A dos semanas de haberse confirmado el rescate oficial a los capitalistas de la salud privada de la provincia de Buenos Aires, el paquetazo de Kicillof está generando un terremoto político y una fuerte disputa por los 410 millones de pesos mensuales, que saldrán de las arcas de IOMA, la obra social de estatales, judiciales, trabajadores de la salud y docentes bonaerenses.

Como hemos informado oportunamente en Prensa Obrera, el presidente de IOMA, Homero Giles, firmó un convenio con las cámaras patronales Fecliva y Aacliba para subsidiar a tasa cero a los establecimientos privados de salud mientras dure la pandemia. Este convenio incluye un aumento del 7% (retroactivo a marzo) de los bonos para los afiliados y un pago especial a los sanatorios y clínicas por la cobertura de pacientes con Covid-19. Las direcciones sindicales kirchneristas y sus “CTAs” han declarado públicamente el apoyo a este rescate empresarial, solo que piden que se financie con recursos del Tesoro provincial y no de IOMA.

Con mucho retraso, la dirección de Suteba provincia, que tiene un representante gremial en el directorio de la obra social, difundió un comunicado donde “comparte la necesidad de contribuir al funcionamiento de los prestadores privados en la emergencia sanitaria” El comunicado, firmado por el “Consejo Consultivo Gremial”, califica al convenio suscrito con las cámaras patronales de la salud como un avance sobre los derechos de los trabajadores, pero omite toda referencia a Kicillof y evita convocar a un plan de acción que los indisponga con el “gobierno amigo”. Las quejas de los burócratas son puro palabrerío para encubrir su complicidad con el ajuste“nacional y popular”.

Las patronales amenazan con despidos y chantajean al gobierno con el faltante de camas para hacer frente al crecimiento de contagios. El crédito blando por 410 millones de pesos mensuales, que tiene pocas expectativas de devolución, está provocando todo tipo de disputas para dirimir cómo, cuándo y quiénes de los 190 establecimientos sanitarios privados de la provincia serán los beneficiarios. Estos centros están mayormente concentrados en un puñado de poderosos grupos empresarios, y como ocurre con toda crisis el resultado final será una mayor concentración del capital.

El choque entre las patronales se reproduce a escala ampliada en las cámaras empresarias de Fecliva y Acliba, que responden a distintos grupos de la salud privada. Según sectores de Fecliva, Kicillof y Giles estarían negociando con Raúl Tassi de Acliba la adquisición parcial o total del Instituto del Diagnóstico de La Plata, en lo que tiene toda la pinta de un salvataje oneroso para el Estado. Tassi, propietario de los grandes sanatorios y clínicas de la capital bonaerense creció de la nada y exponencialmente bajo el kirchnerismo y siguió lucrando con Vidal, y tiene denuncias en su contra por negocios fraudulentos con IOMA.

El vaciamiento de la obra social de dos millones de bonaerenses deja al desnudo un entramado de corrupción, coimas, sobreprecios, facturas truchas y prestaciones fantasmas que comprometen a los grandes prestadores de la salud privada, a las burocracias sindicales (especialmente UPCN, de fuertes vínculos con Raúl Tassi) y los sucesivos directorios de IOMA que hicieron la vista gorda. Mientras entrega los fondos del IOMA, Homero Giles acusa a la Agremiación Médica Platense (AMP) de corresponsabilidad en el fraude cometido por médicos de esa agremiación con un costo para la obra social de ocho millones de pesos por prestaciones no realizadas y facturas falsificadas en el mes de marzo. Con esta estafa también se habría beneficiado la AMP por mayores ingresos en concepto de administración. Desde la Agremiación alegan que las denuncias serían una cortina de humo para ocultar que el gobierno de Kicillof buscaría quedarse con los establecimientos en quiebra y dar vía libre a la “pamización” de IOMA con la eliminación de la libre elección de los médicos.

El correlato de este vaciamiento es la situación desesperante que atraviesan los afiliados que no pueden acceder a medicamentos para enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos, VIH, diabetes, parkinson, esclerosis múltiple, hepatitis, entre otras patologías. Para muchos pacientes el vaciamiento de la obra social implica riesgo directo de vida, como denunció la Comisión de Familiares, Trabajadores y Afiliados a IOMA que se movilizó el martes 23 a la Casa de Gobierno para reclamar justicia por Gabriela Ciufarella y todas las víctimas del abandono estatal.

Con los 410 millones de pesos mensuales aportados compulsivamente por IOMA el gobierno “legaliza” la transferencia de estos recursos, que provienen de los aportes de los trabajadores, para financiar su política de rescate estatal de las privadas. El zarpazo sobre estos fondos es -al igual que sucede con el intento de avanzar sobre el IPS– una garantía en la mesa de negociación de la deuda provincial, que acaba de volver a postergarse preanunciando nuevos recules del gobierno cuando ya reconoció casi la totalidad del capital, mayores intereses y reducción de los plazos de pago. Kicillof necesita concretar la reestructuración de los 7.148 millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera para avanzar con su plan de tomar nueva deuda por 500 millones de dólares y 20.000 millones de pesos.

El “Consejo Consultivo Gremial” detrás del cual se esconde la conducción de Roberto Baradel no se da por aludido por el aumento de los aranceles que pagarán los afiliados. No hay ahorro propio de IOMA sino un nuevo golpe al salario, cuando las paritarias están congeladas y el aguinaldo se pagará fraccionado. Suteba provincia ladra pero no muerde, y en los hechos apoya esta operación privatista que pagarán los trabajadores. El secretario general de Suteba La Plata confirmó este apoyo en un reportaje a la revista La Tecla, al decir que “no fue un préstamo sino una ayuda financiera con la intención de evitar que cierren las clínicas y garantizar esas 1.500 camas de terapia”. La burocracia celeste es funcional a la extorsión de los capitalistas.

Una vez más la cuestión de fondo es qué clase social paga la crisis. La inminencia de un colapso sanitario, cuando la provincia superó los 20.000 contagios de coronavirus, requiere de la centralización de todos los recursos sanitarios, públicos y privados, bajo control de los trabajadores de la salud, al servicio de la lucha contra la pandemia; que se abran los libros de los establecimientos privados, ningún despido y pago íntegro de los salarios; el pago de la deuda que mantiene IOMA con los acompañantes terapéuticos y otros trabajadores precarizados de la salud, y que la obra social sea dirigida por los trabajadores. No al pago de la deuda externa.