en la difusión sin freno de la enfermedad, hablan de una absoluta irresponsabilidad. Irresponsabilidad que no es inocente, sino que tiene un definido carácter de clase porque responde al interés capitalista de mantener, contra viento y marea, la apertura de la producción.

El gobierno -el nacional y los provinciales- no sólo no toma medidas de mitigación, sino que, al revés, promueve más actividad y con ello más circulación del virus. Ha jurado no limitar el funcionamiento de industrias y comercios; impulsó el turismo de Semana Santa; mantiene la escolaridad presencial y el hacinamiento en el transporte. Y en línea con esto, ahora, convoca a trabajar al personal de riesgo -por su edad o por comorbilidades- vacunado con una dosis, y al personal de salud también exceptuado por padecer enfermedades preexistentes, vacunado con dos dosis. Solo se exceptúa a personas inmunodeprimidas, con enfermedades oncológicas y trasplantados.

Los expertos insisten, para la población en general, que la vacunación no elimina la posibilidad de contagiarse y contagiar (previene, por sobre todas las cosas, las formas graves de la enfermedad y las internaciones) y que deben mantenerse las medidas de seguridad, como uso de barbijo, distanciamiento social, lavado de manos. Qué decir entonces de personas vulnerables por edad o enfermedades concomitantes, en un país que ha vacunado apenas a un 12% de la población y un 1.6% con dos dosis (monitor de vacunación, 13/4).

La disposición del gobierno aludida es por lo tanto temeraria, encuadrable en varios artículos del Código Penal y en beneficio de una minoría empresarial contra la salud pública. Las organizaciones obreras deben denunciarla y resistir su aplicación.