La motosierra del gobierno pone en riesgo directamente la vida de la población. Milei le quita fondos a la salud pública para dárselos a los acreedores de deuda, en un acto verdaderamente criminal. Lejos de afectar a la casta, su ajuste se centra en los hospitales sobre los cuales recae la atención sanitaria de los sectores más vulnerables.

Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en base a datos oficiales, el rubro salud representó apenas el 2% de la ejecución presupuestaria efectivamente pagada (base caja) por parte la Administración Pública Nacional en el primer bimestre del año. En contraste, el pago de intereses de deuda pública insumió el  48% de la misma. Así las cosas, la banca se llena los bolsillos con retornos usurarios a expensas de la salud pública.

El desfinanciamiento se ve con claridad en los hospitales. Por un lado, la variación interanual de la ejecución presupuestaria devengada en el primer bimestre del año para el Hospital Bonaparte sufrió un retroceso del 19%, en términos reales. Se trata de un hospital especializado en salud mental y consumos problemáticos, con lo que esta licuación presupuestaria dificultará aún más el acceso de la población a tratamientos psi de manera gratuita. Con el aliciente de que la partida devengada para el Sedronar se redujo 6% real.

La caída fue del 51% para el Hospital Posadas, poniendo en riesgo la atención médica de alta complejidad que allí se realiza. El Instituto Malbrán, por su parte, tuvo una reducción real del 12%. Esto último constituye un ataque a la investigación de enfermedades infecciosas -como la polio, la tuberculosis, la enfermedad de Chagas y las infecciones por arbovirus- a la cual se aboca la institución.

La ejecución devengada para el Ministerio de Salud cayó 40%, afectando a los programas que dependen del mismo como el Remediar (que provee medicamentos gratuitos a los centros de atención primaria), el Programa Nacional de Chagas (que distribuye insumos y reactivos para su diagnóstico y medicamentos para su tratamiento), las cirugías a los niños con cardiopatías congénitas, entre muchos otros. Para la Superintendencia de Servicios y Salud cayó 59%, contribuyendo en el vaciamiento de las obras sociales.

En cuanto a la ejecución base caja destinada a financiar el Instituto Nacional del Cáncer, la caída fue del 17%. La entidad se dedica a promover la investigación sobre el cáncer y capacitar al personal de salud en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Como vemos, la motosierra de Milei en este área es directamente criminal.

A esto se suma la suspensión por parte del Ministerio de Capital Humano de la acciones de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), encargado de entregar medicamentos oncológicos, de enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas a quienes no cuentan con cobertura de salud. También, el ataque a las obras sociales contemplado en el DNU.

Así de desfinanciado, el sistema público de salud deberá recibir a los pacientes que tuvieron que salir de su prepaga por los aumentos siderales, además de soportar el peso de aquellos que están internados a causa del dengue gracias a que no está incluida la vacuna en el calendario gratuito y su precio aumentó 90,11% desde noviembre a la fecha.

A todas luces, los planes de Milei y el FMI se muestran verdaderamente letales para el pueblo. Resulta imperioso derrotarlos y para eso hace falta un nuevo paro nacional y un plan de lucha que se encamine hacia la huelga general. La asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, asambleas barriales y movimiento de la cultura, a realizarse en abril, será un enorme punto de apoyo para organizar la pelea en defensa de la salud pública y por más presupuesto.

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