Cristina Fernández de Kirchner volvió a colocar en el centro de la escena la organización del sistema sanitario. Fue en La Plata, en un acto junto a Axel Kicillof, donde afirmó que “vamos a tener que repensar todo el sistema de salud”. No es la primera vez que dice algo así. Seis meses atrás, la vicepresidenta llamó a “ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”. Al igual que en aquel entonces, las declaraciones se dan en medio del conflicto con las prepagas por el aumento de las cuotas. Estas presentaron hoy un recurso legal para que se les permita avanzar con las subas.

En esta oportunidad, la expresidenta planteó que, “de hecho”, el sistema de salud ya está centralizado, ya que los pacientes “van de lo privado a lo público y de lo público a lo privado”. Por su parte, la ministra de Salud Carla Vizzotti admitió “estar trabajando” en un plan para cambiar la atención del servicio de salud. Al inicio de la pandemia, el exministro Ginés Gonzalez García amagó con algo similar, pero, ante el contundente rechazo de los privados, rápidamente volvió para atrás y nunca más se tocó el punto.

El parasitismo del sector privado de salud

Lo cierto es que el sistema público absorbió la mayoría de la carga durante la pandemia, ya que los centros de salud privados colapsaron incluso más rápido que los primeros, mientras continuaron cobrando las sustanciales cuotas de los afiliados, a lo que se sumaron los beneficios recibidos por el Estado. En este sentido, según el propio gobierno, durante el 2020 se les otorgó importantes ayudas que suman unos $100.000 millones entre asistencias fiscales y el programa ATP. Ahora cuentan con el programa Repro II, al cual pueden acceder sin siquiera presentar un balance financiero que justifique el recibirlo. También se les otorgó la exención de los aportes patronales (extendido hasta hoy en día) y, finalmente, la suba del 10% en las cuotas en el verano de 2021.

Es importante mencionar que los privados sufrieron un significativo éxodo de afiliados al sistema público debido a la imposibilidad de estos de pagar las exuberantes cuotas. Otros tantos decidieron bajar de plan o pasar a una obra social. La crisis económica y la galopante inflación obligó a que la población tenga que elegir entre los servicios más elementales, como la comida, y aquellos que quizás podía rescindir. Esa presión que se liberó en las prepagas se convirtió en un agravamiento del colapso del sector público, que comenzó a recibir mucho más del 30% de la población que por lo general lo utiliza.

A la luz de los hechos, es evidente que el Estado está subsidiando a los capitalistas de la salud por dos lados. Por un lado, mediante beneficios de todo tipo y color y aprobando la suba en las cuotas. En segundo lugar, permitiendo que el sistema de salud acepte la mayor parte de la carga ante la imposibilidad del privado de hacerlo, mientras estos continuaron su lucro con la salud de la población y aprovecharon las circunstancias para vaciar servicios enteros y cerrar al menos 10 clínicas y sanatorios privados. Es el caso de la Clínica San Andrés, un centro de salud vaciado por la patronal y cerrado definitivamente en marzo de 2021, en plena pandemia.

Otra forma de financiamiento importante surge directamente del aporte de los trabajadores. Sucede que las obras sociales, financiadas con los aportes de sus afiliados, tercerizan la atención y desvían una parte de los fondos al pago del servicio privado. De esta manera, las prepagas reciben capitas de los sectores de trabajadores que, por lo general, tienen menos condiciones de enfermarse, ya que son población activa. En cambio, a la población mayor se les da una tarifa diferencial. Así se garantizan la entrega de servicios reducidos a bajo costo y con una importante ganancia, mientras que a quienes requieren mayores prestaciones se les cobra más.

En este marco, la “integración” planteada por CFK no es más que un salvataje público de un sector capitalista que advierte que está en rojo y chantajea con suspender las paritarias de sus trabajadores y, directamente, “dejar de funcionar”, como declaró Belocopitt, presidente de la Unión de Entidades de Salud y de Swiss Medical.

Por eso el llamado de CFK a “repensar el sistema de salud” es una impostura. Hoy en día el Estado no tiene ningún tipo de control ni conocimiento real de la situación financiera del sector privado, que es lo mínimo necesario para avanzar en una integración. El gobierno toma por cierto que las prepagas están en rojo, pero no hay información acerca de cuánto ingresa a su caja, de qué manera y cuánto se gasta, ni de cuánto ganan sus trabajadores o los propios directivos y presidentes de las empresas.

