La crisis de la salud pública bonaerense, a la luz de la pandemia

La última semana varios medios de comunicación difundieron la noticia de que llegarían al país unos 500 médicos desde Cuba a trabajar en la provincia de Buenos Aires. Estos serían en su mayoría emergentólogos y terapistas, que arribarían en los primeros días del mes de abril.

Si bien esto fue puesta en duda por el Ministerio de Salud de la provincia, desde donde aseguraron que “se van a citar sólo si no se cubre la demanda” (La Nación, 25/10), lo cierto es que pone sobre la mesa los innumerables déficits del sistema de salud pública bonaerense y las críticas consecuencias que podría tener su colapso.

El personal de salud sufre problemas que no son para nada nuevos. Los propios intendentes testificaron hace días en una reunión que tuvieron con Fernández y Kicillof en la quinta de Olivos, uno de ellos testificó que buena parte de los profesionales de la provincia se iban a trabajar a Capital Federal porque allí a paga es mayor. Un residente en la provincia de Buenos Aires cobra alrededor de 35.000 pesos, muy por debajo de la canasta familiar.

Ante este cuadro salarial, salta a la vista lo escaso del bono anunciado por el gobierno nacional de 20.000 pesos en cuatro cuotas (5.000 por mes), frente a la exposición y al aumento de tareas para los trabajadores de la salud. Además, estos plus están atados al presentismo, por lo que si un trabajador se contagia no cobrará las cuotas de los meses siguientes.

Esto está en sintonía con el desfinanciamiento y el vaciamiento que el sistema de salud. El Presupuesto de 2019 llevó adelante una reducción del 6,3% al 5,5% en la cartera de salud. Esa partida es la que hoy fue prorrogada por Kicillof, devaluada tras un 55% de inflación.

Las consecuencias de la desinversión en los centros de salud son la falta de insumos, la carencia de elementos de protección personal y la escasa capacidad de internación. En los hospitales faltan cosas tan básicas gasas, guantes, hisopos. Son muy pocos los lugares donde hay resonadores. En el Hospital Evita de Lanús hay quirófanos enteros que están inhabilitados, y solamente hay disponibles 16 camas de terapia intensiva y 10 respiradores.

En el Hospital de Pacheco, en Tigre, hay una cama cada 1.000 habitantes, y en el San Cayetano de San Fernando hay una cada 2.000, cuando según la Organización Mundial de la Salud lo necesario serían siete camas cada 1.000 habitantes.

La problemática de infraestructura también es grave, con establecimientos enteros que se caen a pedazos, como sucede en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Incluso en el Posadas, que depende de la Nación, carecen de paredes que permitan el aislamiento entre los pacientes con coronavirus.

La falta de profesionales para enfrentar la pandemia, como ya hemos mencionado, es otro de los problemas. El Hospital Evita se redujo la planta durante el último año en 130 profesionales, y ahora los trabajadores no dan abasto. Además, desde hace años que avanza la precarización laboral bajo la figura del “becario” y las contrataciones en calidad de monotributistas. En algunos establecimientos, a su vez, no se cumple con las licencias correspondientes para aquellos que formen parte de los grupos de riesgo.

El avance del covid-19 amerita una partida presupuestaria de emergencia para el sistema de salud de la provincia, destinada a la compra de insumos, de equipamiento, la incorporación de personal, la solución a los problemas edilicios y el aumento de la capacidad de internación. Se requiere, a su vez, de un comando único de salud, para todo el país, que permita incorporar los recursos de los sanatorios y las clínicas privadas.

Para ello, el presupuesto provincial debería dejar de consumirse en el pago de la deuda, como hizo Kicillof cuando pagó al contado 277 millones de dólares. Lo mismo vale para el gobierno nacional, que ya pagó este año más de 150.000 millones de pesos de la deuda local, pero solo destinó al momento una partida de emergencia sanitaria de 1.700 millones (un 4% de lo asignado en 2019.

Es una pelea vital para los trabajadores de la salud y de todas las familias trabajadoras bonaerenses.