La reciente rescisión del convenio de Pami con la clínica Sagrado Corazón, del distrito de Hurlingham, agrava la situación de la misma, llevada al límite por sus dueños. El vaciamiento y los despidos crónicos fueron moneda corriente en los últimos años, cuando los ingresos incluían las partidas públicas de la principal obra social de jubilados. Si el escenario ya era grave, luego de la rescisión el establecimiento dejará de percibir lo que equivale a más de tres cuartas partes de su presupuesto total, por lo que su funcionamiento, así dadas las cosas, parece imposible. En medio de la pandemia, y a pesar de la creciente demanda de prestadores, una instalación sanitaria cerraría sus puertas debido a su “falta de rentabilidad”. A su vez, los más de 150 profesionales de la salud que se encuentran trabajando allí han quedado sin una respuesta clara sobre su futuro. El contexto sanitario amerita una reacción urgente que permita poner en marcha todos los recursos del lugar.

Una historia de vaciamiento

La Sagrado Corazón cuenta con 74 camas en sus primeros dos pisos. El número se aproxima a 90 si sumamos las correspondientes a terapia intensiva y a cuidados especiales. No obstante, el desfinanciamiento constante que sufre imposibilita que sus instalaciones puedan ser utilizadas con normalidad. Los sucesivos agravios de sus administradores, que tienen como último antecedente el despido a 37 trabajadores en noviembre del año pasado, provocan la paralización de diversos sectores. Esto sucede, entre otras áreas, en el laboratorio, que se encuentra sin personal en un rango horario amplio durante toda la semana. Otro tanto sucede con la limpieza, ítem fundamental para la prevención del Covid-19, que normalmente es llevada adelante por sólo tres personas al día, en un edificio por demás extenso. En respuesta a esto, los mismos trabajadores realizan algunas tareas de higiene por iniciativa propia, evitando que el sanatorio acumule residuos en las distintas áreas.

Si el estado de la clínica es preocupante, la situación de sus profesionales merece un párrafo aparte: desde octubre del año pasado que no perciben el 100% de su salario, recibiendo alternadamente entre el 20% y el 40%. A esto se suma el no pago del aguinaldo y de bonos. La deuda acumulada que los dueños mantienen con sus empleados llega, en algunos casos, a más de trescientos mil pesos. Como si esto fuera poco, desde 2016 que no están cubiertos por la ART, y el sindicato, desde hace años, brilla por su ausencia.

¿Qué pasa con los trabajadores y usuarios?

Los dos principales problemas que surgen a partir de la ruptura contractual corresponden al futuro de los trabajadores, por un lado, y la atención de sus pacientes, por el otro. El retiro del Pami convierte prácticamente imposible que la misma se mantenga en pie. Por esta razón, se ponen en alto riesgo los más de 150 empleos que aún conserva el sanatorio. Sobre la segunda, decenas de ancianos internados fueron derivados a clínicas muy lejanas, a pesar de la negativa expresa de sus familias. En muchos casos los han trasladado a Malvinas Argentinas, debido a la sobrepoblación del Hospital Posadas y a los casos positivos de coronavirus en el personal médico de la clínica Agüero de Morón. Pero más allá de los internados, miles de pacientes se verán imposibilitados de concretar sus turnos para continuar sus tratamientos o realizar distintos tipos de trámites, teniendo en cuenta que la clínica era, hasta la rescisión, la principal prestadora de Pami en el municipio.

Vamos por una salida de fondo para la clínica Sagrado Corazón

Desde el Partido Obrero impulsamos que se abran los libros contables de la clínica para saber el estado financiero real y hacer frente con urgencia al pago de salarios de sus trabajadores. El Estado debe garantizar la continuidad de la clínica, poniéndola al servicio de las necesidades sanitarias actuales y preservando las fuentes de trabajo y el cuidado de los pacientes. Todo lo que debe estar bajo control de los trabajadores de la misma. Y se debe investigar la responsabilidad de los vaciadores, quienes especulan con la salud y la vida de los trabajadores.