Las jurisdicciones provinciales están denunciando la interrupción del envío de fondos del programa Incluir Salud, destinado a la cobertura de prestaciones para personas con discapacidad que acceden al subsistema público de salud. La motosierra de Javier Milei llega con recortes contra los sectores más vulnerables y negocios para los capitalistas.

El plan Federal Incluir Salud consta del envío de fondos nacionales para la cobertura de prestaciones (medicamentos, traslados, diálisis, oxígeno, profesionales, enfermería domiciliaria, insumos, etc.) para personas con discapacidad con pensiones no contributivas que acceden al servicio público de salud de cada provincia.

Se trata de alrededor de 500 mil personas afectadas, de las cuales más de la mitad se encuentran en la populosa provincia de Buenos Aires, mientras persisten miles de solicitudes bloqueadas y/o sin respuesta de la administración.

Por esta vía, el gobierno suprime los envíos a las provincias, en la tónica del ajuste fiscal desenvuelto por Milei, afectando a cientos de miles de personas con discapacidad que no cuentan con otros medios para cubrir las prestaciones necesarias para su cuidado.

Este incumplimiento no solo afecta a una porción de las personas más vulnerables de la sociedad, sino que incide negativamente en la pérdida de miles de puestos de trabajo responsables de las prestaciones y tareas comprometidas.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, responsable del programa, señalan que aún se encuentran a término para realizar los desembolsos correspondientes al mes de noviembre, aunque reconocen demoras en la cobertura de los medicamentos, pero las provincias insisten en que lo que está cortado es el pago de las prestaciones, de las cuales tienen un control más directo (Ámbito, 8/1).

En la mayor parte de las jurisdicciones no solo señalan que no cuentan con los fondos propios para suplir la retirada del gobierno nacional sino que Nación adeuda gran parte de las prestaciones ya utilizadas.

El gobierno nacional desenvuelve así su política de ajuste sobre la salud y contra los trabajadores, y aprieta a las provincias para que estas sigan la misma senda de recortes y ajuste fiscal, con gobernadores que luego se valen de esto para imponer paritarias a la baja entre los estatales y ampliar los recortes en otras áreas del gasto público.

El plan motosierra excede a las oficinas nacionales y se extiende por cada jurisdicción, de la mano de los gobernadores e intendentes ajustadores y gerentes de los negocios privados y la pobreza.

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Como contracara de esta orientación, los prestadores privados de la salud (prepagas) vienen incrementando sus cuotas de forma exponencial, volviéndose prohibitivo sustentar una cobertura alternativa por esta vía. Además de que aplican cupos y restricciones –directamente prohibiciones- al acceso de personas con discapacidad a la cobertura.

Esta situación demanda que tanto los pacientes como los profesionales y prestadores se organicen para evitar que el ajuste pase sobre la salud, y que nos e negocio con la salud y el trabajo de los sectores más vulnerables. Esto implica organizarse de forma independiente para intervenir en la agenda política con los reclamos de los trabajadores. Una tarea que tiene como primera cita el paro con movilización del próximo 24 de enero.

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