La desprotección de la población con discapacidad en Argentina se agravó

Recientes estadísticas sacan a la luz las penurias económicas que atraviesan las personas en situación de discapacidad. El mismo fue elaborado desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de un equipo investigador del Instituto de Investigaciones Clínicas y Epidemiológicas (INICyE) que realizó una encuesta nacional. El relevamiento permitió saber que un tercio de las personas en situación de discapacidad en el país carece de la asistencia necesaria de trabajadores del cuidado. Las cifras toman como base a 309 personas encuestadas y provenientes de 18 provincias argentinas durante abril del corriente año.

El mencionado estudio fue hecho con la intención de verificar si las recomendaciones sobre personas en situación de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estaban cumpliendo en el país. El resultado fue más que desalentador.

La citada encuesta también concluyó que un 20% de las personas en situación de discapacidad transita el confinamiento sin realizar actividades educativas o terapéuticas. En este marco, hay un dato aún más alarmante: solo un 46% tiene suficientes ingresos para garantizarse los recursos básicos. Es decir que más de la mitad de la población discapacitada padece profundos problemas económicos; y un 70,9% dice no haber recibido los apoyos anunciados por el gobierno para los sectores que pueden verse más afectados por el aislamiento.

La situación del sector se agrava a sabiendas que les prestadores que brindan la asistencia a las personas con discapacidad son uno de los sectores más precarizados dentro del sistema de salud. Las prestaciones de los pacientes con Certificado Único de Discapacidad (CUD) son autorizadas anualmente por las obras sociales en un “paquete de prestaciones” que se brindan ya sea en centros terapéuticos, centros de día o categorizados, consultorios o en domicilio.

Estas prestaciones se abonan en general mediante el mecanismo de integración del Fondo de Redistribución que administra la Superintendencia de Servicios de Salud. Les trabajadores que brindan las prestaciones se han puesto la teleasistencia al hombro en la mayoría de los casos. En otros, han continuado las visitas domiciliarias sin que ni la obra social, ni el Estado ni nadie, les garanticen las medidas de seguridad; es decir, se han provisto a sí mismos de los elementos para poder seguir asistiendo a sus pacientes.

La mayoría de los prestadores son monotribustistas, a los cuales la pandemia golpeo fuertemente ya que en muchos casos han dejado de percibir sus honorarios, debido a que las obras sociales intentan aprovechar el confinamiento para avanzar en un ajuste, recortando las ya menguadas prestaciones que reciben les pacientes. Cabe remarcar que la burocracia sindical maneja las cajas de las obras sociales a discreción.

Un capítulo aparte merecen las prepagas, a quienes la Superintendencia de Servicios de Salud deja en libertad de acción mediante las ambiguas resoluciones que viene publicando, en las que plantea que se cubrirán los tratamientos autorizados pero mediante la presentación de la documentación correspondiente; han llegado a pedir fotos y grabaciones de las prestaciones, violando el derecho a la privacidad de les pacientes, entre otros.

La población en situación de discapacidad, hoy padece de un modo más pronunciado la crisis económica y sanitaria por ser parte de la población de riesgo. La falta de cuidadores  -trabajadores que brindan un servicio esencial para estas personas- entre otras carencias, se enmarca en la precarizacion y mercantilización en la que se encuentran en general les trabajadores de salud.

El Estado, por medio de la Superintendencia de Servicio de Salud, ha avanzado en un recorte del área, negándose a pagar la totalidad y recortando las prestaciones, y poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos que prestan profesionales de la salud de distintas disciplinas.

La falta de presupuesto y las pésimas condiciones laborales son elementos que agravan el mismo fenómeno y que se desprenden de la misma raíz: un Estado que prioriza los negociados usurarios de una deuda externa ilegítima antes que volcar masivamente los recursos a la emergencia sanitaria.

El contexto que padecen les personas en situación de discapacidad, un sector sumamente vulnerable, es el de vivir bajo un sistema que aún le arroja una enorme parte de responsabilidad de los cuidados personales a sus propios familiares y allegados para que realicen un trabajo gratuito, cuando las condiciones actuales de desarrollo productivo permitirían socializar en gran escala las tareas de cuidado de un modo profesional.

Sin embargo, al mismo tiempo que le echan a las familias este peso de responsabilidad, impulsan la flexibilización de la cuarentena impidiéndoles a las familias de la clase trabajadora, que se ven obligados a asistir a sus labores cotidianas, desarrollar la tarea que se le obliga a cargar sobre sus hombros.

Frente a este sistema de salud vaciado, las y los trabajadores de la salud se vienen movilizando. Corresponde darles un apoyo de conjunto. Las acciones de protesta que vienen impulsando tanto Prestadorxs Precarizadxs -que van a una asamblea nacional el próximo sábado 13 de junio- como las que realizarán los trabajadores de la salud a lo largo y ancho del país el día miércoles 10 de junio y luego el 16, en conjunto con todo el movimiento obrero, dentro del sindicalismo combativo y antiburocrático, son claves para confluir en todos estos reclamos.