El gobierno provincial debería haber convocado en junio a una nueva reunión paritaria de los profesionales de la salud encuadrados en la ley 10.471, tal como había sido comprometido como condición al firmarse con Cicop el acuerdo salarial del 18 de abril pasado, cuando se eliminó la cláusula gatillo. Sin embargo no hay noticias al respecto, como tampoco las hay del cobro del bono estímulo para un sector a lxs trabajadores de atención primaria y un sector importante de trabajadores de hospitales municipales, que el gobierno se había comprometido a universalizar en el sector.

La inflación de abril y mayo, que tuvo un salto del 3%, acaba de poner en la línea de pobreza el salario inicial de bolsillo de un médico ingresante de planta de $42.414. Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, ha anunciado que la provincia no está en condiciones de afrontar aumentos de salario y que ya han tenido dificultades para cubrir los aguinaldos que han sido fraccionados.

Otro compromiso que no cumplió es el del suministro de insumos y equipos de protección personal necesarios, lo que tiene como consecuencia la infección de 2.000 trabajadores en la provincia de Buenos Aires. En el Gran La Plata el porcentaje de infectados llega al 30% y algunos casos han terminado en fallecimientos que se podían haber evitado, como el caso de María Esther Ledesma, que era población de riesgo pero no le otorgaron licencia.

Con el personal actual no se llega a cubrir la cuarta parte de las dotaciones básicas hospitalarias y quienes han ingresado entre los meses de marzo y abril para reforzar la primera fila contra la pandemia todavía no han cobrado sus salarios. Este abandono del sistema de salud pública puede derivar en la extensión forzada de las jornadas laborales, como sucede en la mayoría de los países donde la pandemia ha impactado de forma profunda, cuando ya varios sectores padecen el pluriempleo.

La situación de las y los profesionales de la salud pública es una de las caras de la situación del sistema de salud público, que desde el comienzo de la cuarentena no ha cambiado demasiado. Luego de 100 días de cuarentena, sin haber llegado al pico de la curva de contagios, el sistema esté al borde del colapso. Mientras se acumulan récords de contagios y disminuyen los días promedio de duplicación de casos positivos (a 14 días en la provincia de Buenos Aires), las unidades de terapia intensiva del sistema de salud público del Área Metropolitana se encuentran al 60% de su ocupación, teniendo en cuenta que los hospitales públicos normalmente no dan abasto en época invernal a causa de las enfermedades respiratorias comunes. La vuelta, tardía, a una fase 1 trucha, es una muestra de que los recursos nacionales no han sido puestos en el sistema de salud público.

El gobernador Kicillof, a contramano de las necesidades del pueblo bonaerense, sí ha anunciado un plan de rescate para los monopolios de la salud privada destinando más de 400 millones mensuales de la caja del Ioma y 45 millones mensuales más por aumento de prestaciones. Este saqueo, con la complicidad de las burocracias sindicales de Suteba, Upcn y ATE, profundiza el vaciamiento de la obra social de las y los trabajadores docentes y estatales de la provincia, que tiene como responsables tanto a este gobierno como a sus antecesores de Vidal y Scioli. La contracara son los fallecimientos y padecimientos de pacientes afiliados con enfermedades potencialmente mortales abandonados que no reciben la medicación o atención médica a tiempo.

Para responder a esta crisis habría que proceder de manera urgente a la centralización del sistema sanitario público, privado y de obras sociales, bajo control de los trabajadores, para disponer de todas las instalaciones de salud hacia una planificación racional que responda a la emergencia sanitaria.

Con este panorama la conducción de Cicop no ha hecho nada por la reapertura de la paritaria. La única “jornada nacional de lucha” del 10 de junio pasó completamente desapercibida, porque no fue organizada entre las bases. La complicidad de las direcciones sindicales de salud, sumando ATE y Salud Pública, con la política ajustadora del gobierno se puede ver en el rol que juegan en los comités de crisis (compuestos también por funcionarios del gobierno y las direcciones de los hospitales), donde continúan convalidando protocolos que fracasan porque se limitan a administrar la miseria de EPP que no alcanzan para el conjunto de las y los trabajadores.

Desde Tribuna de Salud planteamos que Cicop y ATE deben convocar a un plan de lucha unificado en defensa de la salud pública y de la vida de los trabajadores, en reclamo por la reapertura de las paritarias, por un salario inicial igual a la canasta familiar hoy en 66.000 pesos, con sus escalafones correspondientes, el pago inmediato a los becarios y su pase a planta permanente, el pase a carrera hospitalaria de los residentes, además de la apertura de vacantes para se cubran todos los cargos necesarios para poder cubrir la demanda que plantea la crisis sanitaria.

Impulsamos la conformación de comités de higiene y seguridad de los propios trabajadores, que verifiquen el cumplimiento de los protocolos, la entrega de los EPP, las licencias al personal en grupo de riesgo, los testeos y las cohortes para evitar la propagación de contagios, cuidar a las y los trabajadores y evitar el cierre de áreas en los centros de salud.