El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció con gran pompa la redacción de un protocolo de salud mental focalizado en las personas en situación de calle. Aunque, aclaró, está destinado a “mitigar” los “efectos negativos” de la ley nacional de salud mental. Después de décadas de desguace en el área, ¿el PRO viró hacia una perspectiva de derechos?

El protocolo no está destinado a población general que pudiera tener una urgencia psíquica en la vía pública, sino a cómo deben proceder distintas áreas del gobierno frente a lo que define como “personas en estado de vulnerabilidad habitacional”. Aunque habla en términos generales del acceso a distintos programas de salud mental o consumos problemáticos, aborda exclusivamente los casos donde se “presume” riesgo para sí o para terceros; es decir, se reduce a las situaciones que podrían derivar en una internación, dejando de lado otros aspectos de salud como prevención o tratamientos ambulatorios, entre otros.

El debate sobre la internación (un criterio de salud) es abordado por Jorge Macri como parte de su cruzada contra las leyes de salud mental. Lo hace, claro, no por un debate terapéutico, sino para beneficiar a las corporaciones hegemónicas, a las burocracias médicas, a los grupos farmacéuticos y de salud privada.

En la Ciudad las personas en situación de calle que podrían ser alcanzadas por el protocolo ascendían a 8.028 en diciembre de 2023, número que se habría incrementado 50% durante los últimos meses alcanzando los 12 mil casos de acuerdo a uno de los impulsores del relevamiento ReNaCalle (Tiempo Argentino, 4/3). Funcionarios del gobierno, en cambio, estiman que “hay unas 3.500”, de las cuales 1.200 “duermen en la vía pública” (La Nación, 1/3).

Jorge Macri tomó el problema de la calle como uno de sus ejes programáticos. No para darle una salida positiva sino para criminalizar la pobreza y, por esa vía, aleccionar a la totalidad de la población trabajadora. Basta recordar la reciente “limpieza” de ferias, el desalojo del Malón de la Paz jujeño, o la “recuperación de los cajeros automáticos” que la gente sin vivienda usaría como “monoambientes”.

Estamos ante una ofensiva contra los trabajadores que no se reduce a lo discursivo,  sino que incursiona en despidos, ajuste y represión. Como no podía ser de otra manera, está en sintonía con las medidas del gobierno nacional, quien a su vez cuenta a Jorge Macri en particular -y al personal del PRO en general- como sus principales aliados.

En salud mental esta línea se corresponde con la intención reaccionaria de derogar los puntos centrales de las leyes de salud mental tanto nacional (Ley Ómnibus) como de la Ciudad. Es un tema sobre el cual Jorge Macri se expidió ya desde fines del año pasado, y que fue denunciado por Gabriel Solano en la audiencia pública en defensa de estas leyes en el Congreso de la Nación. Las amenazas de Jorge Macri contra las leyes de salud mental deben ser tomadas muy en serio.

En concreto, las medidas del protocolo constarían de acciones de coordinación entre áreas. La novedad es la posibilidad de que la policía, el Same o alguno de los dispositivos del gobierno afectados (ya sea por voluntad propia o alertados por vecinos) concurran al lugar de los hechos y “juzguen” -según parámetros que desconocemos- si se trata de “una persona en situación de vulnerabilidad habitacional con presunto padecimiento mental y/o consumo problemáticos de sustancias psicoactivas”. Qué definiría la “presunción” no es estipulado.

En cualquier caso, la persona puede ser traslada, autorizando medidas de fuerza y el pedido de “refuerzos” para que un equipo de profesionales de salud hagan una evaluación y decida su destino: tratamiento ambulatorio, internación o derivación a un hospital general. Se trata de un nivel de violencia institucional que ni siquiera prevé que hacer en caso de que la “presunción” no haya sido atinada y la persona no presente ninguna urgencia psíquica.

A esto hay que añadir que en todos los casos durante el contacto debe constar una acreditación de identidad a cargo de agente policial o en consulta con autoridad policial. Por último, medios periodísticos reportan que la aplicación será acompañada de una pequeña ampliación de la flota de traslados (dos ambulancias nuevas y dos readecuadas).

El acento está puesto, por cierto, en retirar a la persona de la calle, no en su tratamiento ni en la prevención. En cuanto al accionar policial ya existe un protocolo nacional en vigencia desde 2013, aunque visto la violencia con la que se actuó en casos de trascendencia mediática los agentes de la Ciudad parecerían ignorarlo o no acatarlo.

El protocolo de Jorge Macri es una iniciativa netamente política, de tipo propagandística y de orientación represiva. El PRO gobierna la Ciudad desde hace más de una década sin un plan de salud mental, sin un diseño integrador para el área, lo cual debe ser entendido no como impericia sino como afán de discrecionalidad política y mercantilización de la salud mental.

Por eso consideramos que no es adecuado el enfoque del Cels, con quienes compartimos instancias en defensa de la salud mental, de dejar de lado el eje orientador del gobierno, es decir su ataque a las leyes de salud mental y a los trabajadores en general, para detenerse a analizar aspectos parciales del protocolo y por añadidura valorarlos positivamente.

Tampoco se trata, por desgracia, de un protocolo que vaya en línea con las leyes de salud mental, como afirma la vocera del Cels en Tiempo Argentino (4/3). Aquí no se amplía ningún derecho. Se estigmatiza doblemente: a los “locos” por su supuesta peligrosidad, a los “pobres” que estarían “locos”. Sumado a esto, al focalizar en el retiro de la vía pública la persona en emergencia queda expuesta a todo tipo de violencias y a su criminalización. Ni hablar de los dispositivos alternativos o los hospitales generales, que no recibieron adecuación ni presupuesto y cuyo personal cobra salarios de miseria.

Para defender la salud mental y los derechos conquistados es necesario construir una verdadera fuerza de oposición al PRO, que llame a las cosas por su nombre. Superar las figuras a la deriva como Leandro Santoro, quien declaró en Twiter el 1 de marzo que el macrismo ¡le habría copiado la idea! (“Más allá de las diferencias, quiero agradecerle a Jorge Macri por tomar parte de nuestra propuesta sobre salud mental. Confío se haga realidad”).

Ponemos nuestra militancia en salud mental y las bancas del FIT-U en la Legislatura porteña al servicio de esta lucha.

https://prensaobrera.com/salud/salud-mental-y-ley-omnibus-total-retroceso-de-libertades-y-derechos

https://prensaobrera.com/politicas/el-discurso-de-milei

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