El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el pasado viernes un “reajuste” en la cifra total de datos por fallecidos por Covid-19, reconociendo unas 3.523 nuevas víctimas fatales y llevando a la provincia a unas 12.668, al día de hoy.

La anunciada “recategorización de datos” es el resultado de integrar tres registros paralelos de información: el Sistema Integrado de Información Sanitaria (Sisa), el Sistema de Gestión de Camas (Sigec) y el Registro de las Personas (RPP). Hasta ahora, la Provincia solo tenía en cuenta las cifras reunidas por el Sisa.

El desfasaje de los números es atribuido a varias razones, todas las que contribuyen a pensar que la cuestión subyacente es la falta de un verdadero sistema centralizado de salud que establezca un seguimiento riguroso de los datos. Lo que tenemos hasta ahora sería una especie de puzzle sanitario, donde se mezcla el falseo de la información de origen con una sobreexplotación del personal sanitario.

Resulta que el 60% de los datos que ahora se han actualizado proviene del sector privado, mientras que el 40% restante es del sector público con primacía en los desfinanciados hospitales municipales (59% del público).

Uno de los problemas más frecuentes es que las clínicas privadas no actualizan “a tiempo” la información de los casos que fueron confirmados por Covid post mortem. La actualización de los datos depende de los prestadores médicos (clínicas, consultorios, hospitales), según los parámetros que establece el Estado a través de su regulación, pero con escaso control.

Si bien las clínicas y los centros de salud tienen la obligación de cargar los datos en las 12 horas de conocido el descenso, esto nunca ocurre. Una de las razones es que la tarea recae en los mismos profesionales médicos que se encuentran saturados por la emergencia sanitaria. La “falla” estadística sería, en el mejor de los casos, resultado de la precarización laboral de los trabajadores de la salud.

No aclaren que oscurecen

El dato importante es que el reconocimiento de la provincia de Buenos Aires ha servido para echar luz sobre el desbarajuste del sistema sanitario nacional. Es que si el resto de las provincias intentaran imitar el cruzamiento de datos realizado en Buenos Aires esto resultaría en una vana tarea, ya que carecen de los registros necesarios para tal fin.

Los funcionarios reconocen entonces que la cifra de muertes en todo el país podría ser ostensiblemente superior pero que nunca lo sabremos. El interrogante entonces es ¿cómo piensa actuar un gobierno que procede a ciegas?

La actualización de datos de la provincia ha hecho saltar los números de fallecidos por Covid por arriba de los 18.000 casos, llevando a la Argentina al puesto n° 13 en la cantidad de muertes, superado a Sudáfrica y pisándole los talones a Rusia. En cantidad de contagios el país se ubica en el puesto n° 9. Estos números dan por tierras las alentadoras “filminas” del presidente Alberto Fernández y son quizás la razón de que en los últimos anuncios haya evitado el formato de conferencia de prensa.

Estas estadísticas también han sido utilizadas por los medios patronales para atacar la “cuarentena”, calificandola de un paliativo sin resultados. Sin embargo, ocultan que la cuarentena “dura” fue saboteada por las patronales y el gobierno desde el día uno, convirtiendo a los lugares de trabajo en centros de circulación y distribución del virus en todo el país.

La actualización disruptiva de los datos es solo una manifestación de que el sistema sanitario no se encuentra preparado para enfrentar esta pandemia: por un lado pesa la precarización laboral y el lucro detrás del sector privado y por el otro la desfinanciación y el vaciamiento del sector público. La situación requiere de una centralización del conjunto del sistema sanitario (público, privado, obras sociales y universidades), por parte del Estado y bajo el control de especialistas y trabajadores, para poner todos los recursos sanitarios y la información detrás del combate contra la pandemia.

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