Tras la confirmación de dos nuevos casos de Covid-19 en la provincia de Jujuy, el gobierno de Gerardo Morales junto con el COE (comité operativo de emergencia) decidieron retrotraer la cuarentena a la fase 1 durante una semana.

El contagio proviene de un efectivo policial y su hermana. Dicho efectivo estuvo operando en La Quiaca, localidad que también volvió a la fase 1.

La medida afecta a las localidades de San Salvador de Jujuy, Perico, Yala y Palpalá. Sin embargo departamentos como El Carmen, Monterrico, San Antonio y San Pedro decidieron “blindarse” suspendiendo el ingreso de personas ajenas a dichas localidades como medida preventiva.

Como un gran acto de hipocresía, Morales responsabiliza a las personas por no haberse cuidado o por no usar barbijo y anuncia un reforzamiento en los controles policiales. Vamos a estar “palo y palo contra el bicho” pero ,como en diferentes partes del país, los gobernadores usan al aparato policial para reprimir a la población en nombre de hacer cumplir la cuarentena. Es así que el 4 de junio una vendedora ambulante era detenida y demorada sin ninguna justificación por la policía de Jujuy. Otros ejemplos son la brutalidad en la represión a las comunidades Qom o la escalada de denuncias por agravios policiales en la vecina provincia de Salta.

Una ves más, se ve cómo los gobiernos usan al aparato represor para descargar sobre las espaldas de los trabajadores una brutal crisis social y económica agudizada por la pandemia.

Morales, que se jactaba de tener controlada la situación, está ante una nueva crisis producto de su improvisación. No olvidemos que la ineficacia de los testeos en el ingreso a la provincia provocó la aparición de casos positivos por contagio estrecho en Orán, provincia de Salta.

Otra de las incertidumbres por las cuales atraviesa la provincia era por la vuelta a clases de forma presencial. El Ministerio de Educación de Jujuy adhirió a el programa de Apoyo Escolar “Estamos más cerca” el cual consta de cuatro fases, donde la primera apunta a escuelas con albergue en el interior y la ultima establece la vuelta a clases en instituciones de zona urbana, de vulnerabilidad media y baja, desde el 13 de julio con la modalidad de un 1 día cada grado.

Esta medida despertó el repudio de los docentes autoconvocados los cuales se manifestaron el 16 de junio en las puertas de la legislatura a la espera de poder reunirse con diputados de la Comisión de Educación, para denunciar los reclamos pendientes y que no están dadas las condiciones mínimas para la vuelta a clases.

En un cuadro donde a nivel nacional el gobierno no ha podido garantizar las condiciones necesarias para que los trabajadores puedan mantener la cuarentena y muchos quedaron fuera del misero IFE, la vuelta a fase 1 significará, por una parte, mayores atropellos por parte de la policía de Morales hacia las poblaciones que viven el día a día para poder conseguir el sustento para sus familias, y por otra, un mayor empobrecimiento de la población.

Mientras el pacto de la CGT-UIA-Gobierno busca perpetuar las reducciones salariales en nombre de una caída en la producción el Partido Obrero les propone a todos los trabajadores formales e informales, ocupados y desocupados, impulsar la lucha por un impuesto progresivo a las grandes fortunas para invertirlo en puestos de trabajo, en salud, vivienda y la conformación de un seguro al parado de $30.000.