Para comenzar a discutir la centralización del sistema de salud, medida más que necesaria para garantizar el acceso de toda la población al sistema sanitario, se necesita la apertura de los libros contables de cada empresa, clínica, sanatorio y centro de salud del sector público y privado, de manera que los trabajadores tengamos herramientas para decidir de qué manera se debe organizar el sistema en nuestro país. Esta debe darse bajo control y discusión obrera, y no bajo quienes hasta hoy le han sacado el máximo provecho a la pandemia para llenarse los bolsillos.

La recuperación del sistema de salud

Durante su visita al CCK, Vizzotti dijo estar llevando adelante reuniones y estar trabajando “con todas las jurisdicciones y áreas del sector privado, con PAMI y con la Superintendencia de Servicios de Salud, no solo para generar acciones preventivas sino para fortalecer el acceso a la salud en un momento donde el financiamiento del sistema de salud está en un momento crítico”. La realidad es que el ahogo del sistema sanitario se vio profundizado durante el 2021, que incluyó el recorte del 10% del presupuesto para el sector y la reducción del dinero destinado para afrontar la pandemia.

En este sentido, el gobierno busca avanzar en un mayor manejo de las cajas de las obras sociales, histórico objeto de confiscación. Estas atienden a millones de trabajadores, a los que cada vez le ofrecen menos prestaciones y servicios, y son maniatadas por las direcciones burocráticas de los sindicatos que establecen contratos con privados y tercerizan la atención en detrimento de su calidad. Con esto en mente, el gobierno amenaza con la integración porque les da un elemento más para negociar el control de las cajas de las obras sociales. Es la solución que encuentra para ganar la pulseada por el manejo de las cuentas.

Una de las cuestiones que se modificarían sería el sistema de reintegro, que en lo que va del año le dio a las obras sociales un total de $7.564 millones en concepto de tratamientos prolongados y costosos, transferencias hechas desde la Superintendencia de Servicios de Salud. Este Fondo de Redistribución no se financia directamente desde el Estado, sino a partir de aportes y contribuciones de los trabajadores. Es un sistema que fue modificado en tres oportunidades desde marzo de 2020 de acuerdo a las presiones que ejercieron los sectores involucrados, el gobierno y las direcciones de las obras sociales, y los distintos ajustes que tuvieron que aplicar conforme al momento de la pandemia.

Sea como sea, ninguna de esas modificaciones tocó el problema de fondo, es decir que las discusiones se dan hacia el interior de dos castas políticas que no abogan para que los trabajadores tengan acceso a los servicios elementales de salud y la búsqueda de una mejora constante en la atención. Estas se dan, en general, excluyendo a la clase obrera y sin reconocerlo como actor central que participa tanto en brindar ese servicio como en recibirlo.

Las burocracias de las obras sociales así como los directivos de las prepagas denuncian que el Estado busca desfinanciarlas para luego estatizarlas. Lejos de eso, el Estado les dio rienda suelta para manejar sus cajas a gusto sin dar ninguna explicación de por qué el servicio de salud empeora año tras año y los salarios de los trabajadores cada vez son más ajustados. Eso no significa que no se las haya desfinanciado, pero lo cierto es que los responsables de eso son las direcciones de los tres sistemas de salud.

Una centralización de la mano de los privados y de las burocracias entregadoras nunca garantizará la atención que los trabajadores necesitan en este momento histórico, porque se dará entre quienes han vaciado la salud en su conjunto y han profundizado la privatización del sector público. La clase obrera es la que debe sentar las nuevas bases de la integración del sistema sanitario. Esta discusión no exime de la necesidad de reforzar el sistema en términos presupuestarios y de completarlo con una serie de medidas de cuidado, como los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo bajo control obrero o el aumento de la frecuencia de los transportes, para hacerle frente a la pandemia.

 

https://prensaobrera.com/salud/las-prepagas-avanzan-en-el-aumento-de-las-cuotas/

https://prensaobrera.com/sindicales/salud-privada-las-patronales-buscan-ajustar/