Transitando cerca de cuatro meses desde la detección de los primeros casos positivos de Covid-19 en Argentina, la propagación del virus no ha cesado. Focalizado el núcleo de transmisión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), el crecimiento de casos en esta parte del país ha sido sostenido de forma paulatina en las primeras semanas y con saltos de un 50% en los últimos días.

Las cifras oficiales en La Matanza, al día martes 7 de julio, mostraban 6.288 casos confirmados dentro de los 42.619 registrados en la provincia de Buenos Aires. Del conjunto de estas 6.288 personas con Covid-19, 4.987 casos, es decir, casi el 90% afecta a una franja etaria de entre 20 y 60 años. Estamos hablando de la población económicamente activa. Este dato no es menor dado que trabajadores de diferentes actividades comerciales e industriales vienen denunciando la falta de rigor en los protocolos de salud establecidos. Coto de Ramos Mejía, Walmart de La Tablada, Acindar en San Justo, el ferrocarril Sarmiento, líneas de colectivos de empresas como La Cabaña y Quirno Costa de la línea 103 y la gráfica Interpack (donde hubo un caso y solo se aisló al infectado), por nombrar algunos ejemplos.

Al mismo tiempo, aunque el “trío de los anuncios” de Fernández, Kicillof y Larreta haya planteado la vuelta a la fase 1, en su última conferencia de prensa, nos encontramos en una especie de pseudocuarentena, dado que los empresarios siguen siendo autorizados en actividades dudosamente esenciales, poniendo en riesgo, justamente, a la población económicamente activa, de forma directa y a la población de mayor edad, de forma indirecta.

Alberto Fernández y Axel Kicillof exceptuaron de la cuarentena “rígida” a 2.500 empresas no esenciales, la gran mayoría del territorio bonaerense. Esta flexibilización en defensa de los intereses capitalistas y con la colaboración de una burocracia sindical cómplice que “se acuerda” de los protocolos de seguridad e higiene solamente allí donde presionan y actúan los trabajadores, explica la multiplicación de los infectados en la clase obrera. Por otro lado, la miseria social, exponencialmente acentuada en estos cuatro meses, empuja a una masa de la población a romper la cuarentena para sobrevivir.

En cuanto a los fallecidos a causa del Covid-19 se han llegado a registrar 810 decesos a nivel provincial y 89 personas en el distrito. Al recorrer las estadísticas oficiales se puede observar que si bien a nivel provincial se forma una curva etaria progresiva afectando en más de 60% a personas mayores de 70 años, sin embargo, en La Matanza la situación es diferente. En nuestro distrito se observa que en cuanto a los decesos en la misma franja etaria (más de 70 años) el porcentaje baja a poco más de 50%. Esto significa que, a diferencia del impacto a nivel provincial, en el distrito los fallecidos por Covid-19 son un poco más de 50% mayores de 70 años pero otro porcentaje muy importante, cerca del 40%, afecta a una franja etaria que ronda los 40 y 70 años. Esto puede obedecer a distintos factores, uno de ellos el estado de salud general e integral de la población matancera, que tiene que enfrentar la afección de este virus entre otros riesgos y enfermedades previas a la pandemia.

Ante un sistema de salud deficiente, como el que caracteriza al distrito, el cual no fue efectivamente preparado desde que se declaró la pandemia, más una población que viene padeciendo distintos factores que deterioran la salud, todo confluye en un panorama crítico para el conjunto de los trabajadores de La Matanza.

De esta manera, la cantidad diaria de infectados y la proyección exponencial en el Gran Buenos Aires más una situación económica de mayor pauperización y hambre, se entrelazan para constituir una catástrofe social para los trabajadores. Es una tarea de la hora la puesta en pie de las comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y barrios bajo el control de representaciones de la clase obrera para elaborar y hacer cumplir los protocolos de protección. Los comités de crisis, bajo la batuta del gobierno y las intendencias, han demostrado ser apéndices de una política al servicio del capital y para que la clase obrera pague la crisis. Centralización del sistema de salud, por un plan único de salud y combate de la pandemia bajo control de los trabajadores. Basta de subsidiar al capital privado de salud.

Asimismo, desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda proponemos la suspensión inmediata del pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta –que esta semana ha tenido una “mejora” de U$S 15.000 millones para los bonistas-, y reclamamos la aprobación del proyecto de impuestos a las grandes rentas fortunas presentado por el FIT, como medidas de primer orden para destinar esos recursos a equipar el sistema sanitario, recomponer el sueldo del conjunto de los trabajadores de salud, la incorporación de más personal y garantizar el “#Quedateencasa” con un IFE de $30.000 para los trabajadores ocupados y desocupados inscriptos.

 

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